La libertad individual y colectiva se sostiene sobre normas compartidas el funcionamiento y garantía de las cuales se basa en el mantenimiento del principio de autoridad que está depositado en las instituciones del Estado. Cuando esto se debilita o se rompe se producen situaciones caóticas, conflictos violentos que, si no se cortan, derivan en inestabilidad y en la instauración de dinámicas del «todo vale». Asistimos ya hace tiempo a numerosos episodios de desgobierno público en el que el principio de autoridad desaparece, con grupos humanos actuando de manera violenta y nihilista, al margen de normas, y actuando contra las fuerzas de orden público que son, justamente, la encarnación pública de los preceptos y de la autoridad. Los comportamientos violentos y agresivos con la policía han aumentado y mucho en los últimos años, y parece que las ganas de desconfinamiento y superación de limitaciones postpandémicas lo explique y lo deba que justificar. La desobediencia parece haber ido cogiendo cuerpo, pero no ejercida de manera pasiva como protesta o como reivindicación de derechos, sino practicada de manera agresiva y de confrontación explícita y brutal con las fuerzas policiales. La profusión de «botellones» las últimas semanas, contraviniendo la prudencia sanitaria básica, no son sólo el resultado de un espontaneismo juvenil que muestra las ganas de fiesta después de mucha cuaresma. Se movilizan miles de personas que se convierten en una turba brutal y descontrolada, que lo arrasa todo a su paso, y que deja secuelas de violencia, destrucción de mobiliario urbano, agresiones y asaltos. La policía no sólo no puede cortarlo por miedo al mal mayor que se podría generar con su intervención, sino que tiene que huir perseguida y agredida por los elementos más locos de esta masa descontrolada. Se ha impuesto, en nombre de esta libertad nihilista, la negación de cualquier autoridad y lo que Sergi Pàmies ha definido acertadamente como la práctica de la «violencia recreativa».

En Cataluña, esto se ha convertido en un fenómeno que se produce día si día también ya sea a partir de concentraciones espontáneas generadas con llamadas en las redes sociales o como la manera de terminar cualquier fiesta popular, o ya no digamos las movilizaciones y concentraciones políticas. Ha adquirido tal normalidad, que ya no sorprende a nadie ni ninguna autoridad política se ve obligada a condenarlo y aún menos a salir en defensa de los Mossos, cuerpo el cual es escrutado y convertido en chivo expiatorio para aquellos cuya responsabilidad sobre ellos debería ser comandarlo y defenderlo más que participar en su desprestigio. Se podrán argüir causas sociológicas o económicas profundas para explicar los malestares que respaldan estos comportamientos cada vez más violentos por parte, especialmente, de los jóvenes. Si nos fijamos bien, sin embargo, tanto las reacciones violentas en los «botellones» como el ataque brutal que se hace a la policía en la parte final de las concentraciones políticas no los protagonizan chicos procedentes de la exclusión social, sino estudiantes y elementos de grupos sociales de buen nivel de bienestar. Hay un problema de justificación y legitimación de esta violencia desde instancias políticas y también de opinadores y algunos medios de comunicación. Hace tiempo que dura. Cuando se detiene, sólo muy de vez en cuando, a algún energúmeno que intenta pisar la cabeza a algún policía, hay quien desde cómodos atriles habla de «represaliados» y apela a una imaginaria «opresión» y a la práctica de libertad de expresión, en una visión muy a Díaz Ayuso del concepto de libertad. Que, por ejemplo, una vicerrectora de una universidad pública, afortunadamente cesada, publicara un tuit donde decía «¡ganas de fuego, de contenedores quemados y de aeropuerto colapsado!» denota que la enfermedad está extendida, o bien que un programa del prime time televisivo catalán se le sonría la gracia a un entrevistado cuando afirma ridícula e impunemente que «el terrorismo no debería ser delito en ningún país democrático», la cual ya es pura locura. Sorprende, que en sociedades acomodadas y más bien conservadoras como es la nuestra, atraiga tanto la práctica de la barbarie como divertimento y posibilidad estética y que se le proporcione tanta coartada y justificación alegre. No estoy seguro de que esto se acepte de manera tan deportiva cuando quien lo practique sea, por la auténtica frustración que proporciona la pobreza, la enorme masa de gente excluida que de momento vamos manteniendo y conteniendo en los márgenes. Entonces si, corremos allí todos, apelaremos a la autoridad para que nos defienda.

La icónica Mesa de Diálogo entre los gobiernos español y catalán ha conseguido reunirse. A pesar de que, como no podía ser de otra manera, los resultados del encuentro son más bien escasos y la celebración ha servido para poco más que para constatar el alejamiento de las posiciones, la cita acaba por tener efectos balsámicos justamente porque ha conseguido hacerse contra embates, boicots y disparos de artillería. Aunque momentáneo, el éxito radica no en lo hablado sino en haberse hecho una fotografía que se ha intentado dinamitar desde muchos lugares, pero especialmente desde dentro del movimiento independentista. Pedro Sánchez consigue mantener su inestable mayoría parlamentaria para seguir con la legislatura al menos un curso más y desarma la virulencia de una derecha que ha querido hacer del diálogo del Estado con el independentismo el canto del cisne del gobierno de izquierdas y del futuro político de su presidente. El discurso alarmista sobre la entrega a los postulados secesionistas hace aguas ya que no se evidencia ninguna concreción real ni ninguna carga simbólica que permita sostener que el Estado se disuelve o desaparece en Cataluña, como tampoco que se hagan concesiones que vayan más allá de la Constitución. La firmeza y demostración de autoridad que Sánchez hizo en relación con las dudas y contradicciones del independentismo con la ampliación del aeropuerto del Prat también lo reforzó y mucho tanto en España como en Cataluña. Definía no sólo el terreno de juego, sino que evidenciaba el coste que tenía para la sociedad catalana quedar en manos de mayorías políticas incoherentes y sin un proyecto de país.

Pere Aragonés ha llegado a la mesa muy debilitado, pero ha alcanzado el objetivo. Aún diciendo por activa y por pasiva que apoyaban el formato, aunque no creían en él, JuntsxCat ha intentado hacer fracasar esta apuesta bombardeandola por tierra, mar y aire hasta última hora. El golpe sobre la mesa del presidente catalán en relación con sus socios lo refuerza políticamente como fortalece su apuesta estratégica, aunque la sensación final sea que se ha quedado sin Gobierno. En una situación y comportamientos políticos normales, que es manifiestamente evidente que en Cataluña no se producen, la mayoría gubernamental debería haber disuelto de iure una vez lo ha hecho de facto, y se iría a elecciones. La contradicción estratégica, en el fondo y en las formas, entre los pretendidos socios parecería hacer imposible su continuidad. En nuestro caso, esto no ocurrirá y se continuará la confrontación aún más subida de tono, compartiendo al menos formalmente la misma mesa de gobierno, pero con una imposibilidad obvia para gobernar. ERC ha logrado imponer su estrategia dentro del independentismo, pero ha quedado aislada y prisionera de una Mesa que, como parece lógico, no dará frutos palpables e irá poco más allá de ser un espacio en el que se alternan monólogos que dialogan bastante poco.

Con la Mesa de Diálogo, básicamente todo el mundo gana tiempo. Se establece un interregno en el que se guardan las formas y se mantiene la espera por lo que suceda a partir del posible cambio de ciclo político del 2023. Este ámbito de diálogo no tiene ni probablemente tendrá más funcionalidad que el carácter simbólico de su existencia. Mientras se dialoga la virulencia de los conflictos se apacigua, esa es su lógica. Pero no nos engañemos, el tono y las maneras del independentismo que ha quedado fuera del marco del encuentro aumentará y puede salir reforzado ante las «claudicaciones» de los republicanos. Más que nunca asistiremos a la batalla por imponer cada uno su relato. Estamos ante un juego de emociones y no de razones. En este contexto, la radicalidad tiene siempre mucho que ganar. Paralelamente, y más allá de un independentismo que no va más allá de representar a la mitad de la ciudadanía, la división de la sociedad catalana entre los que aspiran a ser medianamente bien gobernados y los que anhelan una utopía se puede mantener inalterable, mientras que la declinación social y económica que ya hace muchos años que dura difícilmente revertirá. El peligro, es acostumbrarse a vivir en aguas estancadas. Que no se muevan, no significa que sean saludables.

El título resulta la afirmación de una obviedad, pero es una regla que no siempre se cumple. Cuando esto ocurre, las sociedades se debilitan por la falta de liderazgo, por carecer de la necesaria capacidad de decisión. Gobernar es también decidir, pero a veces no se quiere asumir el coste de hacerlo y se opta por marear la perdiz. Una pretensión demasiado extendida en política suele ser la de querer contentar a todos y no tomar nunca una posición clara. Lo que siempre se ha expresado como la pretensión de estar a misa ya la vez repicando, decir una cosa y, todo lo contrario. Suele terminar mal. Querer cosas contradictorias o bien apelar a electorados con pretensiones confrontadas, suele hacerlos perder a todos como muy saben los politólogos. El tema de la ampliación del aeropuerto del Prat y la suspensión de la inversión que ha anunciado el Gobierno del Estado como desenlace previsible pone en evidencia las contradicciones y vergüenzas de la política catalana, la muestra que se ha instalado una notoria incapacidad para gestionar, demasiado pendientes de la finalidad independentista. Aunque los partidos que han conformado el gobierno actual afirmaron que eran conscientes de que mientras se velaban armas para la consecución del objetivo de la secesión el país debía ser gobernado, que había que priorizar la gestión, a la hora de la verdad, no parecen ser capaces de hacerlo. Hay un problema de estrategias en conflicto entre las diversas partes del gobierno, que son formalmente dos, pero que en realidad son más. El contencioso y la neutralización mutua termina por condicionar la posición y contraposición sobre cualquier tema.

A pesar de que el presidente de la Generalitat parece haber dado al inicio de la legislatura un perfil bajo al Gobierno, estableciendo una especie de situación de espera para ver cómo avanza el tema de la Mesa de Diálogo, que condiciona toda la agenda y los movimientos posteriores, el tema del aeropuerto del Prat tenía demasiado calado como para no ser aprovechado por los actores principales de la política catalana para profundizar en su disputa. El Gobierno catalán no ha tenido una sola voz, sino que ha manifestado las contradicciones de manera amplia e interesada. Resulta que los mismos que habían firmado un primer acuerdo sobre el tema con el gobierno central, poco después afirmaban que irían a manifestarse en contra de la ampliación. El consejero Puigneró, partidario de la obra, quedaba desautorizado por los socios e incluso por gente del propio partido. Les resultará difícil hacer entender la pérdida de la inversión y todo lo que representa a los sectores económicos claramente favorables que hay en el país, así como el desorden que todo ello expresa. Más que la Mesa de Diálogo y los objetivos de amnistía y de autodeterminación que el independentismo decía querer focalizar, es ahora esta cuestión la que centrará la política catalana. Habrá quien recurrirá a la tradicional «culpa de Madrid» para excusarse, pero el problema está aquí. Gobernar y al mismo tiempo defender objetivos a largo plazo como el de la independencia, con estrategias internas en colisión, se ha demostrado claramente poco funcional, inviable.

El problema no es la posición concreta sobre el tema de la ampliación del aeropuerto, cuestión por la que hay razones que pueden justificar ser favorable a ello o no serlo. La protección del humedal de La Ricarda no es ni mucho menos el más relevante. Depende de qué modelo de desarrollo futuro se quiera para Barcelona y para Cataluña, además, de poder dudar sobre el hecho que alargar una pista de vuelo comporte de manera inmediata convertirse en un hub, lo que parece tener muchos otros condicionantes y considerandos. Quien tiene en sus manos el gobierno del país ni puede adoptar la actitud de ni si ni no, ni opinar en función del debilitamiento del socio de gobierno, como tampoco confundir diálogos políticos de más alargo alcance con la necesidad o no de este equipamiento. Firmar acuerdos y al mismo tiempo organizar manifestaciones en contra, tampoco contribuye a avanzar o bien a establecer la confianza imprescindible entre instituciones. En Cataluña casi nadie discute la legitimidad de la mayoría constituida para gobernar, lo que sí se duda muy seriamente y cada vez más, es que su actitud lo haga posible.

Hay temas que no son de blanco o de negro, y la cuestión de la eliminación de los peajes pertenece a esta categoría. Que de repente se hayan levantado las barreras que te obligaban a pasar por caja tan a menudo resulta sin duda un desahogo. En Cataluña, que teníamos la sensación cierta que había una profusión mayor que en ningún otro lugar de vías de pago tiene importancia material, pero también simbólica. Se han liberado 556 kilómetros de autopistas catalanas, curiosamente las que eran propiedad del Estado, mientras que los 120 kilómetros de pago que restan son de la Generalitat. Aunque tiene explicaciones técnicas sobre los vencimientos de la gestión, algo contradictorio si que resulta. Pero ¿es positivo o no que ya no tengamos que pagar? Pues sí, y no. Como muchas cosas en la vida es bueno y malo a la vez, tiene una carga ambivalente. Lo primero para tener en cuenta, es que los costes de mantenimiento de las vías los tendremos que pagar igualmente, lo que pasa que lo haremos a través de los impuestos. Una forma indirecta de hacerlo, que duele menos pero que nos afecta también particularmente. Es más, hasta hoy contribuía quien utilizaba estas vías y ahora lo haremos todos juntos, las transitemos o no. ¿Es mejor pagar por uso? En parte sí, es más justo. Ahora bien, la tarifa no discriminaba entre los usuarios que lo eran por necesidad de aquellos que lo hacían por gusto y aún menos entre los diferentes niveles de renta de los conductores de los vehículos. Lo que sí es seguro, que la gratuidad aumentará la fluencia de tráfico por estas vías rápidas, funcionará como un estímulo al tránsito rodado ahora que, al menos teóricamente, nos tocaría justamente impulsar la reducción de los vehículos privados para minimizar la contaminación y el impacto sobre el calentamiento global. Parece un poco contradictorio mirado en términos medioambientales. También es cierto, sin embargo, que no siempre el transporte público es suficiente o lo bastante eficiente para mudamos de hábitos en el desplazamiento. Pero también pasa, a veces, que la crítica al transporte público esconde una excusa, unas muy pocas ganas de cambiar de hábitos en una cultura donde ir a todas partes con el propio vehículo es prácticamente una adicción.

Que estas vías rápidas incorporen contingentes provenientes de vías alternativas más lentas pero que tenían el atractivo de que no se pagaba tarifa puede resultar muy beneficioso en algunas zonas. En el Maresme, por ejemplo, supondrá una significativa descongestión de una Nacional II que constituía una barrera entre estas poblaciones y el mar, convirtiéndose ahora en una vía menor y de un flujo de vehículos de escala más local. Probablemente les mejorará mucho la calidad de vida. Pero no en todo el territorio será así. Canalizar el tráfico por vías rápidas que aíslen la circulación del entorno y de las poblaciones, no siempre es bueno ya que justamente el viajero ni interactúa ni ve el territorio por el que pasa. La autopista crea un sistema autista de moverse en el que sólo importa el origen y el destino. En medio, no hay territorio ni paisaje a considerar ya que sólo hace una función puramente utilitaria para el que se desplaza, aunque justamente la huella visual y física del equipamiento suele condicionar y mucho los lugares por donde discurre. Una barrera más bien fea y infranqueable. Ya sé, que a menudo cuando vamos arriba y abajo lo hacemos por utilidad y no estamos para romanticismos, pero ciertamente en el concepto antiguo de viaje, lo más relevante no era el destino sino el camino que se hacía, lo que pasaba en el trayecto que se seguía.

En el mundo que vivimos y especialmente en nuestro país, el sistema de autopistas resulta necesario, inevitable e imprescindible. Al menos hoy en día. Es la manera principal como nos desplazamos en distancias medias y la forma en que se mueven buena parte de las mercancías. El transporte colectivo resulta sólo complementario a la hora de ir por Cataluña. Está hecho y pensado de esa manera. De manera inmediata resulta positivo que tengamos una buena red de autopistas con buen mantenimiento y, además, gratuitas. La realidad, sin embargo, es también que esto obedece a un modelo de movilidad antiguo y que se contradice con las declaraciones de buenas intenciones que hacemos sobre los impactos medioambientales, la huella de carbono y sobre el futuro del planeta. Nos llenamos la boca con el concepto de sostenibilidad, pero el modelo de transporte que tenemos y agrandamos justamente no lo es de sostenible. Los departamentos de Medio Ambiente de las administraciones suelen ser un negociado aparte que intenta hacer algunas acciones para verdear a posteriori las políticas que se hacen desde Economía, Empresa o Infraestructuras. El día que nos creamos de verdad el vector ecológico, este no será un ministerio o una consejería menor sino un componente transversal, el condicionante básico, y todos los ámbitos de gobierno le quedarán subordinados. Mientras tanto, y como dice la canción italiana: parole, parole, parole …