Las formas y el proceso que se sigue por la elaboración y aprobación de una ineludible reforma laboral en España no es la más recomendable. La pugna al respecto entre los diversos actores del gobierno está dificultando su éxito y enturbiando su trascendencia. La forma se impone al fondo. La imagen que se da es de controversia y conflicto, pero nadie ha conseguido explicar las divergencias reales, si es que están ahí. Más que nada lo que existe es un conflicto entre relatos confrontados. Todo el mundo quiere el protagonismo en un tema de especial sensibilidad entre los votantes de izquierdas, un espacio que hacia final ya de legislatura rivalizan el PSOE y Podemos. El peligro de tanta pasión por capitalizar esta reforma de la legislación laboral es que se acabe rompiendo el juguete y el relato que quede sea de desgobierno, a beneficio del Partido Popular y el conjunto de las derechas. La escenificación de división gubernamental da alas a la oposición y resulta una mala forma de encarar la negociación y acuerdo con los agentes sociales. De hecho, de lo que se trata es de hacer una contrarreforma a las leyes laborales del Partido Popular que significaron más que una liberalización del mercado laboral una auténtica genuflexión del trabajo frente al capital, una flexibilidad que ha comportado el triunfo de la precariedad y de los puestos de trabajo temporales y de baja calidad.
Así pues, en un país que sigue liderando el paro en Europa, resulta más necesario que nunca promover legislaciones que impulsen la economía, proporcionen empleo estable y de calidad y faciliten el establecimiento de rentas salariales suficientes e inclusivas. Tenemos todavía un paro del 14% y con tendencia a convertirse en crónico y un dramático desempleo juvenil del 33%. Un paro de larga duración como lo indica que más de 1 millón de personas llevan ya más de 2 años en esta situación, o bien existen más de 600.000 familias en las que no hay ningún ocupado ni ningún tipo de prestación o ingreso. De la gente que tiene trabajo, muchos lo tienen sólo a tiempo parcial y con niveles de salarios que les obligan a pasar por el Banco de Alimentos después de la jornada laboral. Sí, hay empleos que coexisten con las colas del hambre. Gracias a la primacía del concepto de flexibilidad en la legislación laboral vigente, el 90% de los contratos que se firman son temporales y justamente esta temporalidad que no da ni estabilidad ni seguridad para desarrollar un proyecto de vida a medio y largo plazo ya está globalmente en España de un 30% de los contratos cuando, por ejemplo, en Alemania sólo es de un 8%. El establecimiento de suelos salariales con mínimos dignos resulta ineludible tanto por una inclusión social que es de justicia como para garantizar niveles de consumo que estimulen la demanda agregada y el conjunto de la economía. Los datos son claros. Si hace diez años los salarios representaban el 66% del PIB español, hoy son ya sólo el 59%. Justamente, para restaurar el peso de los salarios es necesario reequilibrar los sistemas de negociación colectiva, y contrariamente a la legislación actual que prima los convenios de empresa, es necesario dar prelatura a los convenios sectoriales, sistema que asegura que ningún trabajador, especialmente los de empresas subcontratadas, quede fuera de cobertura y de las exigencias laborales básicas.

Ciertamente, una buena y justa legislación laboral no hace milagros. Si queremos empleo suficiente y de calidad son necesarias políticas económicas que incentiven actividades productivas de mayor valor añadido y con puestos de trabajo cualificados y de elevada productividad. Mantener estrategias basadas en actividades intensivas de mano de obra no calificada y mal pagada para producciones destinadas a la exportación o insistir en el predominio del turismo y las externalidades negativas que genera no nos llevará por un camino de progreso económico suficiente y equilibrado ni proporcionará bienestar a la mayoría de la población que debería ser lo que se impusiera. Sin embargo, una adecuada regulación del mercado laboral resulta absolutamente necesaria. En aras de acabar con las rigideces y en pro de la flexibilización, se instauró a partir de las leyes laborales de Mariano Rajoy del 2012 el sálvese quien pueda y el triunfo del empobrecimiento y la precariedad. Hoy debe revertirse. Resultaría imperdonable que la izquierda en el poder no fuera capaz de hacerlo porque que se lo impidieran disputas de protagonismo.