Cádiz o la revuelta contra la precariedad

El otoño está resultando laboralmente caliente para el Gobierno y los frentes de conflictividad que se le abren van en aumento, mientras el Partido Popular se frota las manos porque su relato de una España sumida en el caos le resulta un buen contexto para intentar un vuelco electoral y político. Los próximos meses no parecen ser muy favorables al gobierno de izquierdas ya que la recuperación económica se manifiesta insuficiente y desequilibrada para compensar las muchas carencias y malestares acumulados en la sociedad. Los fondos Next Generation son un bálsamo, pero no llegan para todo. La desconfianza sobre el futuro incierto de la pandemia tampoco contribuye a calmar las aguas.

La explosión violenta en el sector del metal gaditano se ha convertido en un foco de tensión y nos ha proporcionado imágenes que nos retrotraen a las crudas movilizaciones que acompañaron a la reconversión industrial española del sector siderometalúrgico, allá por los años ochenta, y que llevaron a los sindicatos a convocar una huelga general contra el gobierno socialista de Felipe González y contra las políticas del poco socialista y muy «liberal» ministro Carlos Solchaga. En este caso actual, la huelga y la toma de la calle pretende hacer mover una inflexible patronal provincial del sector, la cual no acepta proporcionar mayores grados de estabilidad laboral y unos aumentos salariales acompasados ​​con la inflación que, afirman, no resulta sostenible en un sector donde los márgenes se han ido estrechando. Como siempre, se trata de que lo pague el eslabón más débil, el trabajo.

Revueltas en Cádiz, prende la mecha del descontento social

El contexto socioeconómico respalda los temores a los despidos y la pérdida de los puestos de trabajo. Los niveles de desempleo en la bahía de Cádiz están muy por encima de la media española que ya es muy elevada y la precariedad contractual no hace más que alimentar los ya numerosos miedos. Más de 20.000 trabajadores se han manifestado y se hacen sentir en el espacio público porque ya no pueden más y los sindicatos tradicionales tienen serias dificultades para contener y encauzar una protesta movida por la rabia. La inflación y la fuerte subida del IPC no estaba en la ecuación gubernamental de salida de la reclusión pandémica. La geopolítica, las dificultades en las cadenas de suministros y la falta de chips que lastra la producción industrial no estaban en las previsiones. Los sueldos pierden rápidamente capacidad adquisitiva mientras la presión sobre el trabajo va empeorando, como en el caso de la industria del metal gaditana, las condiciones laborales en forma de horas no remuneradas, jornadas en festivos, dificultad de acceso a los servicios sanitarios… Con la precariedad laboral es fácil recortar e incluso conculcar los derechos de los trabajadores. El trabajo resulta desarmado frente al ánimo del capital. Nada nuevo bajo el sol.

El problema de fondo que evidencia la movilización gaditana es la perversión de un sistema basado en una multitud de subcontrataciones a partir de varias empresas de referencia en el sector. Las grandes firmas como Airbus, Alestis, Dragados o Navantia disponen de plantillas cortas y con personal en relativamente buenas condiciones laborales. Pero el grueso de los pedidos que reciben, muchas veces del Estado, se difuminan en una pirámide de subcontratos donde las condiciones de los obreros van empeorando a medida que se desciende a terceros y cuartos niveles donde se realiza gran parte de la producción real en pequeñas y medianas empresas auxiliares. Es aquí donde se concentra la precariedad y los bajos salarios, donde se instala una preocupación que muta hacia la indignación y la movilización violenta. Ya no es sólo una cuestión económica lo que enfurece a los trabajadores. Es una cuestión de decencia y honorabilidad. Se podrá argüir que la cuestión compite únicamente a la patronal gaditana del sector del metal, que es ella la que debería mover ficha. Sin embargo, no es del todo exacto. Existe un inmenso problema de omisión de responsabilidad de las grandes empresas porque existe una legislación laboral que permite establecer cadenas interminables de subcontratos, de recurrir a trabajadores “externos” en condiciones de vasallaje o de semiesclavitud. Si algo debe contener la nueva legislación laboral que debe aprobar, próximamente, el Congreso de los Diputados y que no está presente en las leyes actuales, son las nociones de dignidad y de respeto para los trabajadores.

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