Sobre las clases medias, el capitalismo se ha sostenido durante décadas y el consenso con ellas es lo que hizo posible el desarrollo del Estado de bienestar y del modelo social europeo. No es tanto que hayan sido muy numerosas, pero han tenido un gran papel en el sentido aspiracional. Mientras funcionaba ciertas posibilidades de ascensor social, todo el mundo pretendía formar parte. Siempre ha sido un concepto algo vago. Depende mucho si se adscribe a ella una determinada población a partir de un nivel de ingresos, o más bien se utiliza para definir una cultura en la que confluyen bienestar material, moderación política, un tipo de actividad laboral ligada a actividades profesionales, comerciales y empresariales y un nivel de propiedad de, al menos, la vivienda habitual. Tampoco es exactamente lo mismo si lo establecemos a partir de datos objetivos, o bien nos remitimos a la adscripción voluntaria. En este sentido, la mayoría de la población occidental, en los años anteriores al desencadenamiento de la crisis económica de 2008, se definía así de forma absolutamente predominante. Prácticamente desnaturalizada la cultura política de izquierdas que había construido sus mitos y referentes con el marxismo, parecía que la adscripción a la «clase trabajadora» hubiera desaparecido. En los discursos políticos, todo el mundo apelaba al voto de unas clases medias consideradas la base material y mental de la sociedad. Se ha valorado en el mundo occidental a este grupo como el paradigma y sostenimiento de la estabilidad económica y política. Fundamental en el aspecto económico, por su acentuada propensión y posibilidad al consumo que les permitía disponer de un cierto nivel de renta. Clave en la política, por su tendencia a optar y bascular en el arco político moderado entre el centroderecha y el centroizquierda, siendo en la práctica quien proporcionaba las mayorías en la alternancia típica europea entre socialdemocracia y conservadurismo.

Con la dinámica de crear desigualdad económica extrema a partir de la globalización, la clase media se fue convirtiendo en un grupo difuso y muy propenso al mal humor. Esto se aceleró con la crisis económica de 2008. La apuesta mundializadora del capitalismo desde hace ya décadas dio lugar a una «revolución de los ricos» que, al perder el miedo a la existencia de un contramodelo que resultara atractivo para en amplias capas de la sociedad, decidieron romper todo consenso social y apostar por el individualismo más puro y duro y evolucionar hacia la sociedad del 1%-99%. Aunque a medio plazo pueda ser una ficción mantener los niveles de demanda con la liquidación de la capacidad adquisitiva de amplias capas de la población occidental, algunos han creído que la disminución de los costes de producción y los bajos precios todavía tienen una cierta carrera por delante, como creen tenerla la nueva y creciente demanda de los sectores emergentes en los países en vías de desarrollo.

La tendencia al laminado progresivo de las clases medias en todos y cada uno de sus niveles parece un proceso imparable, y la premonición que ya hizo el politólogo británico John Gray sobre el hecho de que este grupo social intermedio “es un lujo de que el capitalismo ya no quiere permitirse”, parece que se va cumpliendo. La caída de ingresos salariales y la pérdida de seguridades en relación con el mantenimiento del trabajo son una evidencia en los segmentos medios y altos del mercado laboral, presionados también por el efecto moderador de salarios que provoca la deslocalización. La precariedad -que es laboral, económica y social- es el sentimiento que marca la pauta. Por último, y, probablemente, sea un aspecto especialmente importante, las clases medias en retroceso sufren una presión tributaria importante. Gran parte del ingreso público se sostiene, todavía, sobre lo que queda de ellas, puesto que una parte significativa de los segmentos bajos cotiza mucho menos por efecto del desempleo y de la reducción salarial, y en la medida en que las corporaciones que operan a nivel internacional sean por medio de la elusión o del fraude fiscal, ya hace tiempo que decidieron contribuir sólo de forma simbólica o no contribuir en absoluto. Miedo, incertidumbre y inquietud, en una población que muda hacia el refugio identitario y hacia expresiones políticas descabelladas. Es lo que ocurre siempre que hay procesos de empobrecimiento de los sectores intermedios. Europa ya lo conoce porque lo experimentó en los años treinta. Trump, Brexit, Orban, Salvini, Vox, Zemmour… son expresiones recientes de ello. Refugio en sus extremos, polaridad, fractura social, frustración y violencia verbal. Hemos olvidado que la cultura y la práctica democrática requieren de contención de la desigualdad y de las expectativas de un cierto grado de ascensor social.

Aunque las limitaciones de la pandemia nos contuvieron durante un tiempo, hemos vuelto a entregarnos al movimiento compulsivo. Vivimos en la “edad del turismo”. Si algo define nuestro mundo es la profusión del viaje, el aleteo continuo. Es una actitud. Desplazarse, conocer entornos diferentes, ya no es algo asociado únicamente a las clases dominantes, a las élites, sino que se ha convertido en característica común y transversal de nuestro tiempo. Se ha erigido como derecho inalienable de cualquier segmento social. Hay nichos y precios para todos, para que la democratización de la práctica turística y viajera no signifique la superación de las diferencias de clase, que tampoco es eso.

El nuestro es un mundo caracterizado por el desplazamiento y la aceleración. No siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad los días se sucedían tranquilos, prácticamente idénticos a los anteriores, y los ciclos de la naturaleza y de las estaciones se repetían sin fin. Hasta la revolución industrial y la introducción del ferrocarril, la mayoría de las personas no conocían durante su vida más allá de un entorno inmediato que se proyectaba en pocas leguas. Fuera del territorio propio, reinaba lo desconocido y los temores e inseguridades no respaldaban el espíritu de aventura y la atracción por lo diferente. En el mundo industrial, la ciudad como epicentro del mundo, se activó la novedad y el espíritu del desplazamiento. El mundo se nos aproximaba, se iba allanando, y también se ampliaba su conocimiento. El nuevo nomadismo que nos lleva a tener una pulsión de acción continua y de cambio constante se inicia en la segunda parte del siglo XX, pero llega al paroxismo en las dos décadas del siglo actual. Más que una necesidad inherente a un mundo global, interdependiente e hipercomunicado, se ha establecido como cultura, estado de ánimo, hábito fijado en el comportamiento. Viajamos y nos movemos por trabajo, evidentemente, pero sobre todo porque somos incapaces de establecernos constantemente en ninguna parte. Nuestro entorno habitual se nos cae encima. La maleta de viaje se ha convertido en una extensión de nuestro propio cuerpo, al igual que el smartphone nos hace las funciones de extensión física, de prótesis.

Los motivos que nos inducen al desplazamiento son múltiples y de muy diverso calado, además de superpuestos, e incluso entrando en contradicción. Ocio, vacaciones, descanso, aburrimiento, atracción por el “viaje”, “notengonadaquehacer”, disfrute cultural, tomar fotografías, conocer gente… El viaje adopta, también, múltiples formas: de pareja, familiar, cultivo de la soledad, con amigos, en grupo organizado… Todo esto y mucho más forma parte ya del concepto de turismo, una actividad que nos define como sociedad y que conforma una de las industrias más importantes en múltiples países, con una significación que va más allá del 10% del PIB mundial y que ocupa de forma directa más de 300 millones de trabajadores.

Y es que en el concepto de “turismo” han terminado confluyendo dimensiones de nuestra vida que hasta hace poco tenían perfiles propios y diferenciados. Aunque el purismo elitista sigue diferenciando claramente entre viajar y hacer el turista, en realidad el propio término de turismo proviene de tour, que implica desplazamiento, viaje para solaz, recreo y conocimiento.

Cuando los costes limitaban las posibilidades de ir a otra parte para la mayoría de la población, el viaje era algo imaginado, soñado, estrictamente preparado y que se realizaba, como mucho, una vez al año aprovechando el período de vacaciones. El “viaje” siempre ha tenido connotaciones de singularidad, de excepción, algo que trasciende nuestra cultura habitual y el conocimiento que poseemos. Evoca el descubrimiento, la relación y la revelación de lo diferente, ya sea en su vertiente cultural, patrimonial, urbana o paisajística. Este carácter especial, espaciado en el tiempo y en el que la preparación tenía tanta o más importancia que su desarrollo, mudó de forma significativa a los albores del siglo pasado ya las primeras décadas de éste, en la medida en que la reducción de los costes especialmente con la explosión de los vuelos baratos y el uso de internet dejó de ser algo pasajero, circunstancial y único para convertirse en una especie de pasatiempo habitual, particularmente entre los más jóvenes. Ir y venir de cualquier ciudad europea, cualquier día y cualquier hora aprovechando las ofertas de última hora de las compañías aéreas y de los subastadores de viajes de saldo que existen en la red. Una competencia no tanto para conocer sino básicamente por moverse y así poder argüir la consecución de récords de mínimos en el precio obtenido. Colapso de aeropuertos, invasión de las ciudades que recibieron como castigo la denominación de “turísticas” y presión sin fin de los operadores en pro de unas bajadas de precio que llevaron a la espiral de deterioro que significa siempre el low cost. El viaje despojado de objetivo y de cualquier glamour. Viajar, básicamente, “porque puedo hacerlo”.

En Cataluña, a nivel ciudadano, no existen problemas con la lengua. El catalán y el castellano coexisten con absoluta normalidad y buenas dosis de armonía. Sin embargo, de vez en cuando, los intentos polarizadores de una cierta manera de entender la política quiere utilizar la lengua como campo de batalla, intentando generar confrontación y conflicto. Con la Transición política de finales de los setenta, en Cataluña predominó el sentido de la responsabilidad con el tema del idioma y se optó de forma muy mayoritaria por asegurar que toda la ciudadanía dispusiera de competencias plenas de dominio tanto del catalán como del castellano. Una sociedad diversa y compleja en la composición cultural y lingüística –también en la pulsión identitaria–, optaba por ser una y dotarse de mecanismos de cohesión e integración. “Catalunya, un solo pueblo” fue un eslogan que significaba esta voluntad de no segregar y establecer sentidos de pertenencia plurales y compartidos.

El franquismo había perseguido, menospreciado y subordinado a la lengua y la cultura catalana. Había no sólo de superar esa triste fase, sino establecer políticas compensatorias del debilitamiento que el catalán había sufrido. Se requería una normalización y un apoyo por parte de las instituciones educativas y gubernamentales en el nuevo país que se iba estructurando. Y esto se hizo con plena conciencia y apoyo de casi todos. Los castellanohablantes de una forma muy explícita y significativa. Justamente, hay que destacar que los más reacios a la mecánica de inmersión lingüística fundamentado en un sistema educativo único que garantizara el dominio de ambos idiomas, era el nacionalismo pujolista, el cual era partidario de una doble línea educativa en función de la lengua materna. Un planteamiento que, de haber salido adelante, habría segregado la sociedad no sólo por orígenes culturales, sino también de procedencia social, por clases. Afortunadamente, se impuso la Cataluña políticamente progresista en esta cuestión tan basal, que entonces era mayoritaria y que representaban sobre todo el PSUC y el PSC.

El sistema de inmersión se ha mantenido en lo fundamental durante cuarenta años. Que globalmente haya sido un instrumento de éxito en la recuperación del conocimiento del catalán no quita disfunciones, anquilosamientos y los cambios de la realidad producidos durante un período tan largo. Habría que poder hablar de ello y no debería resultar un tema tabú. Si estamos de acuerdo en que el objetivo es el dominio de las dos lenguas cooficiales y que la inmersión es sólo el método que debe hacerlo posible, ajustar las herramientas a las mutaciones que se han producido no debería ser sólo posible, sino obligado. La última sentencia del Supremo exigiendo un suelo mínimo de formación en castellano, no cuestiona el hecho fundamental de que es necesaria la sobreponderación de una lengua con mayor riesgo y menor potencial detrás como es el catalán. Que intervengan los tribunales en este tema es poco recomendable, pero quizás también sea evidencia de la incapacidad de la política para construir acuerdos sólidos, honestos y sin sospechas de intenciones ocultas en pro de una aspiración monolingüe. Exabruptos de algún dirigente político sobre que «el castellano ya se aprende en la calle» sobran. La sintaxis se adquiere en las aulas. En el tema idiomático, necesitamos más aportaciones de lingüistas y sociolingüistas, más que de políticos especialmente cuando su especialidad es la de encender fuegos y provocar confrontaciones.

Los datos nos dicen que las competencias adquiridas en el dominio del catalán y el castellano son bastante satisfactorias. Casi todo el mundo dispone de un conocimiento aceptable de ambos idiomas, que es lo que se puede pedir y exigir al sistema educativo. Es una evidencia y resulta preocupante, sin embargo, el retroceso del uso social del catalán. La “culpa” de esto no es del castellano y la respuesta adecuada no es pretender marginar éste del sistema educativo. La ignorancia nunca resulta una solución para nada. Hay dinámicas globales que tienden a concentrar a la población en torno a unas pocas grandes lenguas. Tiene que ver con la conformación de grandes culturas de masas de carácter universal. Se pueden y se deben tomar medidas atemperadoras, de protección, como establecer cuotas lingüísticas en las grandes plataformas de entretenimiento sabedores, sin embargo, que ésta es una batalla perdida, o casi. Lo que sí se podría hacer, mientras tanto, es no vincular al catalán a opciones políticamente partidistas. Beneficiaría mucho su consideración y prestigio y evitaríamos que, para algunos colectivos, pueda acabar resultando antipático. No porque lo sea la lengua, sino porque se comportan como tales muchos de los que se llaman defensores. Las lenguas requieren practicantes, pero nunca inquisidores.

El otoño está resultando laboralmente caliente para el Gobierno y los frentes de conflictividad que se le abren van en aumento, mientras el Partido Popular se frota las manos porque su relato de una España sumida en el caos le resulta un buen contexto para intentar un vuelco electoral y político. Los próximos meses no parecen ser muy favorables al gobierno de izquierdas ya que la recuperación económica se manifiesta insuficiente y desequilibrada para compensar las muchas carencias y malestares acumulados en la sociedad. Los fondos Next Generation son un bálsamo, pero no llegan para todo. La desconfianza sobre el futuro incierto de la pandemia tampoco contribuye a calmar las aguas.

La explosión violenta en el sector del metal gaditano se ha convertido en un foco de tensión y nos ha proporcionado imágenes que nos retrotraen a las crudas movilizaciones que acompañaron a la reconversión industrial española del sector siderometalúrgico, allá por los años ochenta, y que llevaron a los sindicatos a convocar una huelga general contra el gobierno socialista de Felipe González y contra las políticas del poco socialista y muy «liberal» ministro Carlos Solchaga. En este caso actual, la huelga y la toma de la calle pretende hacer mover una inflexible patronal provincial del sector, la cual no acepta proporcionar mayores grados de estabilidad laboral y unos aumentos salariales acompasados ​​con la inflación que, afirman, no resulta sostenible en un sector donde los márgenes se han ido estrechando. Como siempre, se trata de que lo pague el eslabón más débil, el trabajo.

El contexto socioeconómico respalda los temores a los despidos y la pérdida de los puestos de trabajo. Los niveles de desempleo en la bahía de Cádiz están muy por encima de la media española que ya es muy elevada y la precariedad contractual no hace más que alimentar los ya numerosos miedos. Más de 20.000 trabajadores se han manifestado y se hacen sentir en el espacio público porque ya no pueden más y los sindicatos tradicionales tienen serias dificultades para contener y encauzar una protesta movida por la rabia. La inflación y la fuerte subida del IPC no estaba en la ecuación gubernamental de salida de la reclusión pandémica. La geopolítica, las dificultades en las cadenas de suministros y la falta de chips que lastra la producción industrial no estaban en las previsiones. Los sueldos pierden rápidamente capacidad adquisitiva mientras la presión sobre el trabajo va empeorando, como en el caso de la industria del metal gaditana, las condiciones laborales en forma de horas no remuneradas, jornadas en festivos, dificultad de acceso a los servicios sanitarios… Con la precariedad laboral es fácil recortar e incluso conculcar los derechos de los trabajadores. El trabajo resulta desarmado frente al ánimo del capital. Nada nuevo bajo el sol.

El problema de fondo que evidencia la movilización gaditana es la perversión de un sistema basado en una multitud de subcontrataciones a partir de varias empresas de referencia en el sector. Las grandes firmas como Airbus, Alestis, Dragados o Navantia disponen de plantillas cortas y con personal en relativamente buenas condiciones laborales. Pero el grueso de los pedidos que reciben, muchas veces del Estado, se difuminan en una pirámide de subcontratos donde las condiciones de los obreros van empeorando a medida que se desciende a terceros y cuartos niveles donde se realiza gran parte de la producción real en pequeñas y medianas empresas auxiliares. Es aquí donde se concentra la precariedad y los bajos salarios, donde se instala una preocupación que muta hacia la indignación y la movilización violenta. Ya no es sólo una cuestión económica lo que enfurece a los trabajadores. Es una cuestión de decencia y honorabilidad. Se podrá argüir que la cuestión compite únicamente a la patronal gaditana del sector del metal, que es ella la que debería mover ficha. Sin embargo, no es del todo exacto. Existe un inmenso problema de omisión de responsabilidad de las grandes empresas porque existe una legislación laboral que permite establecer cadenas interminables de subcontratos, de recurrir a trabajadores “externos” en condiciones de vasallaje o de semiesclavitud. Si algo debe contener la nueva legislación laboral que debe aprobar, próximamente, el Congreso de los Diputados y que no está presente en las leyes actuales, son las nociones de dignidad y de respeto para los trabajadores.

En el mundo digital, nunca estamos al margen. Nos controlan nuestros dispositivos, nuestras apps, nuestra interacción en las redes sociales, así como la multitud de sensores que acompañan al artefacto móvil propio y de los demás. Con el Internet de las Cosas (IdC), es imposible no estar siempre bajo observación. Los sistemas de reconocimiento facial instalados en la calle nos tienen siempre ubicados y bajo control. Realmente los objetos nos miran. Esto vulnera una mínima noción de privacidad, pero sobre todo se mantiene siempre en estado de vigilancia y en disposición de ser activados. Los dispositivos móviles nos mantienen constantemente de guardia y a merced del “imperativo digital”. No hay descanso posible ni desconexión. Tener un smartphone en el bolsillo significa tener el acceso al mundo en la mano, pero también significa estar siempre en manos del mundo. Al recibir un mensaje, se nos exige respuesta y acción. Tácitamente, aceptamos ser llamados a actuar en cualquier instante, por lo que perdemos dosis importantes de libertad. Si no lo hacemos, nos sentimos permanentemente en infracción y nos vemos obligados a pedir disculpas por cualquier demora o por estar “fuera de cobertura”. Internet y los dispositivos móviles son ante todo instrumentos de “registro”, más que de comunicación. Un mecanismo del capitalismo llamado cognitivo que supera con creces cualquier forma de control social anterior. Facebook o Gmail son las máquinas de espionaje más grandes que jamás han existido. Vivimos mansamente en una auténtica jaula de cristal que el mundo digital nos ha creado y va ampliando su transparencia y exposición. Cuando una persona se sabe observada, su comportamiento se vuelve más conformista y obediente. El rastreo utilizado durante la última crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la capacidad de los estados y de las grandes corporaciones que les auxilian para ejercer un estricto y exhaustivo control de sus ciudadanos.

Los datos son el nuevo petróleo. Con datos suficientes, es posible percibir correlaciones y descubrir patrones. Eric Schmidt, antiguo CEO de Google, presumía: “Sabemos dónde estás. Sabemos dónde has estado. Podemos saber más o menos lo que estás pensando”. Es evidente que las empresas dominantes son aquéllas que han acumulado los retratos más completos de nosotros. Los detalles íntimos incorporados en nuestros datos se pueden utilizar para minarnos; los datos proporcionan la base para la discriminación invisible; se utilizan para influir en nuestras elecciones, en nuestros hábitos de consumo e intelectuales. Los datos ofrecen una radiografía del alma. Las empresas convierten esta fotografía del yo interior en una mercancía comercializable en un mercado, comprada y vendida sin nuestro conocimiento. Las grandes plataformas han llegado a ser dominantes sobre la base de su exhaustiva vigilancia de los usuarios, el control absoluto de las actividades y sus dosieres cada vez más voluminosos. Sin duda, una versión muy mejorada y ampliada de lo que un día fue Stasi. Lo que aparentemente es investigación de mercado, termina siendo vigilancia personal a través del sistema de perfilado de datos. La matemática estadounidense Cathy O’Neil ha alertado de cómo el big datacondiciona el acceso a un crédito o a un trabajo y hasta dónde patrulla la policía. De hecho, los prolijos perfiles personalizados están desarrollando ya el concepto “economía de la reputación”, lo que implica que el precio a pagar por productos y servicios se acomodará a nuestro detallado perfil digital.

El Internet de las Cosas multiplica exponencialmente la generación de datos y nuestra transparencia. Lo hace GoogleGlass, pero lo hacen los últimos modelos de televisores, que tienen la “inteligencia” para registrar nuestras costumbres domésticas y así ofrecernos anuncios personalizados. Los datos que acumulan los robots de limpieza que se van generalizando en nuestros domicilios son ingentes. Saben más y de forma más sistemática sobre nosotros que nosotros mismos. Google Chauffeur, el coche sin conductor, conocerá todos nuestros hábitos y relaciones. ¿A quién proporcionará la información? Esto es una “república de vidrio” en la que la vigilancia y el control se convierten en absolutos. La libertad desaparece. La idea del panóptico de Jeremy Bentham queda como un método de control puramente anecdótico comparado a un sistema de observación electrónico basado en 50.000 millones de dispositivos inteligentes a los que facilitamos toda nuestra vida sin queja alguna. La intimidad se ha convertido, sin duda, en un privilegio de ricos. Las empresas de big data saben lo que hicimos ayer, lo que hacemos hoy, pero lo realmente preocupante es que también saben lo que haremos mañana, cuando todavía lo desconocemos nosotros. Los estados nos siguen en el espacio público con un sinfín de cámaras que nos identifican. El coronavirus ha servido para blanquear todo este inmenso sistema de control público-privado.

En España, el Mediterráneo, antes que un mar o una posición geográfica, es un concepto, una idea. Alguien también diría que un estado de ánimo. Frente a la concepción de un país radial de pretensión homogénea y unitaria, existe una realidad tozuda que hace que el Estado sea una realidad poliédrica y multicéntrica. Que así sea, no es una debilidad sino una inmensa riqueza. Por eso se impone una configuración política de tipo federal. Ir más allá del estado autonómico, que algunos sectores reactivos siempre han visto como una concesión, hacia una forma de Estado que sea el resultado de una suma de voluntades diversas en el que la pluralidad sea emblema y condición más que un lastre o un problema. Que todo el mundo se reconozca tanto en lo común como respete lo diferente. Uno de los territorios más dinámicos del conjunto y que tiene intereses complementarios en su potenciación y desarrollo es el eje marítimo que va desde Andalucía hasta Francia, pasando por Murcia, la Comunidad Valenciana y, lógicamente por una Cataluña que es quien le da a este territorio más sentido y fuerza. Una vía de entrada y salida de mercancías, ideas y personas que requiere sensibles mejoras en sus infraestructuras, especialmente las ferroviarias, para poner en valor toda su capacidad y el efecto multiplicador de su agregación. Un eje que para algunos sale de la Almería productora de alimentos y que para otros puede ir hasta la culturalmente pujante ciudad de Málaga o al estratégico puerto de Algeciras. Contiene la riqueza agraria e industrial de la región murciana, la capacidad manufacturera y portuaria de Valencia, el clúster petroquímico de Tarragona, como el puerto, la industria y la capitalidad de servicios barcelonesa.

Un eje de cariz socioeconómico, también cultural que, aunque no está conformado por una única «identidad fuerte», dispone de más elementos de cohesión y complementariedad de los que desde algunas visiones demasiado reduccionistas de la política y de identidades entendidas como a trinchera de separación se quisiera. Estamos hablando de un territorio con más del 40% del PIB español, donde existe una docena de ciudades de más de 100.000 habitantes, que puede compartir estrategias de desarrollo y, sobre todo exigir las inversiones que se requieren y el trato que se merece, a la vez que contribuir a concretar una visión y un funcionamiento de España más acorde con su realidad diversa y policéntrica. El gobierno español habla de importantes inversiones ferroviarias que, dicho sea de paso, van un poco tarde pero que harían realidad la conexión de alta velocidad entre Francia y Almería allí para los años 2025 y 2026. Más allá de la voluntad gubernamental actual de dar preferencia a este corredor, es necesario aprovechar que los fondos europeos de recuperación presionan favorablemente pues hacen de esta infraestructura una prioridad inversora. Se calcula que cada euro invertido tendrá un retorno de 3,5 en forma de PIB.

Las instituciones, el empresariado y la sociedad civil de todas las comunidades afectadas se han movilizado y actúan de lobby para evitar mayores retrasos a una demanda que ya es histórica. #QuieroCorredor se ha convertido en eslogan de reivindicación y movilización. Sin embargo, incomprensiblemente el Gobierno de Cataluña no está. Ni en los actos conjuntos que realizan las diversas comunidades y agentes sociales, ni haciéndose la fotografía de ninguna estrategia compartida. Un grave error. Se sigue cultivando la idea de que Cataluña va por libre y que no hay intereses comunes con otros territorios. Se practica un aislamiento que pretende ser expresión de singularidad, cuando en realidad lo es de insolidaridad y falta de grandeza. Sería necesaria una mirada más amplia y una mejor visión estratégica que superara el exceso de inmediatez y de miopía política. El sentido común nos indica que justamente el gobierno de Cataluña debería liderar no sólo una reivindicación que le favorece, sino por lo que significa de concepción avanzada y moderna de España. La arrogancia nunca es un síntoma de fortaleza, sino que lo es de decadencia.

Las conferencias internacionales sobre cambio climático siempre crean expectativas que al final se frustran. Acaba de pasar con el COP26 o cumbre sobre el clima de Glasgow. Discursos afligidos, caras de preocupación, evidencias ciertas que nos dirigimos al desastre, pero posturas excesivamente diletantes, ausencias que claman al cielo y siempre notorios incumplimientos de lo acordado. Es cierto que no se ganan elecciones con medidas drásticas para combatir el cambio climático, pero no es menos cierto que o bien el tema se aborda de forma profunda e inmediata o no habrá salida razonable y ordenada. Los límites medioambientales se manifiestan ya ahora y lo son para todos. Es difícil ser exigente con países pobres y emergentes, cuando la mayor parte del problema lo hemos creado con nuestro desarrollismo los países ricos. El principal incumplidor de los acuerdos, quien sabotea reiteradamente la toma de decisiones son Estados Unidos, China o Rusia, pero Europa no le va a la zaga. Más allá de las restricciones en las emisiones de CO2 autoimpuestas o la dotación de fondos de reparación, el verdadero problema de fondo es un modelo económico basado en el crecimiento depredador de los recursos disponibles y que no ha tenido en cuenta las externalidades medioambientales que se generan. Duplicar el PIB mundial en una década o doblar cada cuatro años el consumo de energía es imposible mantener ininterrumpidamente en el tiempo. Para alcanzar el conjunto de países los niveles de desarrollo y consumo de los países de la OCDE que se estima pueden ser de 63.000 dólares anuales per cápita en 2050, se necesitaría un PIB 15 veces mayor que el actual. De hecho, hoy la producción es ya 68 veces la del año 1800. Estamos hablando de un mundo imposible hasta para la imaginación y el optimismo más audaz. El problema estructural es que la economía actual depende por mantener su equilibrio del crecimiento constante. Algo que cualquier ecólogo puede afirmar que no es ni siquiera posible plantearse. Hemos llegado al final del paradigma industrialista de los últimos tres siglos, quiera reconocerse, o no.

El fenómeno del calentamiento global y el cambio climático que genera han empezado a mostrar evidencias contundentes y sostenidas en forma de catástrofes climáticas y con la aceleración de procesos de desertización. Los gases de efecto invernadero provenientes en su mayor parte del abuso de una energía basada en los combustibles fósiles, además de convertir en auténticamente inhabitables muchas zonas urbanas y empeorar notablemente la calidad de vida y aumentar las enfermedades, provocan una alteración atmosférica que está cuestionando de forma muy seria nuestro futuro. Los combustibles fósiles, más allá de que tienen unos límites de reservas bastante definidos y que conceptualmente se basan en la sinrazón de consumir capital y no renta, generan una contaminación insostenible, además de un aumento de precios que los hacen inviables en la medida en que se vayan generalizando los estándares occidentales de consumo de energía hacia los países emergentes y los menos desarrollados. Con el modelo de consumo energético occidental, no existe energía para todos a unos costes razonables. Ni de origen fósil ni proveniente de las renovables.

A finales de siglo XXI, la temperatura media global podría llegar a crecer hasta 5 grados si no se remedia y ya se considera aceptable que se limite a 2, con lo que el deshielo de los polos y la subida del nivel del mar más de 50 centímetros nos abocaría a catástrofes inmensas y poco predecibles. Lógicamente, el cambio climático aumentará la pobreza, disminuirá la producción agrícola, así como la disponibilidad y acceso al agua potable. En cuatro décadas, muchos de los recursos minerales se habrán agotado (cobre, estaño, plata, zinc, mercurio y otros minerales estratégicos). Como plantea Ramon Folch, «las pretendidas verdades fundacionales de la civilización industrial clásica se han revelado equivocadas». Se consideró que la matriz biofísica era ajena a los procesos económicos, creyendo que sus componentes esenciales (agua, suelo, clima…) eran «bienes libres irrelevantes». La consecución de un nuevo equilibrio de sostenibilidad global requiere la instauración de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambiental. La biosfera ha dicho basta, y la reacción es todavía notoriamente insuficiente, como lo demuestran la modestia y el incumplimiento del Protocolo de Kioto de 1997 o de la Conferencia de París de 2015. La cumbre de Glasgow demuestra que, aunque más preocupados, estamos donde estábamos. La sostenibilidad va poniendo en jaque el modelo socioeconómico y ambiental imperante, basado en el exceso, la desigualdad, el desperdicio y la imprevisión.

Las formas y el proceso que se sigue por la elaboración y aprobación de una ineludible reforma laboral en España no es la más recomendable. La pugna al respecto entre los diversos actores del gobierno está dificultando su éxito y enturbiando su trascendencia. La forma se impone al fondo. La imagen que se da es de controversia y conflicto, pero nadie ha conseguido explicar las divergencias reales, si es que están ahí. Más que nada lo que existe es un conflicto entre relatos confrontados. Todo el mundo quiere el protagonismo en un tema de especial sensibilidad entre los votantes de izquierdas, un espacio que hacia final ya de legislatura rivalizan el PSOE y Podemos. El peligro de tanta pasión por capitalizar esta reforma de la legislación laboral es que se acabe rompiendo el juguete y el relato que quede sea de desgobierno, a beneficio del Partido Popular y el conjunto de las derechas. La escenificación de división gubernamental da alas a la oposición y resulta una mala forma de encarar la negociación y acuerdo con los agentes sociales. De hecho, de lo que se trata es de hacer una contrarreforma a las leyes laborales del Partido Popular que significaron más que una liberalización del mercado laboral una auténtica genuflexión del trabajo frente al capital, una flexibilidad que ha comportado el triunfo de la precariedad y de los puestos de trabajo temporales y de baja calidad.

Así pues, en un país que sigue liderando el paro en Europa, resulta más necesario que nunca promover legislaciones que impulsen la economía, proporcionen empleo estable y de calidad y faciliten el establecimiento de rentas salariales suficientes e inclusivas. Tenemos todavía un paro del 14% y con tendencia a convertirse en crónico y un dramático desempleo juvenil del 33%. Un paro de larga duración como lo indica que más de 1 millón de personas llevan ya más de 2 años en esta situación, o bien existen más de 600.000 familias en las que no hay ningún ocupado ni ningún tipo de prestación o ingreso. De la gente que tiene trabajo, muchos lo tienen sólo a tiempo parcial y con niveles de salarios que les obligan a pasar por el Banco de Alimentos después de la jornada laboral. Sí, hay empleos que coexisten con las colas del hambre. Gracias a la primacía del concepto de flexibilidad en la legislación laboral vigente, el 90% de los contratos que se firman son temporales y justamente esta temporalidad que no da ni estabilidad ni seguridad para desarrollar un proyecto de vida a medio y largo plazo ya está globalmente en España de un 30% de los contratos cuando, por ejemplo, en Alemania sólo es de un 8%. El establecimiento de suelos salariales con mínimos dignos resulta ineludible tanto por una inclusión social que es de justicia como para garantizar niveles de consumo que estimulen la demanda agregada y el conjunto de la economía. Los datos son claros. Si hace diez años los salarios representaban el 66% del PIB español, hoy son ya sólo el 59%. Justamente, para restaurar el peso de los salarios es necesario reequilibrar los sistemas de negociación colectiva, y contrariamente a la legislación actual que prima los convenios de empresa, es necesario dar prelatura a los convenios sectoriales, sistema que asegura que ningún trabajador, especialmente los de empresas subcontratadas, quede fuera de cobertura y de las exigencias laborales básicas.

Ciertamente, una buena y justa legislación laboral no hace milagros. Si queremos empleo suficiente y de calidad son necesarias políticas económicas que incentiven actividades productivas de mayor valor añadido y con puestos de trabajo cualificados y de elevada productividad. Mantener estrategias basadas en actividades intensivas de mano de obra no calificada y mal pagada para producciones destinadas a la exportación o insistir en el predominio del turismo y las externalidades negativas que genera no nos llevará por un camino de progreso económico suficiente y equilibrado ni proporcionará bienestar a la mayoría de la población que debería ser lo que se impusiera. Sin embargo, una adecuada regulación del mercado laboral resulta absolutamente necesaria. En aras de acabar con las rigideces y en pro de la flexibilización, se instauró a partir de las leyes laborales de Mariano Rajoy del 2012 el sálvese quien pueda y el triunfo del empobrecimiento y la precariedad. Hoy debe revertirse. Resultaría imperdonable que la izquierda en el poder no fuera capaz de hacerlo porque que se lo impidieran disputas de protagonismo.

Se cumple una década del final de la organización terrorista vasca. Visto desde hoy, parece mentira que un sector tan rancio del nacionalismo vasco engendrara una organización armada que asesinó 864 personas, que hirió a miles y que llevó al sufrimiento a una buena parte de la ciudadanía vasca y española durante cincuenta años. Provocó, además, un desgarro de la sociedad vasca que hoy sólo se ha superado de forma aparente. Una normalidad que no es tal. Serán necesarias muchas más décadas, muchos mas gestos y bastantes más arrepentimientos para que esto sea posible. El primer paso era acabar con la violencia, con los asesinatos y con su miserable justificación, pero para reponerse de estas heridas, de la gran cantidad de surcos en la piel creados de manera tan intensa y durante tanto tiempo se requiere que los verdugos reconozcan a las víctimas y ,especialmente, que la sociedad que reaccionó al fenómeno con tibieza cuando no miró ostentosamente hacia otro lado acepte también su equivocación. Si la inmensa herida no se drena convenientemente, difícilmente se desplegará una sociedad sana, plenamente democrática. El terrorismo vasco nació de las veleidades emancipatorias de la década de los sesenta, producto de lecturas mal digeridas sobre las bondades de la violencia revolucionaria que cultivó una izquierda imbuida de planteamientos anticoloniales que en la Europa Occidental estaban fuera de lugar y resultaban patéticos. Tenían al amparo de las sacristías y pretendían justificar su opción por la existencia de la dictadura franquista, lo que les reportó simpatías y a veces complicidades de una cierta cultura de izquierdas española y catalana. Una barbaridad que se pagaría muy cara, pues serviría de coartada y justificación de unas acciones armadas que, no lo olvidemos, se produjeron de manera muy dominante y abrumadora ya en tiempos de democracia, precisamente para hacer entrar en crisis este régimen. No hay estrategia armada que sea más justa ni aceptable, pero cuando se optó por lo que se llamó «socializar el sufrimiento» se dio un paso especialmente `profundo y miserable. Todo el mundo podía ser víctima y se trataba, justamente, de generar el mayor sufrimiento posible creyendo que así se lograría derrotar el Estado. Difícil olvidar Hipercor, el atentado del cuartel de Vic, Miguel Ángel Blanco o bien el significado especialmente doloroso y cínico de acabar con la vida de Ernest Lluch.

Tras el retrato novelado de todo ello por Fernando Aramburu con la magnífica y sobrecogedora Patria, pocas cosas se pueden añadir al que significó todo ello en una sociedad que quedaría marcada y condicionada para siempre. El reduccionismo pueril, las miserias y maldades sobre las que se asienta la estrategia terrorista de ETA y el mundo abertzale, la pobreza mental del discurso identitario y el absoluto desprecio por los valores de respeto e inclusión que deberían ser inherentes al mismo concepto de sociedad. El mal ni empieza ni termina en aquellos que han utilizado las armas. Va mucho más allá y abarca aquella parte de la política que construye el discurso y la estrategia basada en el terror, la angustia y la práctica de la violencia. Después de todo, ETA no era más que el brazo armado de una estructura política que pretende ahora que esto no iba con ellos, que sólo eran espectadores o, como mucho, intermediarios. Tiene que ver, también, con aquella parte de la sociedad que justificaba en nombre de quién sabe qué idea de país el hecho de que, como decía el cínico Xabier Arzalluz, es necesario que algunos muevan el árbol para que los demás puedan recoger los frutos. La versión profundizada de la autonomía vasca descansa sobre este principio. El concepto de «rentabilidad» política del terrorismo ha hecho mucho daño en Euskadi y por extensión a toda España. Por suerte, las copias que se hicieron fuera de allí quedaron sólo en intentos torpes. Demasiada gente, fuera por miedo o por comodidad, no estuvieron a lado de todos aquellos que tuvieron que convivir con el terror y que pudieron sobrevivir en un simulacro de libertad recluidos en la protección policial y debiendo mirar los bajos de su coche cada mañana. Miedo de morir y al mismo tiempo tener que soportar el abandono y el ostracismo de gran parte de sus conciudadanos. Superar esto requiere de mucho tiempo además de la voluntad de no olvidarlo. Sustanciar y hacer reencontrar de nuevo toda la sociedad requiere que los culpables, todos ellos, reconozcan el error mirando los ojos de las muchas víctimas. La sociedad actual vasca parece haber bajado el telón del olvido sobre el tema. Los jóvenes actuales cuando son preguntados al respecto no saben casi de que se les habla. Impera la desmemoria. No parece ésta la mejor cura para conseguir que no se repita. Nunca más.

La conjunción de la pandemia y el proceso de digitalización han llevado a que algunos servicios, públicos o privados, lo sean menos para los ciudadanos. Se da un proceso acelerado de negación de la atención personalizada, en vivo y en directo, de forma presencial. No es que eso sea del todo nuevo ni que sea el resultado de la prudencia con el fin de ahorrarnos el riesgo de contagio en dependencias que antes eran de uso común y de libre concurrencia. Sencillamente, no nos quieren ver y si intentamos que lo hagan como habían hecho toda la vida, abiertamente se niegan. Si insistimos considerándolo un derecho, lo más probable es que nos humillen. Cuando esto pasa, que nos dan con la puerta en las narices y no entienden de razones para facilitarnos las cosas, aducen como si nos hicieran un favor que ahora las cosas se deben hacer online y de manera digitalizada. En la post pandemia, se han mantenido maneras y actitudes que se podían entender en su punto álgido pero que luego expresan mala educación, falta de espíritu de servicio y, sobre todo, una política de reducción de costes económicos a base de disminuir el personal. Exigir cita previa concertada por internet, establecer muchos filtros de acceso no son sino maneras de hacernos desistir de nuestra demanda y necesidad que se nos atienda. Digitalización se ha convertido en síntoma de no-atención. Hay cosas, preocupaciones, que no son reducibles a formularios informáticos como hay personas que por edad o formación no saben operar con una tecnología que, se olvida, no a todo el mundo le resulta fácil.

La banca se ha especializado hace mucho en la no-atención personal. No quieren que vayamos a unas oficinas en las que no nos hacen ni caso, pero para evitar la tentación de que a pesar de todo lo hagamos las han reducido a la mínima expresión. Todo debe hacerse por internet y los cajeros automáticos son cada vez más escasos. Sacar dinero en metálico es ahora casi una odisea si, además, lo quieres hacer directamente en tu entidad bancaria para ahorrarte pagar comisiones. Para conseguir cita prácticamente tienes que estar en gracia de Dios y dar mil explicaciones a los filtros telefónicos puestos para que no lo concretes y lo dejes correr. Para hacerte la ilusión de atención, te comunica tu acceso digital que tienes un gestor personal a tu servicio. No es necesario que lo llames, te responden desde un call centersituado en Casablanca.

Y que no decir de la dañada sanidad pública. Degradada y faltada de personal y recursos mucho antes de la pandemia víctima de la dejadez institucional y de torpes intentos de privatización, hizo su personal una gran función y inmensos sacrificios para hacer frente el virus. Pero ni ha recuperado la normalidad asistencial y parece que tampoco se pretende que lo haga. La desatención resulta notoria justamente en la atención primaria e incluso tienes dificultades para ser atendido si tienes un problema de urgencias. Muchas enfermedades se dejaron de diagnosticar en su momento y ahora numerosas personas pagan las consecuencias. Los médicos de cabecera ya casi sólo te atienden por correo electrónico, por el «canal salud» o bien telefónicamente. Desde la Generalitat, no dicen que esto sea temporal y que pondrán más personal sanitario sino justamente lo contrario: un administrativo decidirá a partir de una llamada si somos merecedores o no de ser atendidos presencialmente, algo que sólo sucederá muy de vez en cuando.

Antes una comisaría de policía era un lugar visible y para tener en cuenta, una referencia segura por «si te pasaba algo». Denunciar haber sido víctima de un robo no es un hecho que se pueda prever, se hace de manera inmediata si tienes la mala suerte de que te ocurra. Quizá no te resolverán nada, pero se obtiene auxilio y un cierto confort. Hay cosas que parecería que no admiten demora. Ahora, si te presentas a una comisaría de los Mossos agobiado y pidiendo un poco de atención te exigirán dos cosas: o bien tener una cita previa, o bien que presentes la denuncia si este es el caso por internet. En esta segunda opción, te exigirán que la pases a validar físicamente en el plazo máximo de dos días a no ser que quieras que esta decaiga, pero para ello deberás previamente solicitado y obtenido la famosa «cita previa». Un circuito que, para ser educados, podríamos decir que es kafkiano.

Se podría continuar con los ejemplos o sugerir que, si un día se le quema la casa, no avise a los bomberos a no ser que antes no haya concertado cita previa por medio de una página de internet. La atención personalizada, inmediata y directa es hoy en día una posibilidad muy rara y remota, en proceso de extinción. Los servicios van perdiendo justamente la denominación que les daba sentido. Los aplicativos tecnológicos y la atención remota resultan una excusa perfecta para dejar de atendernos.