El otoño está resultando laboralmente caliente para el Gobierno y los frentes de conflictividad que se le abren van en aumento, mientras el Partido Popular se frota las manos porque su relato de una España sumida en el caos le resulta un buen contexto para intentar un vuelco electoral y político. Los próximos meses no parecen ser muy favorables al gobierno de izquierdas ya que la recuperación económica se manifiesta insuficiente y desequilibrada para compensar las muchas carencias y malestares acumulados en la sociedad. Los fondos Next Generation son un bálsamo, pero no llegan para todo. La desconfianza sobre el futuro incierto de la pandemia tampoco contribuye a calmar las aguas.

La explosión violenta en el sector del metal gaditano se ha convertido en un foco de tensión y nos ha proporcionado imágenes que nos retrotraen a las crudas movilizaciones que acompañaron a la reconversión industrial española del sector siderometalúrgico, allá por los años ochenta, y que llevaron a los sindicatos a convocar una huelga general contra el gobierno socialista de Felipe González y contra las políticas del poco socialista y muy «liberal» ministro Carlos Solchaga. En este caso actual, la huelga y la toma de la calle pretende hacer mover una inflexible patronal provincial del sector, la cual no acepta proporcionar mayores grados de estabilidad laboral y unos aumentos salariales acompasados ​​con la inflación que, afirman, no resulta sostenible en un sector donde los márgenes se han ido estrechando. Como siempre, se trata de que lo pague el eslabón más débil, el trabajo.

El contexto socioeconómico respalda los temores a los despidos y la pérdida de los puestos de trabajo. Los niveles de desempleo en la bahía de Cádiz están muy por encima de la media española que ya es muy elevada y la precariedad contractual no hace más que alimentar los ya numerosos miedos. Más de 20.000 trabajadores se han manifestado y se hacen sentir en el espacio público porque ya no pueden más y los sindicatos tradicionales tienen serias dificultades para contener y encauzar una protesta movida por la rabia. La inflación y la fuerte subida del IPC no estaba en la ecuación gubernamental de salida de la reclusión pandémica. La geopolítica, las dificultades en las cadenas de suministros y la falta de chips que lastra la producción industrial no estaban en las previsiones. Los sueldos pierden rápidamente capacidad adquisitiva mientras la presión sobre el trabajo va empeorando, como en el caso de la industria del metal gaditana, las condiciones laborales en forma de horas no remuneradas, jornadas en festivos, dificultad de acceso a los servicios sanitarios… Con la precariedad laboral es fácil recortar e incluso conculcar los derechos de los trabajadores. El trabajo resulta desarmado frente al ánimo del capital. Nada nuevo bajo el sol.

El problema de fondo que evidencia la movilización gaditana es la perversión de un sistema basado en una multitud de subcontrataciones a partir de varias empresas de referencia en el sector. Las grandes firmas como Airbus, Alestis, Dragados o Navantia disponen de plantillas cortas y con personal en relativamente buenas condiciones laborales. Pero el grueso de los pedidos que reciben, muchas veces del Estado, se difuminan en una pirámide de subcontratos donde las condiciones de los obreros van empeorando a medida que se desciende a terceros y cuartos niveles donde se realiza gran parte de la producción real en pequeñas y medianas empresas auxiliares. Es aquí donde se concentra la precariedad y los bajos salarios, donde se instala una preocupación que muta hacia la indignación y la movilización violenta. Ya no es sólo una cuestión económica lo que enfurece a los trabajadores. Es una cuestión de decencia y honorabilidad. Se podrá argüir que la cuestión compite únicamente a la patronal gaditana del sector del metal, que es ella la que debería mover ficha. Sin embargo, no es del todo exacto. Existe un inmenso problema de omisión de responsabilidad de las grandes empresas porque existe una legislación laboral que permite establecer cadenas interminables de subcontratos, de recurrir a trabajadores “externos” en condiciones de vasallaje o de semiesclavitud. Si algo debe contener la nueva legislación laboral que debe aprobar, próximamente, el Congreso de los Diputados y que no está presente en las leyes actuales, son las nociones de dignidad y de respeto para los trabajadores.

En el mundo digital, nunca estamos al margen. Nos controlan nuestros dispositivos, nuestras apps, nuestra interacción en las redes sociales, así como la multitud de sensores que acompañan al artefacto móvil propio y de los demás. Con el Internet de las Cosas (IdC), es imposible no estar siempre bajo observación. Los sistemas de reconocimiento facial instalados en la calle nos tienen siempre ubicados y bajo control. Realmente los objetos nos miran. Esto vulnera una mínima noción de privacidad, pero sobre todo se mantiene siempre en estado de vigilancia y en disposición de ser activados. Los dispositivos móviles nos mantienen constantemente de guardia y a merced del “imperativo digital”. No hay descanso posible ni desconexión. Tener un smartphone en el bolsillo significa tener el acceso al mundo en la mano, pero también significa estar siempre en manos del mundo. Al recibir un mensaje, se nos exige respuesta y acción. Tácitamente, aceptamos ser llamados a actuar en cualquier instante, por lo que perdemos dosis importantes de libertad. Si no lo hacemos, nos sentimos permanentemente en infracción y nos vemos obligados a pedir disculpas por cualquier demora o por estar “fuera de cobertura”. Internet y los dispositivos móviles son ante todo instrumentos de “registro”, más que de comunicación. Un mecanismo del capitalismo llamado cognitivo que supera con creces cualquier forma de control social anterior. Facebook o Gmail son las máquinas de espionaje más grandes que jamás han existido. Vivimos mansamente en una auténtica jaula de cristal que el mundo digital nos ha creado y va ampliando su transparencia y exposición. Cuando una persona se sabe observada, su comportamiento se vuelve más conformista y obediente. El rastreo utilizado durante la última crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la capacidad de los estados y de las grandes corporaciones que les auxilian para ejercer un estricto y exhaustivo control de sus ciudadanos.

Los datos son el nuevo petróleo. Con datos suficientes, es posible percibir correlaciones y descubrir patrones. Eric Schmidt, antiguo CEO de Google, presumía: “Sabemos dónde estás. Sabemos dónde has estado. Podemos saber más o menos lo que estás pensando”. Es evidente que las empresas dominantes son aquéllas que han acumulado los retratos más completos de nosotros. Los detalles íntimos incorporados en nuestros datos se pueden utilizar para minarnos; los datos proporcionan la base para la discriminación invisible; se utilizan para influir en nuestras elecciones, en nuestros hábitos de consumo e intelectuales. Los datos ofrecen una radiografía del alma. Las empresas convierten esta fotografía del yo interior en una mercancía comercializable en un mercado, comprada y vendida sin nuestro conocimiento. Las grandes plataformas han llegado a ser dominantes sobre la base de su exhaustiva vigilancia de los usuarios, el control absoluto de las actividades y sus dosieres cada vez más voluminosos. Sin duda, una versión muy mejorada y ampliada de lo que un día fue Stasi. Lo que aparentemente es investigación de mercado, termina siendo vigilancia personal a través del sistema de perfilado de datos. La matemática estadounidense Cathy O’Neil ha alertado de cómo el big datacondiciona el acceso a un crédito o a un trabajo y hasta dónde patrulla la policía. De hecho, los prolijos perfiles personalizados están desarrollando ya el concepto “economía de la reputación”, lo que implica que el precio a pagar por productos y servicios se acomodará a nuestro detallado perfil digital.

El Internet de las Cosas multiplica exponencialmente la generación de datos y nuestra transparencia. Lo hace GoogleGlass, pero lo hacen los últimos modelos de televisores, que tienen la “inteligencia” para registrar nuestras costumbres domésticas y así ofrecernos anuncios personalizados. Los datos que acumulan los robots de limpieza que se van generalizando en nuestros domicilios son ingentes. Saben más y de forma más sistemática sobre nosotros que nosotros mismos. Google Chauffeur, el coche sin conductor, conocerá todos nuestros hábitos y relaciones. ¿A quién proporcionará la información? Esto es una “república de vidrio” en la que la vigilancia y el control se convierten en absolutos. La libertad desaparece. La idea del panóptico de Jeremy Bentham queda como un método de control puramente anecdótico comparado a un sistema de observación electrónico basado en 50.000 millones de dispositivos inteligentes a los que facilitamos toda nuestra vida sin queja alguna. La intimidad se ha convertido, sin duda, en un privilegio de ricos. Las empresas de big data saben lo que hicimos ayer, lo que hacemos hoy, pero lo realmente preocupante es que también saben lo que haremos mañana, cuando todavía lo desconocemos nosotros. Los estados nos siguen en el espacio público con un sinfín de cámaras que nos identifican. El coronavirus ha servido para blanquear todo este inmenso sistema de control público-privado.

En España, el Mediterráneo, antes que un mar o una posición geográfica, es un concepto, una idea. Alguien también diría que un estado de ánimo. Frente a la concepción de un país radial de pretensión homogénea y unitaria, existe una realidad tozuda que hace que el Estado sea una realidad poliédrica y multicéntrica. Que así sea, no es una debilidad sino una inmensa riqueza. Por eso se impone una configuración política de tipo federal. Ir más allá del estado autonómico, que algunos sectores reactivos siempre han visto como una concesión, hacia una forma de Estado que sea el resultado de una suma de voluntades diversas en el que la pluralidad sea emblema y condición más que un lastre o un problema. Que todo el mundo se reconozca tanto en lo común como respete lo diferente. Uno de los territorios más dinámicos del conjunto y que tiene intereses complementarios en su potenciación y desarrollo es el eje marítimo que va desde Andalucía hasta Francia, pasando por Murcia, la Comunidad Valenciana y, lógicamente por una Cataluña que es quien le da a este territorio más sentido y fuerza. Una vía de entrada y salida de mercancías, ideas y personas que requiere sensibles mejoras en sus infraestructuras, especialmente las ferroviarias, para poner en valor toda su capacidad y el efecto multiplicador de su agregación. Un eje que para algunos sale de la Almería productora de alimentos y que para otros puede ir hasta la culturalmente pujante ciudad de Málaga o al estratégico puerto de Algeciras. Contiene la riqueza agraria e industrial de la región murciana, la capacidad manufacturera y portuaria de Valencia, el clúster petroquímico de Tarragona, como el puerto, la industria y la capitalidad de servicios barcelonesa.

Un eje de cariz socioeconómico, también cultural que, aunque no está conformado por una única «identidad fuerte», dispone de más elementos de cohesión y complementariedad de los que desde algunas visiones demasiado reduccionistas de la política y de identidades entendidas como a trinchera de separación se quisiera. Estamos hablando de un territorio con más del 40% del PIB español, donde existe una docena de ciudades de más de 100.000 habitantes, que puede compartir estrategias de desarrollo y, sobre todo exigir las inversiones que se requieren y el trato que se merece, a la vez que contribuir a concretar una visión y un funcionamiento de España más acorde con su realidad diversa y policéntrica. El gobierno español habla de importantes inversiones ferroviarias que, dicho sea de paso, van un poco tarde pero que harían realidad la conexión de alta velocidad entre Francia y Almería allí para los años 2025 y 2026. Más allá de la voluntad gubernamental actual de dar preferencia a este corredor, es necesario aprovechar que los fondos europeos de recuperación presionan favorablemente pues hacen de esta infraestructura una prioridad inversora. Se calcula que cada euro invertido tendrá un retorno de 3,5 en forma de PIB.

Las instituciones, el empresariado y la sociedad civil de todas las comunidades afectadas se han movilizado y actúan de lobby para evitar mayores retrasos a una demanda que ya es histórica. #QuieroCorredor se ha convertido en eslogan de reivindicación y movilización. Sin embargo, incomprensiblemente el Gobierno de Cataluña no está. Ni en los actos conjuntos que realizan las diversas comunidades y agentes sociales, ni haciéndose la fotografía de ninguna estrategia compartida. Un grave error. Se sigue cultivando la idea de que Cataluña va por libre y que no hay intereses comunes con otros territorios. Se practica un aislamiento que pretende ser expresión de singularidad, cuando en realidad lo es de insolidaridad y falta de grandeza. Sería necesaria una mirada más amplia y una mejor visión estratégica que superara el exceso de inmediatez y de miopía política. El sentido común nos indica que justamente el gobierno de Cataluña debería liderar no sólo una reivindicación que le favorece, sino por lo que significa de concepción avanzada y moderna de España. La arrogancia nunca es un síntoma de fortaleza, sino que lo es de decadencia.

Las conferencias internacionales sobre cambio climático siempre crean expectativas que al final se frustran. Acaba de pasar con el COP26 o cumbre sobre el clima de Glasgow. Discursos afligidos, caras de preocupación, evidencias ciertas que nos dirigimos al desastre, pero posturas excesivamente diletantes, ausencias que claman al cielo y siempre notorios incumplimientos de lo acordado. Es cierto que no se ganan elecciones con medidas drásticas para combatir el cambio climático, pero no es menos cierto que o bien el tema se aborda de forma profunda e inmediata o no habrá salida razonable y ordenada. Los límites medioambientales se manifiestan ya ahora y lo son para todos. Es difícil ser exigente con países pobres y emergentes, cuando la mayor parte del problema lo hemos creado con nuestro desarrollismo los países ricos. El principal incumplidor de los acuerdos, quien sabotea reiteradamente la toma de decisiones son Estados Unidos, China o Rusia, pero Europa no le va a la zaga. Más allá de las restricciones en las emisiones de CO2 autoimpuestas o la dotación de fondos de reparación, el verdadero problema de fondo es un modelo económico basado en el crecimiento depredador de los recursos disponibles y que no ha tenido en cuenta las externalidades medioambientales que se generan. Duplicar el PIB mundial en una década o doblar cada cuatro años el consumo de energía es imposible mantener ininterrumpidamente en el tiempo. Para alcanzar el conjunto de países los niveles de desarrollo y consumo de los países de la OCDE que se estima pueden ser de 63.000 dólares anuales per cápita en 2050, se necesitaría un PIB 15 veces mayor que el actual. De hecho, hoy la producción es ya 68 veces la del año 1800. Estamos hablando de un mundo imposible hasta para la imaginación y el optimismo más audaz. El problema estructural es que la economía actual depende por mantener su equilibrio del crecimiento constante. Algo que cualquier ecólogo puede afirmar que no es ni siquiera posible plantearse. Hemos llegado al final del paradigma industrialista de los últimos tres siglos, quiera reconocerse, o no.

El fenómeno del calentamiento global y el cambio climático que genera han empezado a mostrar evidencias contundentes y sostenidas en forma de catástrofes climáticas y con la aceleración de procesos de desertización. Los gases de efecto invernadero provenientes en su mayor parte del abuso de una energía basada en los combustibles fósiles, además de convertir en auténticamente inhabitables muchas zonas urbanas y empeorar notablemente la calidad de vida y aumentar las enfermedades, provocan una alteración atmosférica que está cuestionando de forma muy seria nuestro futuro. Los combustibles fósiles, más allá de que tienen unos límites de reservas bastante definidos y que conceptualmente se basan en la sinrazón de consumir capital y no renta, generan una contaminación insostenible, además de un aumento de precios que los hacen inviables en la medida en que se vayan generalizando los estándares occidentales de consumo de energía hacia los países emergentes y los menos desarrollados. Con el modelo de consumo energético occidental, no existe energía para todos a unos costes razonables. Ni de origen fósil ni proveniente de las renovables.

A finales de siglo XXI, la temperatura media global podría llegar a crecer hasta 5 grados si no se remedia y ya se considera aceptable que se limite a 2, con lo que el deshielo de los polos y la subida del nivel del mar más de 50 centímetros nos abocaría a catástrofes inmensas y poco predecibles. Lógicamente, el cambio climático aumentará la pobreza, disminuirá la producción agrícola, así como la disponibilidad y acceso al agua potable. En cuatro décadas, muchos de los recursos minerales se habrán agotado (cobre, estaño, plata, zinc, mercurio y otros minerales estratégicos). Como plantea Ramon Folch, «las pretendidas verdades fundacionales de la civilización industrial clásica se han revelado equivocadas». Se consideró que la matriz biofísica era ajena a los procesos económicos, creyendo que sus componentes esenciales (agua, suelo, clima…) eran «bienes libres irrelevantes». La consecución de un nuevo equilibrio de sostenibilidad global requiere la instauración de un nuevo modelo de desarrollo económico, social y ambiental. La biosfera ha dicho basta, y la reacción es todavía notoriamente insuficiente, como lo demuestran la modestia y el incumplimiento del Protocolo de Kioto de 1997 o de la Conferencia de París de 2015. La cumbre de Glasgow demuestra que, aunque más preocupados, estamos donde estábamos. La sostenibilidad va poniendo en jaque el modelo socioeconómico y ambiental imperante, basado en el exceso, la desigualdad, el desperdicio y la imprevisión.