Autor: Josep Burgaya

El gobierno de los jueces

La composición, funcionamiento, falta de renovación y actitudes de los órganos del poder judicial en España, convierte en difícil su defensa. La arquitectura institucional es la de cualquier estado de derecho al uso y los intentos torpes de algunos ámbitos políticos de negarles su configuración democrática no resulta aceptable. En el caso del Tribunal Constitucional, la fórmula que se estableció justamente en la Constitución fue de que 10 de los 12 miembros los eligieran las Cortes españolas, requiriéndose una mayoría más que cualificada de 3/5 partes. Los dos restantes son la cuota corporativa que designa el propio Poder Judicial. Se acusa a este órgano de estar muy politizado al ser buena parte de sus miembros propuestos por los grandes partidos políticos. En algunos países, la cuota corporativa es mayor, pero esto no los convierte en más democráticos. En otros, en cambio, buena parte de la elección es mayoritariamente nombrada por el gobierno de turno. El problema, en el caso español, radica en la capacidad de bloqueo que puede tener algún partido político. El PP tiene mayoría (7 de los 11 miembros actuales) y no tiene ningún interés en negociar la necesaria renovación de los cuatro miembros que tienen, ya hace un año y medio, su mandato caducado, ya que puede utilizar el Tribunal como una fuerza de embate hacia el gobierno progresista actual de España. Esto, no resulta un tema anecdótico, pues deslegitima y bastante las acciones de este tribunal, las cuales resultan cada vez más sesgadas en pro de la estrategia de acoso de las derechas de Colón hacia un gobierno legítimo que no les gusta. El problema de fondo es que esta falta de legitimidad afecta tanto a las decisiones claramente políticas que toman -diríamos que de encargo- como aquellas que pueden resultar absolutamente lógicas y razonadas. El resultado, es que el TC actual, análisis que podríamos hacer extensivo al Consejo General del Poder Judicial que se encuentra en situación y posición similar, degrada la imagen global del sistema y crea grietas en el Estado democrático. Que, de manera repetida, la Unión Europea pida a España de que haga el favor de renovar un poder judicial caducado tiene un coste de reputación país muy grande en nuestro entorno.

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La estrategia del PP, secundada por Ciudadanos y superada ampliamente por Vox consiste en utilizar el TC y el conjunto del Poder Judicial como un arma de ataque constante al gobierno de cara a provocarle no sólo desgaste, sino con el intento de inhabilitar prácticamente su actividad y derribarlo. La suspensión que se acaba de hacer del decreto de confinamiento por la pandemia, así como se hará con el de estado de alarma, resulta una temeridad, pues incapacita al Estado para actuar de manera drástica y contundente en una situación tan excepcional como la que acabamos de vivir, lo desarma. Esto responde a un intento por generar una situación bastante caótica y de imposibilidad de acción pública que juegue a favor del descontento de la población con la inacción gubernamental. Se hace actuar al Constitucional como una tercera cámara legislativa, lo que no es la función ni el espíritu que debería adornar a un órgano de último recurso. Quién debería ser garante de los derechos y obligaciones constitucionales actuando como oposición formal al gobierno constituido. Desgraciadamente, hemos visto a demasiados gobiernos latinoamericanos democráticos derribados por la acción partidista de los jueces como para no alarmarnos. Uno de los problemas políticos fundamentales en España es el de no disponer de una derecha de cultura democrática intachable y con sentido profundo de Estado. Ha heredado del pasado pulsiones autoritarias y una concepción patrimonial del poder político. Que gobierne la izquierda, lo vive como una anomalía, como algo ilegítimo con lo que se ha de terminar lo más rápidamente posible. No tiene el sentido básico de la alternancia democrática y de aceptación y reconocimiento del contrincante político. Convierte a este en el enemigo y la colaboración de algunas elementos y órganos judiciales contribuye a acentuarlo, con sentencias, pero también con actitudes altivas y de supremacía hacia los poderes ejecutivo y legislativo. La derecha española no se ha librado todavía del todo de los tics y la cultura franquistas, para incorporar encima el discurso iliberal y escasamente democrático de la nueva y desacomplejada derecha extrema europea. Son malos tiempos para la lírica.

Reset gubernamental

La política es sobre todo representación, la expresión de formas simbólicas. El ejercicio del poder político, más que en tomar grandes decisiones sustanciales para nuestras vidas, algo que ya se hace sobre todo en el ámbito de la economía, consiste en dar la sensación de dominio, de control, de hegemonía. En un ámbito donde se ha impuesto la polaridad extrema, la emocionalidad, el relato, tener bonitas historias que contar, no se trata tanto de lo que se hace o se hará, sino de crear expectativas e ilusionar en que el mañana nos deparará muchas más oportunidades. Sin duda alguna, el cambio -casi la revolución- de gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez tiene muchos ingredientes que pueden hacer mudar una situación anímica, una tendencia de la sociedad española que se le iba tornando electoralmente adversa tal como se vio en las elecciones madrileñas y confirmaban los sondeos de opinión. Lo primero que destaca es la profundidad de los cambios ministeriales, así como la imprevisibilidad de muchos de ellos. No sólo se ha incorporado gente nueva que puedan ayudar a superar el desgaste de la gestión de la pandemia, del tema de Cataluña con los indultos y el difícil encaje en la sociedad española. Se ha cooptado gente diferente, relativamente impensable y, sobre todo, ha dejado fuera a gente muy cercana como Ábalos y se ha soltado el lastre de un personaje con exceso de autoestima como Iván Redondo, pero también ministros con algunos errores y debilidades notorias como Carmen Calvo o la titular de Exteriores. Refuerza, y mucho, el perfil municipalista, lo que no es baladí cuando se acerca un nuevo ciclo electoral que se iniciará justamente con unas elecciones municipales en primavera de 2023 y pone en frente de Fomento y del reparto de los fondos Next Generation la que hasta ahora era la alcaldesa de Gavá. Poca frivolidad con el calado de un ministerio que reparte recursos y planifica y ejecuta los equipamientos públicos. Un guiño al PSC, pero también a todo el PSOE del arco mediterráneo que hace mucho tiempo reclama que se le dé prioridad como es debido de cara a contrapesar el excesivo protagonismo y centralidad capitalina de Madrid. Los cambios parecen decir que se acabaron los inventos y se retorna a un modelo de gobierno más convencional y previsible, reforzando notoriamente al partido, algo imprescindible si se quieren ganar elecciones. Que haya incorporado elementos vinculados a sus antiguos competidores, resulta un mensaje de unidad y activación de la maquinaria casi imbatible.

Estos son los cambios en la nueva remodelación de Gobierno de Pedro Sánchez

La dimensión y celeridad del cambio ha cogido con el pie cambiado a casi todos. Para empezar a sus socios de Podemos, los cuales pensaban poder blandir el no dejarse hacer cambios como prueba de fortaleza y autoridad, y ahora exhiben una notable debilidad, quedando como obsoletos y con algunos miembros al Gobierno claramente ineficientes o muy desgastados como es el caso de un ausente Manuel Castells o, también, Alberto Garzón y sus discursos extemporáneos sobre el consumo de carne. El contundente movimiento del presidente Sánchez ha descolocado a un Partido Popular que veía como a partir de las elecciones madrileñas y la derrota a plazos de Ciudadanos, sólo tenía que poner el piloto automático y dejar que la dinámica de las encuestas, cada vez más a favor, se fuera consolidando. Ni Pablo Casado lleva ahora la iniciativa política, por más que gesticule y sobreactúe, y Díaz Ayuso ha dejado de ser trending tópic con sus ocurrencias. El cambio de ritmo político es muy contundente y parece que las prioridades programáticas serán ahora claras y rentables toda vez que el Gobierno ya ha digerido los mayores sapos de la legislatura. Recuperación económica, fondos europeos, infraestructuras, vivienda y políticas sociales como bandera de mantenimiento y recuperación del electorado. Lógicamente, también hay sombras, y la de los rebrotes pandémicos resulta muy notable tanto por el impacto social como por su reverso económico si toman una cierta profundidad y duración. Descolocado también el Govern independentista catalán que ve como la Mesa de Diálogo no será, ni mucho menos, el único mecanismo de reversión de la situación política en el que nos ha puesto El Procés. Aunque algunos se resisten a aceptarlo, la interlocución pasa muy especialmente por un PSC reforzado en la Moncloa, pero también por unas fuerzas económicas que, finalmente, parecen haber abandonado el mutismo y la dejadez de funciones a la que nos tenían acostumbrado los últimos años. Por suerte, los activos del país son muchos más y más diversos de lo que ha afirmado el relato dominante en los últimos años y se nos pretendía imponer.

La deconstrucción del sistema educativo

Cada gobierno hace nuevas leyes educativas e, invariablemente, cada reforma disminuye el nivel de exigencia. Ahora se habla que se podrá pasar de curso al bachillerato con una asignatura suspendida. En cada colada se pierde una sábana. Adquirir títulos se cree ya que es un derecho, pero sin que sea exigible el esfuerzo y el trabajo correspondientes. Los procesos educativos, en sus diferentes niveles, se han vuelto leves, líquidos y sin fricciones. Tiempo de espera y de proporción de algunos rudimentos, donde más que saber incorporan distintivos para la empleabilidad. De hecho, todo el sistema educativo se ha convertido casi en una ficción. Más que aprender, a lo que muchas autoridades académicas reconocen que es algo a lo que ya se ha renunciado, se trata de adiestrar en el arte de adaptarse a circunstancias cambiantes y responder de manera proactiva los estímulos nuevos. Es aquí donde radica la importancia de la incorporación de tecnología digital en el aula, ya que se trata de adaptar la mente, especialmente de niños y adolescentes, a un entorno y un futuro de flexibilidad profesional absoluta y continua. Todos los niveles de enseñanza se han convertido en un ámbito lúdico, un “juego”, donde se ofrecen multitud de oportunidades de diversión y entretenimiento, aunque se les distinga con el sello de la innovación pedagógica. Alberto Royo, habla de la “generación blandita” para tipificar estos jóvenes y adolescentes hiperprotegidos por sus padres, los cuales quieren entregar a sus hijos de cualquier esfuerzo. Hacemos gente muy frágil e incapaz de soportar cualquier frustración, ninguna, por poco relevante que ésta sea. En la misma línea, y para sobrevivir, los enseñantes practican la estrategia de hacer “loqueloschicoslesguste”, y así ahorrarse problemas y dificultades.

El sistema educativo, en todos sus niveles, está renunciando a la función ancestral de proporcionar conocimiento a través de un proceso de aprendizaje. Se trata de formar una cierta clase cualificada de usuarios de internet, que sepa dónde buscar determinados datos y qué hacer en ciertos lugares, combinado con un conjunto de “valores” que se cree son indispensables para desenvolverse en el mundo profesional: flexibilidad, trabajo en equipo, adaptabilidad, innovación, dominio de multitud de anglicismos, utilitarismo… Evidentemente, todo ello impartido en aulas saturadas de nuevas tecnologías tanto por las que aporta el centro educativo como por la profusión de útiles que utilizan los estudiantes y que exhiben casi sin pudor y autocontrol. Una clase ya no es exactamente una clase, sino “un episodio interactivo en el que deben surgir y canalizar flujos de información variados”. El profesor ya no es un experto, y menos debe transmitir contenidos y saber. La función del docente es la de proporcionar motivación, simplificar los procesos y crear entornos de aprendizaje. El lenguaje grandilocuente y impostado no evita que todo se acerque a la impostura.

Scriptor.org: El Roto, sobre la escuela

De hecho, el sistema educativo colabora en la emergencia de este nuevo analfabetismo que es el resultado de considerar que el conocimiento está al alcance de todos a través del clic, la ficción de poder recurrir a él cuando lo necesitamos. La saturación informativa y de estímulos, el desprecio arrogante por el conocimiento como experiencia personal y la especialización utilitarista en el proceso de formación lleva al predominio de la ignorancia. El decaído concepto de “cultura general” compensó en parte y durante buena parte del siglo XX el papel empobrecedor de la segmentación, parcelación y la noción tecnificadora del proceso formativo. La pérdida de capacidad de atención y concentración de los estudiantes, la forzada reducción de los niveles de exigencia y la “gamificación” educativa ha hecho el resto para que la situación actual de nuestras universidades, institutos y escuelas sea más bien deprimente. En el aprendizaje digitalizado sólo se frota la información, fomentando una instrucción rápida, pero muy simple. Los estudiantes ya no adquieren la narrativa imprescindible para poder construir el marco de los acontecimientos. Se piensa con lo que se sabe, y se sabe poco, porque tanto la actitud del nativo digital, como la de la propia docencia tienden a despreciar el conocimiento en la medida que se cree poseer la capacidad de acceso. El recurso a internet nos hace más incultos y superficiales.

Como ha hecho notar Nuccio Ordine, casi todos los países europeos han disminuido los niveles de exigencia educativa, con el objetivo de que los estudiantes superen los cursos con mucha facilidad. Se trata de permitir superar los exámenes, pero sobre todo su sustitución por formas de evaluación más ligeras. Un intento ilusorio para mantener una normalidad académica que no existe. Los estudiantes y sus familias ya no toleran no superar un curso. No hacerlo, conlleva culpabilizar la institución educativa, y no la falta de hábito y predisposición al trabajo del matriculado. Para conseguir que unos estudiantes sin ninguna capacidad y esfuerzo se puedan graduar (que no aprender, ya que no se trata de eso) y hacer su estancia más cómoda y agradable no se les piden más sacrificios, sino atraerlos mediante una perversa reducción progresiva de los programas y la transformación de las clases en un juego interactivo superficial que poco tiene que ver con el estudio.

Trabajo y renta

El economista John Maynard Keynes, de quien este año se conmemora el 75 aniversario de su muerte, hacía la predicción en 1930 que, en aproximadamente un siglo, la humanidad lograría vivir de manera cómoda, casi sin la necesidad de trabajar, gracias a los progresos tecnológicos, lo que le hacía plantearse cuál era el límite de lo necesario para vivir de manera bastante digna, para no ir más allá. El crecimiento económico como fin en sí misma no tenía ningún interés para alguien que partía de una concepción moral e instrumental de la economía. A partir de satisfacer las necesidades de los hombres, más allá de resolver problemas concretos y prácticos, la economía no tenía muy atractivo para este gran economista. Se planteaba Keynes, ¿cuanto es suficiente?, y consciente de que la codicia y la envidia tienden a que la condición humana no se dé nunca por satisfecha, consideraba establecer mecanismos desincentivadores para trabajar más de lo necesario y disponer de más riqueza de la cuenta, creando un sistema de tributación en que el coste de oportunidad de rebasar lo indispensable fuera poco interesante. Como lo definió el maestro de Keynes, Alfred Marshall, la economía era el estudio de “los requisitos materiales del bienestar”, por lo que el crecimiento económico debería entenderse como algo residual y no como un objetivo. Como señala Robert Skidelsky, en el mundo rico estamos cuatro o cinco veces mejor que en 1930 si nos atenemos a la media, pero las jornadas laborales sólo han disminuido un 20%. Por el contrario, la desigualdad interna, la nueva pobreza, se va asemejando en una parte de la población de los países ricos con la mayor parte de la población de los países pobres. Al final, un progreso bastante escaso en conjunto. No hemos mejorado mucho si tenemos en cuenta que un campesino en la época medieval trabajaba una media de 1.620 horas anuales, mientras que los asalariados estadounidenses están por encima de las 1.800 horas y en China entre las 2.500 y las 3.000 horas anuales.

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La nueva pobreza de los países ricos pone en evidencia una necesidad adicional a la de repartir el trabajo, que es la de encontrar mecanismos supletorios de redistribución de la renta. La desigualdad creciente, que los tiempos de pandemia no ha hecho sino acelerarse, es el mayor corrosivo económico y social de las últimas décadas, y tiende a acentuarse mucho más. ¿Cuánta desigualdad puede tolerar un sistema democrático? No debemos estar lejos del momento crítico, del punto de no retorno. Hasta hace un tiempo, los salarios y la tributación han sido los dos grandes mecanismos para establecer ciertos límites, un cierto reequilibrio a la tendencia natural del mercado a estimular una desigualdad acumulativa. Falta de trabajo, precariedad laboral, salarios en disminución, tributación centrada en las rentas del trabajo, exenciones y fraude fiscal para el capital y caída libre de las prestaciones sociales del Estado nos llevan a un mundo cada vez más desigual, salvo que establecemos un nuevo pacto social, que asegure ciertos niveles de redistribución. Quizás los salarios misérrimos o inexistentes impiden que la renta pueda depender del empleo y únicamente del empleo, entendido ésta en un sentido clásico. La Renta Básica aparece como mecanismo redistributivo de mínimos que evite la exclusión económica y social de una parte cada vez mayor de la ciudadanía. Un concepto puesto en discusión no sólo desde la derecha política, sino también desde parte de la izquierda, ya que es un mecanismo que puede inducir a fomentar el desistimiento y crear una sociedad de personas subvencionadas, que sería lo contrario de individuos auténticamente libres y autónomos. La renta básica, no puede ser un instrumento para reducir a una parte de la sociedad a la condición de parias subvencionados que evite la revuelta social. Debe ser, en todo caso, un mecanismo proporcionado, complementario, que no disminuya los incentivos individuales a construir cada uno su propia vida. Para hacerla posible, es necesario un nuevo paradigma tributario con un suelo de mínimos para el impuesto de sociedades, obligando así a las tecnológicas y en las grandes corporaciones a cotizar. Que en la última reunión de los países del G-7 se haya encarado el tema resulta significativo y un buen punto de partida. Es necesario un nuevo pacto económico y social que renueve y ponga al día lo que se hizo en su momento y dio lugar al Estado de bienestar. Algunos elementos destacados del establishment económico actual también empiezan a abogar por establecer mecanismos de reparto de trabajo, aunque esto pueda afectar negativamente la productividad y la competitividad en una economía global como la actual. El bienestar y la cohesión social deberían ser valores superiores.

La cultura de la indulgencia

La cultura judeocristiana está construida sobre la culpa y el castigo que, se cree, le resulta inherente y le da sentido moral. La idea ha sido siempre pretender construir la sociedad a partir de unos individuos disciplinados a partir del miedo. Más que la causalidad de las cosas se rebusca en el comportamiento inadecuado de las personas, en las debilidades, las cuales deben ser motivo de escarmiento y vergüenza pública. El código penal está lleno de tipos delictivos que van asociados a penas de prisión, lugar en el que se materializa el castigo y, santa ingenuidad, se sigue un proceso de arrepentimiento y de rehabilitación. Seamos claros, las cárceles no sirven prácticamente para nada y son la evidencia de que algo no funciona en nuestro mundo. Más allá de apartar de la sociedad a los individuos realmente peligrosos, buena parte de la gente que va a parar allí lo único que hacen es ser humillados y cultivar resentimiento. No retornan nada a la sociedad de lo que le pueden haber sustraído, ni modifican su personalidad y aún menos se forman. Para el cuerpo social resulta tranquilizador identificar una población proscrita y “culpable” y no nos suele doler el corazón porque hemos sido educados en la práctica de la represalia o la revancha, aquello tan simplista y poco cristiano de “quien la hace, la paga”. En España hay, de manera constante, aproximadamente 50.000 personas encarceladas, 10.000 de las cuales lo son de manera preventiva. Todos tienen detrás una historia personal para ser contada, también una familia que sufre y, muy probablemente, podrían restituir el posible daño causado a la sociedad de manera menos cruenta y más humanitaria de cómo lo hacen.

Últimamente se habla mucho de indultos, de su conveniencia y de su significación con relación a los encarcelados por El Procés. Se reflexiona sobre si es un trato de favor, la evidencia de la fortaleza o de debilidad del Estado y si esto resulta aceptable cuando los beneficiarios de la gracia no han mostrado arrepentimiento y desprecian abiertamente tal medida benefactora. Las intenciones y las bondades de las acciones siempre resultan opinables. Lo que acaba de hacer el Gobierno español no hay duda de que tiene la prerrogativa para hacerlo y resulta conforme al sistema constitucional que nos rige. En principio, la benevolencia no debilita a quien la practica, aunque está por ver el pretendido carácter balsámico de las medidas y se pueden tener dudas razonables sobre su eficacia. Probablemente, el error radica en la exageración sobre sus efectos; tanto los que lo plantean en un sentido como en su inverso. Más allá de los análisis políticos en relación con Cataluña y España, que estas personas salgan de la cárcel resulta altamente positivo, así como probablemente lo sería que salieran muchas otras que no tienen la connotación de “políticas”. Pero situados en la dimensión de la política, seguramente es bueno para desinflamar un tema que no debería haber salido nunca del terreno político y tomar caminos de conflicto abierto y de toma de decisiones que rompían claramente con los usos democráticos y con normativa jurídica vigente. Siempre resulta útil desescalar disputas. La reacción airada, especialmente de la derecha extrema española, está fuera de lugar y es prisionera de una cultura de la venganza que parece lejos de la voluntad de concordia y entendimiento que debería formar parte de los hábitos democráticos. Ciertamente no ayuda, por contraposición, el discurso independentista inflamado que intenta compensar el vaciado del discurso de la “represión”, desvirtuando el valor de la medida atribuyéndola a la debilidad manifiesta del Estado ante una supuesta presión europea, recuperando los eslóganes de “lo volveremos a hacer” o “ni un paso atrás”. A veces tampoco ayuda mucho ERC, en la medida que intenta contrapesar su realismo y pacto con el gobierno central, con salidas verbales de tono exaltado para evitar ir a parar a la categoría de los traidores

Sumario de las indulgencias y perdones concedidas a los cofrades del  Santísimo Sacramento - Wikipedia, la enciclopedia libre

Ciertamente el gobierno de Pedro Sánchez ha sido valiente en este tema y es obvio que arriesga políticamente mucho. Puede no salir bien. Puede que esto no sea el inicio de una nueva época basada en el diálogo y el pacto, convirtiéndose su mano extendida en una debilidad o una derrota. Resulta bastante claro, que había que intentarlo. Si algo no era posible, era mantener el “marianismo” del no hacer nada y dejar que el tema se enquistara de manera prácticamente definitiva. A veces, sin embargo, el discurso socialista sobre ello sufre de un exceso de triunfalismo, de un optimismo casi ingenuo. Para salir de la situación hacen falta más cosas que indultos y genéricas mesas de diálogo. Se requiere de una propuesta política amplia, sólida, seria y creíble que pueda interesar a una mayoría de la sociedad catalana -la independentista y la laica-, que tenga consistencia y largo recorrido. Probablemente, es el momento para un planteamiento profundamente federal, no en su uso puramente genérico, sino cargado de contenido y de futuro.

Bienvenida, Miss Marshall

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha venido esta semana para traernos la buena nueva de que España aprueba con nota su programa de reformas estructurales de cara a ser el país beneficiario de la financiación extraordinaria con fondos europeos de hasta 140.000 millones de euros a percibir los próximos seis años, o dicho de otra manera el equivalente al 11% del PIB de España. Como es conocido, el acceso a estos importantes fondos no se hace de manera automática, sino que está condicionado a un proyecto de transformación estratégica de su economía en la línea de avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental, haciendo apuestas realmente transformadoras para ir a una economía verde y circular y, al mismo tiempo, actuar en pro de una transformación digital del conjunto de la actividad productiva. Una ocasión realmente única, si se sabe aprovechar, para hacer no sólo frente a los efectos contractivos que ha tenido la pandemia, sino de realmente cambiar el paradigma económico asignando recursos extraordinarios de manera dirigida. Que España sea uno de los primeros países en pasar el corte de la Comisión Europea supone un reforzamiento político muy importante por el gobierno de Pedro Sánchez, fortaleciendo su figura en un momento en el que el empuje de la derecha envalentonada a partir de las elecciones madrileñas y de la enconada polémica por los indultos parecía que le hacía mostrar indicios de flaqueza y de un posible inicio de final de ciclo. Con el engrasado de la economía que provocarán los fondos Next Generation, el gobierno gana tiempo y, por poco que haga bien su aplicación, acabará por mejorar su popularidad y se debilitará el asedio de las derechas de la Plaza Colón. Los buenos indicadores económicos suelen amainar los planteamientos políticos más histéricos.

Ursula von der Leyen en EL PAÍS

De todas formas, aunque la sensación inicial respecto a los fondos europeos pueda ser más bien positiva, habrá que ver la aplicación y los resultados reales. La letra pequeña de todo ello será muy importante. Ya se sabe, que el diablo suele estar en los detalles. Sin poner en duda las pretensiones transformadoras del gobierno español respecto una estructura económica caduca, habrá que constatar si se tendrá el atrevimiento suficiente para optar por la innovación y las actividades tecnológicas y de mayor valor añadido, superando apuestas que a medio plazo son perdedoras como es el caso de actividades industriales basadas en mano de obra intensiva y barata, la exageración de la apuesta turística o bien el volver a desregular los sectores de la construcción o de las finanzas. Las élites extractivas tradicionales -españolas y catalanas- siempre están al acecho para captar fondos públicos y conseguir que en realidad nada cambie. Pintar de verde actividades tradicionales que tienen poco recorrido y que no se establezcan sobre capital humano muy cualificado, que los hay, no significa apostar por la sostenibilidad económica, más bien al contrario. Conseguir que los fondos repercutan en hacer más competitivas pequeñas y medianas empresas innovadoras resulta crucial y, hoy en día, los mecanismos para que esto sea así no están aún nada claros. Cómo hacer que los 72.700 millones de euros previstos de ayudas directas vayan bien encaminados. Todo abona al predominio de grandes proyectos energéticos en manos de las firmas de un sector que funciona como un oligopolio y que, justamente como se ve con el precio que pagamos la energía, contribuyen a frenar la mejora de la competitividad del tejido empresarial realmente interesante y que aumente de manera desproporcionada nuestra factura doméstica.

El programa Next Generation resulta una oportunidad insólita para hacer transformaciones imprescindibles de gran calado. Si no hubiera habido los efectos de la pandemia, la renovación estructural era igualmente necesaria. Lo que ha permitido esta crisis es que se aceptara poner en marcha políticas abiertamente keynesianas de estímulo que hicieran efectos multiplicadores y, al mismo tiempo, de mutación de estructuras y dinámicas envejecidas que ya no llevaban a ninguna parte. Pero todo esto no funciona en forma “piloto automático”. Significa hacer opciones y establecer políticas que no son meras soluciones técnicas. Son apuestas ideológicas sobre el futuro que se quiere. Satisfacer a las élites de siempre o bien actuar en pro del futuro y el bienestar de la mayoría de la ciudadanía no resulta exactamente lo mismo. De hecho, son opciones contrapuestas.

Ampliar El Prat

Es una de las disyuntivas y uno de los debates más relevantes que se producen hoy en día en Cataluña. Hacer o no hacer una ampliación de la tercera pista en el aeropuerto, parece que este es el dilema. De momento, se echa de menos en esta disputa argumentos de calado tanto a favor o en contra, que los hay en los dos sentidos, y los términos en que se plantea resultan más bien tópicos cuando no claramente superficiales. Reduciendo los argumentos al mínimo, parece que se confrontan una apuesta por el crecimiento económico, del que un aeropuerto dimensionado sería una pata significativa, ante los que primarían la defensa de una zona natural de interés y que creen que debe continuar siendo protegida ante los embates del cemento. O más vuelos de avión o salvaguarda de los pájaros. Especialmente el sector turístico, con el apoyo de las organizaciones empresariales, abonan una ampliación que entienden permitirá recuperar y aumentar el flujo de viajeros que deben llenar y dinamizar la ciudad de Barcelona y dar sentido a los recursos de las zonas costeras. Para los escépticos en que la ampliación aeroportuaria sea necesaria, el impacto ambiental que se derivaría en una zona ya especialmente congestionada resulta innecesario y poco justificable. En términos políticos, la confrontación está servida entre los partidarios del pragmatismo economicista y aquellos que creen vale la pena pensar un poco más allá. Más grande, no siempre es mejor. Hay también un amplio sector del arco parlamentario que tiene la tentación de gustar todo el mundo y no se ha pronunciado. De hecho, todavía no se sabe muy bien cuál es la posición definitiva sobre el tema por parte del nuevo Govern de la Generalitat.

Probablemente todos estaríamos de acuerdo en que, si se tiene que hacer y se hace, que se haga bien y se minimice el impacto. Se impone la pregunta, ¿es necesario? Hay dos aeropuertos más en Cataluña notoriamente infrautilizados y uno más, el de Lleida, que no se utiliza para casi nada. ¿No sería posible constituir con todos ellos un sistema integrado que nos ahorre la operación de agrandamiento de El Prat? Si el resultado de establecer esta red no es equivalente al carácter referencial de disponer de un aeropuerto más grande, ¿cuál es en realidad la función que se le dará en el aeropuerto barcelonés? La cuestión de fondo y creo que muy relevante es si esto permitiría convertirlo en un hub remarcable tanto de vuelos entre las principales ciudades del continente, como especialmente de enlaces con los principales aeropuertos del mundo, lo que ahora no es. Esto, probablemente justificaría una ampliación que daría a Barcelona una posición estratégica y que le permitiría desarrollar en el entorno catalán actividades económicas de base tecnológica de interés y atractivo globales. Quiero decir que resulta crucial para decidir explicitar cuál es la estrategia económica de fondo que puede sustentar dar más amplitud a esta infraestructura, en definitiva, cuál es el proyecto de país y de futuro que habría detrás.

Ultimátum empresarial en favor de la ampliación del aeropuerto de Barcelona

Porque, no nos engañemos, si de lo que se trata es de aumentar los vuelos low cost que son los que hasta ahora predominan en este aeropuerto, para inflar un sector turístico que antes de la pandemia ya resultaba insostenible para la ciudad de Barcelona y para su entorno, quedaría más que justificada la negativa a la ampliación. Este es un sector que ha sufrido muchísimo con la pandemia y que parece coherente con las infraestructuras hoteleras que se disponen que recupere un cierto peso económico. Seguro que el país lo necesita. Pero habría que evitar el exceso de dependencia hacia una actividad sobre la primacía de la que no es posible mantener una economía moderna y competitiva, ni una sociedad equilibrada. Poco valor añadido, mucho impacto ambiental y social, desestructuración de una ciudad gentrificada y convertida en una especie de Port Aventura urbano y mucho trabajo precario. Los datos son elocuentes. El turismo movió en Cataluña, en 2019, casi 40 millones de personas, 21,5 millones de las cuales eran extranjeras, con una facturación aproximada de 25.000 millones de euros. Es mucho. Sólo la ciudad de Barcelona recibió 12 millones de visitantes, lo que equivale comparativamente a más del doble del turismo que recibió todo Brasil en ese mismo año. Una exageración. Pensar que el modelo económico de país es éste resulta aterrador, como lo es que no se haga un mínimo cómputo de las externalidades negativas que todo ello genera y se renuncie a evolucionar hacia un turismo posible y sostenible. Todo esto hay detrás de una decisión como la de ampliar si o no el Prat. Estaría bien que se discutiera y se nos enseñara la fotografía completa y no sólo un detalle de ella.

Criptomonedas

No hay foro de jóvenes en el que no aparezca el tema del Bitcoin u otras monedas virtuales como camino para enriquecerse de manera rápida y fácil. Quien más quien menos ha puesto algún dinero y los más osados ​​han convencido a padres o abuelos, que no entienden de que carajo hablan, que compren con sus ahorros ya que se ve que esto de la tecnología blockchain resulta la versión moderna y segura de lo que a nivel evangélico era la multiplicación de los panes y los peces. Más que grandes cantidades, se suelen hacer pequeñas o medianas aportaciones para no quedarse fuera de tan buen negocio. Una vez más, se obvia la noción de riesgo, y aquí es altísimo. Para hacer la compra, se recurre a empresas intermediarias que cobran una cantidad desmesurada por hacerlo. Estas sí que hacen un muy buen negocio. Cuentan con la credulidad de chicos, que se han agenciado cuatro informaciones insuficientes sobre el tema y, en general, buenas dosis de ignorancia, empujados a “hacer negocios” que no son más que posiciones especulativas sin posibilidad de sostenibilidad a medio o largo plazo. El problema, es que se ha generado una auténtica adicción fundamentada en una fe inducida y en una pulsión ludópata que sólo puede terminar entre mal y muy mal. Sorprende ver como la forma de expansión de estas “inversiones” se hace en forma de mancha de aceite utilizando el sistema de comercialización triangular que ya se ha usado en muchos productos -siempre milagrosos- físicos. Captación de clientes convertidos en agentes comerciales para pagar su aportación y hacer crecer el negocio. Siempre motivados por primitivos sistemas doctrinarios, encuentros de activación y gurús de referencia. Se les convence de que ellos han entrado a participar en un grupo selecto, en una comunidad, que poseen un conocimiento que está vetado al conjunto de los mortales. Espíritu y comportamiento de secta. A partir de aquí objetivos comerciales ambiciosos a alcanzar, en que lo mercantil y lo doctrinario terminan por confundirse. Adicción, sometimiento, obnubilación de la razón y dependencia económica. No es necesario que se preocupen con las pérdidas y deudas de hoy. Para los gurús que pululan en este mundo, esto sólo es el preludio del enriquecimiento y el triunfo del mañana. En la escenografía que se organiza para captar y mantener los incautos no hay lugar para el fracaso.

Los videojuegos y las criptomonedas: ¿cuales son las ventajas y desventajas  de utilizar este medio de pago? - Cultura Geek

Y es que, digámoslo claro, todo lo que se mueve en torno a las criptomonedas es una gran estafa. La definición de “cripto” ya debería provocar sospechas. Contrariamente a lo que se dice, no son “monedas” alternativas porqué no son depositarias de valor alguno y no hay ninguna institución ni nadie que las avale, que pueda responder por ellas. Ningún Fondo de Garantía de Depósito. Son un engaño piramidal, un esquema Ponzi, en el que el valor del activo aumenta sólo en la medida en que se capte nueva gente que adquiera y, cuando esto no se produce, carrera para intentar vender y rápido desmoronamiento y quiebra. Que algunos gurús de Silicon Valley como Elon Musk hayan hecho alguna compra de bitcoins los ha estimulado al alza, pero automáticamente los ha devaluado cuando ha salido. Como sistema de pago alternativo sólo se puede utilizar en ámbitos muy marginales. En cualquier caso, al igual que sucede con las dinámicas bursátiles, cuando los pequeños inversores sienten que tienen que vender los expertos ya hacen tiempo que lo han hecho. Para estos últimos sólo quedan las pérdidas. Sobre el carácter no confiable de las criptomonedas han escrito prestigiosos economistas como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, este último aparte de premio Nobel de Economía fue durante años economista jefe del Banco Mundial. Este último se ha pronunciado sobre el carácter no confiable de monedas que no contienen ningún valor más allá de ser convertidos en un activo especulativo detrás del cual no hay nadie, si acaso intermediarios que juegan con las ganas de enriquecimiento fácil y rápido de la gente. Se vende el anonimato de los creadores del Bitcoin de manera positiva, como si fuera el resultado de la teórica cultura colaborativa que se habría impuesto con la red y que resultaría inherente a la tecnología digital. No habrá teléfono al que llamar para pedir responsabilidades cuando se produzca la debacle ni referencia a la que demandar judicialmente para ajustar cuentas. Todo habrá sucedido en un espacio opaco, inmaterial e imaginario. El único tangible será lo que habremos perdido en dinero real y la indignación y vergüenza que nos provocará haber sido tan inocentes, demasiado codiciosos, poco prudentes y excesivamente crédulos.

Embridar las grandes tecnológicas

Asistimos al que parecen los primeros intentos serios de las administraciones públicas para conseguir que las grandes corporaciones tecnológicas se sometan a reglas. Veremos como acaba. La batalla será larga y dura y no es muy seguro que se gane en favor de la sociedad. La Unión Europea parece haber entendido que el capitalismo de las grandes plataformas más que disruptivo resulta ser un sistema depredador en la captación de rentas y un terrible acelerador de las desigualdades económicas y sociales. Conseguir que paguen impuestos, que no constituyan oligopolios o monopolios, que respeten los derechos de propiedad y que no dinamiten cualquier noción de privacidad resultará una tarea larga e ingente. Más allá de la capacidad de lobby de las grandes compañías como Google o Apple, a menudo la defensa que han hecho los Estados Unidos de estas prerrogativas autoconcedides, dificulta mucho una regulación que resulta imprescindible e inaplazable. Ahora, incluso los Estados Unidos de Joe Biden empiezan a tener problemas con la vocación de estar por encima de todo de Amazon.

Y es que el mundo de internet se ha ubicado como un espacio más allá de la territorialidad, y se aspira a que todas las leyes y normas que rigen la vida “analógica” no operen en este teatro de los sueños que se pretende que sea ​​la Red. La economía de plataformas genera unas dimensiones corporativas que hace casi imposible su control político y social, pero lo que lo imposibilita del todo es una actividad sobre la que se ha creado un manto místico que no puede ni se quiere que sea sometido a las leyes humanas, como si estuviera más allá del bien y del mal. Un territorio exento del predominio del Estado de derecho y de las legislaciones convencionales. Un mundo donde pretenden que lo único a proteger sean los derechos de propiedad de los algoritmos de sus operadores. Si las sociedades se enfrentan a situaciones de paro masivo, precariedad extrema y niveles de desigualdad inaceptables, se debe a que los gobiernos democráticos han renunciado hasta ahora a legislar sobre el impacto de la economía digital y los grandes efectos colaterales, económicos y extraeconómicos, que genera. Los niveles de concentración de riqueza y de poder en unas pocas manos no es algo connatural a la tecnología, sino a una trascendente falta de regulación de cualquier tipo. El poder tecnológico no tiene leyes, y se basa en la apropiación de riqueza generada por los ciudadanos -los datos-, el carácter monopolístico de su acción, la falta de límites al asalto de la privacidad que practican, la falta de legislaciones laborales adecuadas ya la elusión y fraude fiscal generalizado que practican.

Fallece Forges, tecnología y progreso entre viñetas

El globalismo absoluto y la dinámica de “ganador único” están devastando sectores productivos enteros. Allí donde penetra la economía de plataforma arruina multitud de empresas, acaba con gran parte del empleo y destruye ecosistemas socioeconómicos que costaron mucho crear. Aunque se sostiene que es un fenómeno de “destrucción creativa”, en realidad funciona como una lluvia ácida que empobrece en muchos sentidos. La pretendida eficiencia absoluta de lo digital, en realidad resulta ineficiente para crear riqueza y bienestar compartido. Queda ahora lejos el mundo del capitalismo competitivo y con reglas de juego. Estamos en un capitalismo cognitivo sostenido sobre la intermediación en el que los mercados conceden recompensas descomunales a un pequeño número de “estrellas”. Dieciocho de las treinta marcas principales según su capitalización bursátil son empresas orientadas a plataformas, mientras el desarrollo se basa en la captación y apropiación de datos. Un mundo hiperconectado que genera unas expectativas que no se podrán cumplir para la mayoría de los ciudadanos. Los riesgos sociales de la frustración resultan inmensos a medida que las poblaciones sientan que no tienen ninguna posibilidad de llegar a cierto nivel de prosperidad. Hoy, un trabajo de clase media ya no garantiza un estilo de vida de clase media, mientras las facultades de regulación de los Estados están siendo desafiadas en un grado sin precedentes.

Más allá de los aspectos de la economía de plataformas que deben ser establecidos por las leyes tributarias y laborales y que deben reflejar también en las leyes de defensa de la competencia, se requiere a algo parecido a una Ley General de Internet, que establezca derechos, garantías y prohibiciones que conviertan esta selva en un espacio civilizado y el servicio de la sociedad. Necesitamos leyes de protección de datos sólidos para este nuevo mundo feliz de los datos. El reto que la Unión Europea tiene sobre la mesa, también los Estados Unidos, resulta grandioso y muy trascendente.

Prisioneros del relato

Cien días después de las elecciones y de manera agónica, finalmente se conformará un gobierno independentista en Cataluña. Con toda la escenificación previa de desencuentros y con el abismo siempre como horizonte posible, la cuenta de pérdidas y ganancias que han hecho los dos partidos en juego los ha llevado a un acuerdo al que no parecen dar mucho recorrido ninguno de los firmantes. Hemos asistido a una batalla política y sobre todo mediática para intentar endosar los costes del fracaso al otro, pero el empate en los posibles efectos nocivos, así como un acentuando sentido de ocupación del poder ha dado lugar a un acuerdo en el que no cree nadie. Sólo se gana tiempo y comienza la cuenta atrás. Hay en competencia no sólo estrategias confrontadas, sino fobias y descalificaciones bien engrasadas y alimentadas durante los últimos tiempos. Entre el anuncio del acuerdo y el pleno de investidura ya se están dando episodios de hostilidad. El texto firmado tiene la ambigüedad suficiente para ser interpretado a conveniencia de cada uno y poder ser utilizado a gusto como arma arrojadiza. Resultaba bastante evidente que acabaría por hacer un pacto temporal, que se impondría una tregua, que no un armisticio. ERC ha sido prisionera del temor bien arraigado a ser tachados de traidores en un relato independentista que domina claramente el mundo de Puigdemont. También el no hacer ascos a la oportunidad de ocupar la presidencia de la Generalitat, esperando un efecto balsámico y casi prodigioso de esta institución. La experiencia del anterior presidente debería haber hecho evidente que los milagros en política son más bien escasos. Para ello, han tenido que soportar menosprecios y humillaciones repetidas del socio contrincante, interesados en hacerlos llegar a puerto minorizados en su autoridad. La renuncia a formar parte del Gobierno de Elsa Artadi no puede entenderse sino en esta clave.

No se puede negar que JuntsxCat ha jugado bien sus cartas. Algo especialmente relevante si atendemos a que, dentro, conviven al menos tres almas y no con mucha armonía ni con objetivos coincidentes. La pulsión pujolista de poder, sin embargo, se mantiene intacta y han sabido utilizar los temores y complejos del rival. Como en el filme de Nicholas Ray, Rebelde sin causa, han asumido el estoico papel de James Dean/Jim Stark aguantado la carrera hacia el abismo hasta que el competidor ha frenado abandonando el discurso de gobierno alternativo o en solitario que no tenía ninguna credibilidad, ni siquiera posibilidad de hacerse posible. No está nada mal que habiendo conseguido sólo el 20% de los votos y la tercera plaza en las elecciones, los de JuntsxCat se dispongan a gestionar el 70% del presupuesto de la Generaliat y disfruten del escaparate de la presidencia del Parlamento. También resulta paradójico que con un cámara en la que más del 70% de los diputados se dicen de izquierda, las decisiones claves las tome a partir de ahora la derecha. El precio pagado por ERC para una presidencia del Govern notablemente devaluada aún aumenta si tenemos en cuenta que ha quedado este partido totalmente prisionero de una estrategia que no es la suya, o al menos no es la que afirmaban tener. Las ocasiones para que el “procesismo” les pase factura serán muchas. La situación conflictiva y la estabilidad insegura de la mayoría de gobierno española tampoco les ayudará mucho.

La política, según Malagón | Ideas | EL PAÍS

A pesar de la excepcionalidad de los tiempos que vivimos, la política catalana parece cómodamente instalada en continuar practicando un espectáculo formal muy vistoso y entretenido, pero absolutamente irrelevante respecto al bienestar y las perspectivas de futuro de sus ciudadanos. Se les sigue sin dar las malas noticias con relación a unas expectativas y promesas creadas por el Procés, durante años, que distan mucho de poder ser alcanzadas en un plazo histórico razonable. Pero se mantiene el discurso y continúa la representación. El independentismo, como la orquesta del Titanic, continúa tocando una música que no se corresponde a una realidad circundante que requiere de otras partituras y, probablemente, de nuevos intérpretes. La disonancia cognitiva se ha instalado en la sociedad y la política catalana: desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones que genera una disparidad entre lo que se piensa y se plasma con la forma en que se actúa. Tarde o temprano alguien tendrá que decir la verdad, tratar a la sociedad catalana como adulta, reconocer que “iban de farol” y que lo que se había prometido no es mucho más que una quimera, algo que, en todo caso, no puede ir más allá de un sentimiento que resulta difícilmente materializable. Sería un primer paso para recuperar el sentido de la realidad y, de paso, afrontar todo lo que no hemos encarado en la última década. No hacerlo, conllevará instalarnos, casi definitivamente, en la esquizofrenia.