Éste es un gran país, en muchos sentidos. Por su dimensión geográfica, por la demografía, por poseer una cultura ancestral muy desarrollada como la persa, por su economía, por su inmenso patrimonio histórico… Tiene actualmente una sociedad muy dinámica, formada, y con numerosos movimientos vanguardistas dentro de sí, ya sea en las artes visuales, musicales o literarias. Sin embargo, ha tenido mucha mala suerte en la política y en unos sectores hegemónicos interesados en mantener una rígida estructura de clanes y el predominio de valores religiosos que asfixian a su población y, de manera muy especial, a las mujeres. Viene de lejos. Tierra de colonización inglesa, a su salida se convirtió en un reducto de confesión chií en un entorno fundamentalmente dominado por el islam suní, y con una monarquía más o menos laica, pero de comportamiento brutal y extremadamente extractiva aprovechando el regalo del petróleo como fueron los Reza Pahlavi. En 1979, se produjo un levantamiento popular, que creó muchas expectativas entre la izquierda europea, pero que acabó por convertirse en una “revolución islámica” que llevó a los ayatollahs al poder. Los iraníes, pasaron de una dictadura a otra, con el añadido ahora de que se instauraba una moralidad religiosa estricta y el predominio de la sharia como referencia legal y vital.

La Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar y policial del régimen se ha convertido durante estos años en la élite económica y política, en una especie de nueva burguesía. Pese al formal predominio político y social de lo religioso, la sociedad iraní ha cambiado, y mucho, durante estos cuarenta años. La dureza de los primeros años del régimen se ha relajado, pese a episodios de demostración de que las cosas siguen igual. Especialmente en la capital, bajo la aparente capa de religiosidad, hay un mundo que bulle, con gente joven formada capaz de generar una dinámica cultural laica muy importante e interesante. Quedan, sin embargo, vestigios del islamismo más tradicional y represor de nuevas costumbres como son la Policía de la Moral, que vigila en la calle el estricto mantenimiento de la ley islámica reprimiendo a las mujeres que van liberalizando o directamente rechazando uso obligatorio del velo. Justamente fue una acción de este cuerpo que acabó con la vida de una chica que se resistió a la imposición, Masha Amini, en septiembre de este año. Se precipitaron una serie de manifestaciones y disturbios en el país, protagonizadas por jóvenes de ambos sexos, en las que se ponía en cuestión no sólo la moralidad impuesta, sino el propio régimen. Se desbordaban las energías y malestares acumulados en una sociedad que, en buena parte, aspiraba a una vida moderna y libre. La represión, extremadamente violenta, ha sido la contestación del régimen. Se habla ya de más de 300 muertes provocadas por las actuaciones policiales.

El fútbol iraní tuvo, en el mundial de Qatar, un gesto de gran dignidad. Se negó a cantar el himno como protesta por lo que estaba ocurriendo en su país, con las consecuencias que esto seguro les comportará. De forma paralela, el régimen marcó el terreno de juego condenando a muerte al futbolista Amir Nasr-Azadani con la atribución de haber participado en manifestaciones políticas. La acusación, como en otras figuras públicas ya colgadas para que sirvan de escarmiento, es haber cometido el pecado de la moharebeh, o sea, de enemistad con Dios. Quien esperara un movimiento de solidaridad en el mundo del fútbol iba errado. Todo esto ha sucedido y se ha conocido durante el Mundial de Qatar, un evento para gloria y blanqueo de un emirato tanto o más totalitario y represivo que Irán. Ni una referencia por parte de ninguna selección o jugador de ningún país, y ya no digamos de los organismos federativos que se engordan con este deporte. Donde no ha llegado cierta noción del bien, tampoco lo ha hecho el sentido solidario que podía inducir el carácter corporativo por el trabajo del condenado. Messi ha perdido una oportunidad de oro por ser realmente grande más allá de su juego. Le correspondía especialmente a él dar un paso adelante y manifestarse, no por tomar partido político, sino en defensa de la dignidad y la vida. Probablemente, la capa con hilos de oro que le impuso el jeque catarí le inmunizaba contra cualquier percepción o sentido moral. El Dios argentino, no está ya para cosas mundanas.

El reputado intelectual y político progresista latinoamericano, Álvaro García Linera, explicaba ya hace unos años que, en el continente americano, ya no había mucho peligro de golpes de estado militares o de intervenciones de soldados de Estados Unidos, ya que de la función de liquidar a políticos y gobiernos de izquierdas se ocupaban los jueces. Si antes en las academias militares de Estados Unidos se preparaban oficiales y torturadores de países latinoamericanos para ir rectificando con la fuerza lo que decían las urnas, en las últimas décadas se formaban a jueces de estos mismos países en las costosas y elitistas universidades del vecino del norte. Al volver a su país, hacían su trabajo con “conocimiento”. Cuando le oí explicar esto, pensé que era bastante cierto y que la forma de acabar con regímenes progresistas en América Latina era, cada vez más, con intervenciones judiciales que hacían la función de brazo armado del reaccionarismo (casos de Evo Morales, Lula, Dilma, Correa…). Pero, yo creía, que sólo podía pasar en territorios donde los sistemas democráticos estaban poco consolidados y la división de poderes no había quedado bien establecida. Que esto no era posible en Europa, vamos. Iba errado. Lo que se ha evidenciado esta semana en España, llamarlo golpe de estado sería un abuso injustificable del lenguaje, pero con la interferencia intolerable del mundo judicial por medio del Tribunal Constitucional sobre el poder legislativo, se muestran algunas vergüenzas, se pone en crisis, ahora sí, lo que se ha dado en llamar el Régimen del 78 y que fue el resultado de la reforma política que permitió salir del franquismo e instaurar un sistema democrático en España.

La derecha española, cada vez más extrema y rancia, bloquea la necesaria renovación de los órganos judiciales españoles sea dicho en sentido amplio –Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo– para mantener no una hegemonía ideológicamente conservadora, sino un predominio absolutamente reaccionario que pretende eternizarse en su posición de poder. Unos jueces que forman un pool de intereses con los partidos de la derecha -PP, Ciudadanos, Vox-, y también con la derecha mediática madrileña tan poderosa. No se sabe quién tiene la primacía en este bloque, aunque probablemente la “carcundia” judicial marca el paso dado que las deudas en forma de sobreseimiento de casos de corrupción que les tiene el Partido Popular son inmensas. Mantener a jueces caducados en sus mandatos para controlar la judicatura y que sean éstos los que bloqueen su sustitución resulta grotesco. La Constitución de 1978 se fundamenta sobre el sentido de responsabilidad de los grandes partidos, que están obligados justamente a grandes acuerdos en los temas fundamentales. El de mantener una adecuada división de poderes es especialmente relevante. La derecha, sin embargo, ha apostado por las formas trumpistas y por generar enfrentamiento y polaridad. No tiene la lealtad institucional, el sentido de Estado que pese a provenir del franquismo sí tuvo en los años de la transición. Ahora, practica el cinismo y se ha descarado en la defensa de sus intereses de poder: lo que no ganamos en las urnas lo hacemos por medio de la judicatura.

La reforma de las mayorías necesarias para renovar el poder de los jueces resulta ineludible. Y habrá que hacerlo a través de una ley orgánica que quede blindada por el parlamento y fuera del alcance de tribunales que hacen de juez y de parte a la vez. ¿Qué gana la derecha con ese aplazamiento forzado? Tiempo para hacer ruido, dar la sensación de caos, imposibilitar el diálogo y la posibilidad de acuerdo, cavar aún de forma más profunda la trinchera política que va separando cada vez más a la sociedad española. Puede que la nueva ley que se tramitará resuelva, momentáneamente, este impasse, pero no pondrá fin a la deriva reaccionaria de una derecha cada vez más asilvestrada, como tampoco a la pulsión arrogante y corporativista de una magistratura anclada en posiciones ultraconservadoras y en la defensa de los sus privilegios. No les importa el daño que hacen a la democracia española porque, unos y otros, éste no ha sido un distintivo que les haya preocupado hacerlo del todo suyo.

La estrategia del partido socialista parece ser la de transitar por un cable sobre el abismo a la hora de tratar el tema de las ilegalidades cometidas por el llamado Procés a partir del verano de 2017. Buena parte de los hechos o bien están juzgados y condenados porque el código penal lo establecía, o están pendientes de ser evaluados debido a que algunos dirigentes decidieron marcharse al extranjero. Los hechos fueron graves y los efectos de ruptura de la sociedad catalana tardarán generaciones en superarse. Romper unilateralmente las leyes vigentes que constituyen el Estado de Derecho y son la base del sistema democrático, resultan punibles en todas partes. A los trumpistas asaltando de 2020 en el Capitolio se les juzga ahora justamente por el delito de sedición. No veo a nadie, excepto los encausados, que se desgarre las vestimentas por ello y más bien se aplaude. En España, después de que el Partido Popular y Mariano Rajoy practicaran la actitud contemplativa y meramente represiva sin intentar nada en el terreno político para evitar la crisis que el reto independentista generaba, la subida al gobierno del partido socialista desde 2019 ha comportado tomar un papel más activo. Se ha intentado devolver a la política lo que podía ser devuelto a ella, impulsando medidas de gracia en forma de indultos para sacar a la gente de la cárcel y poner las bases de un diálogo que debía desinflamar la situación. Estrategia del ibuprofeno se ha llamado. El coste político es grande en una política española en la que el relato predominante es de una derecha más bien asilvestrada. El PSOE conseguía con ello cierta pacificación, un volver a empezar meramente político en Catalunya y, al mismo tiempo, una mayoría más o menos estable para aprobar leyes y presupuestos. También, de paso, una ruptura en el seno del independentismo que, lógicamente, le debilitaba.

La segunda parte de la operación, de oportunidad y efectos más dudosos, está siendo la modificación del código penal bajo demanda y exigencia de Esquerra. Que la tipificación de la sedición en España era obsoleta, porque tiene doscientos años, resulta bastante evidente. Como lo era encajar en este tipo delictivo las condenas del 1 de octubre. Algo forzado. Pero también resulta insólito y de mal justificar, tanto jurídica como políticamente, que el cambio se haga a la carta ya petición de los condenados. Lo lógico habría sido hacerlo en otro momento y forma. El relato de la derecha sale reforzado y, también parece lógico, que una parte significativa de la sociedad española no digiera bien esta acción gubernamental. Lo que ya lo ha desbordado todo, es que acto seguido se modifique la legislación sobre malversación disminuyendo las penas aplicadas a los delitos que no comportan apropiación y beneficio personal del dinero mal utilizado y sustraído al erario público. La sensación general, es que se diluye el castigo a la corrupción, un mal importante en la salud democrática española, y que solamente se aborda. para que las sentencias sean compatibles con la vuelta a la actividad política inmediata de los líderes políticos de ERC condenados y, vete a saber, si también beneficiar a algún político andaluz al que le tocaría entrar en prisión por malversación.

Más allá de la reacción airada de la caverna política y mediática española, existen dudas más que razonables cómo para poner en cuestión la práctica de remover legislaciones y el código penal bajo demanda de encausados y para resolver profundos problemas políticos. No hay un buen sentido del tiempo y de la oportunidad, pero también se lanza un mensaje muy extraño a la sociedad cuando se trastornan las leyes ad hoc y de forma improvisada. Se podría justificar en aras de unos efectos políticos muy positivos, los cuales dudosamente se darán. Todo esto no responde a un pacto serio con el independentismo, ni tampoco con Esquerra. Este partido no se comporta con ningún tipo de prudencia, que le exigiría cierta contención verbal y evitar ir poniendo sobre la mesa nuevas demandas por satisfacer. Pedro Sánchez, experto en moverse en situaciones políticamente agónicas, dijo hace unos días que «estaba arriesgando mucho» con el tema de Catalunya. Y es cierto, arriesga que la política progresista y de izquierdas, tarde mucho en volver a ser posible una vez pierda las elecciones justamente por este tema. ¿Habrá aportado algo para solucionar el “conflicto catalán” que le permita pasar a la historia? Probablemente no. Con la derecha en el poder, el independentismo volverá a reunificarse y a radicalizarse. Retornará a la casilla de salida de 2017. En medio, y ojalá me equivoque, sólo habrá habido un exceso de medicación que no habrá servido para nada.

Que las instituciones informen, va de soi, como es lógico que los gobiernos se expliquen, aunque a veces no haría falta, ya que se les entiende todo. Para dirigirse a la gente, aparte de decretos y leyes, tienen los parlamentos, las comparecencias, las ruedas de prensa, las entrevistas… Los medios de comunicación, entre otras cosas, tienen la función de revelar y controlar ejercicio del poder político. Éste, cada vez más, le parece que no es suficiente y que merecemos unas buenas dosis de publicidad institucional por tierra, mar y aire. Especialmente cuando se acercan ciclos electorales, comienzan a aparecer vallas publicitarias recordándonos sus conquistas, anuncios a toda página de diario diciendo lo mucho que están haciendo por nosotros y spots televisivos y cortes de radio para hacernos todo tipo de recomendaciones para que cambiamos nuestra forma de comportarnos. Nos quejamos, a veces, del adoctrinamiento de los ciudadanos que se produce en la totalitaria China, pero lo cierto es que el que se hace con todos nosotros no tiene mucho que envidiar al país asiático. Aparte de la relativa proximidad electoral, estamos a finales de año, y los departamentos ministeriales o de consejerías hacen limpieza de remanentes presupuestarios y nos montan unas cuantas campañas. No hablamos de hacer un esfuerzo por informarnos, que esto no haría falta, sino de hacer propaganda, que es otra cosa. Más que darnos datos relevantes, lo que se hace es sacar pecho y, sobre todo algunos sectores políticos con sus cuotas de poder, intentar aleccionarnos y decirnos, como si hicieran un manual de urbanidad de los antiguos, como hemos de proceder.

La propaganda institucional tiene, además, otra gran función, que es mantener y ganarse el favor de los medios. Esto resulta especialmente relevante en el mundo de la prensa, tanto digital como de papel, que tiene en estos momentos poca sostenibilidad económica por sí misma. Esto resulta muy claro en Cataluña pues el mercado más reducido de lectores ha terminado por que gran parte de los medios sean unos “mantenidos” con la combinatoria de subvenciones por ser en catalán y las inserciones publicitarias que lo complementan. Sin esto, no quedaría diario en catalán vivo ya sea en papel u online. Las líneas editoriales despejan los vínculos si es que alguien tiene dudas. O se alinean con el sector más espiritual del independentismo o con el realismo mágico de los demás. Justamente, lo que apenas queda ya es periodismo «independiente». Quizás podríamos ir sacando este subtítulo de las cabeceras. Más que nada, para no confundir.

Me llaman la atención, sobre todo, estas campañas que nos pretenden cambiar el comportamiento, así como nuestros hábitos más arraigados, intentando realizar una especie de evangelización o de ingeniería social. Y no hablo de cuándo nos recuerdan cómo debemos hacer la elección selectiva de la basura, que a esto todavía le veo una utilidad. Hablo de campañas que lindan con la inconveniencia, no sé si por dentro o por fuera, y que nos pretenden decir con qué lengua debemos hablar y si hacemos un daño tan grande a los castellanohablantes cuando, para comunicarnos mejor y conociendo el idioma, les hablamos en castellano. Si no hacemos de “buenos” catalanes según la consideración que tienen de esto los que mandan, debemos sentirnos reñidos a menudo por aquellos que, en realidad, le hacen un flaco favor el catalán convirtiéndolo en antipático. El Ministerio de Derechos Sociales me ha llegado al corazón con la campaña en favor de que nos convirtamos todos juntos en inquisidores de nuestros conciudadanos, echándolos en cara si riñen a su hijo o gritan al perro. ¿Desde qué concepción política y ética se te puede montar una campaña para hacer a todo el mundo vigilante de todos? Más que la paz social se abona la discordia y el encaramiento del ciudadano-comisario con todo aquél que no se comporta según las normas generalmente establecidas por el Gran Hermano. Hay algunas subculturas de izquierdas a las que les sale una pulsión totalitaria que deberían hacerse mirar. ¿O es que, tal vez, trabajan para Díaz Ayuso o Vox?

Las condiciones y la dinámica política catalana han cambiado bastante. La hegemonía del independentismo de los últimos años se ha ido devaluando y, hoy en día, a pesar de retener el gobierno de la Generalitat, su papel va siendo más condicionado y, quizás a corto plazo, puede hacerse secundario. No creo que la pulsión independentista sea menor para una parte importante de la ciudadanía que continuará activada por este planteamiento, pero parece evidente que la combinatoria de la confrontación estratégica en el seno del movimiento y del desencanto de una parte de los que hace unos años veían posible ese objetivo, está dando lugar a una nueva realidad en la política del país. Para algunos, el problema de fondo es el enfrentamiento entre independentistas, como si todo fuera sólo el resultado de la impericia de los dirigentes de las fuerzas en juego y apelan a una unidad de acción que, sencillamente, se ha convertido en imposible. Una parte de los «procesistas» ha entendido que no es realista plantear unos objetivos de máximos como alcanzables ni a corto ni a medio plazo y, aunque no lo reconozcan, admiten con el realismo actual que, de hecho, se equivocaron y mucho con la estrategia rupturista. Una vez roto el gobierno de “unidad”, las cuentas pendientes y la defensa del campo de juego de cada uno hace imposible ningún acuerdo político durante bastante tiempo. Los resentimientos y la disputa electoral resultan incompatibles con la confluencia.

Esquerra Republicana ha buscado ocupar el espacio central, creyendo que la combinación de la radicalidad verbal y la política pragmática les permitiría obtener la hegemonía haciéndose con el antiguo espacio convergente. Un ámbito ese que muchos se esfuerzan por rehacer, pero que los hechos parecen indicar que ya no existe, que acabó con el fin del pujolismo. Mientras, ERC pretende gobernar con unos estremecidos 33 diputados en el Parlament y sin contar con ningún otro apoyo. Han creído que la necesidad de sus votos para mantener la mayoría de las izquierdas en Madrid provocaría que los socialistas catalanes bajaran la cabeza y se dejasen humillar verbalmente por Oriol Junqueras cada vez que éste abre la boca. Pero las cosas no van exactamente así. Los demás también realizan estrategia política. Hay un hecho relevante y que expresa bastante la nueva realidad, Pedro Sánchez levantó una mayoría para aprobar los presupuestos de 2023 sin necesitar los votos de ERC en el Congreso de Diputados. Al final los republicanos, que amagaban con la abstención, se sumaron a la mayoría para simular que todo estaba igual, que seguían siendo imprescindibles. La realidad y la evidencia, es que ya no lo eran.

Y ahora Esquerra se encuentra en una inmensa soledad parlamentaria en Catalunya. De momento han dejado de descalificar a los socialistas catalanes y apelan a su responsabilidad para aprobar los presupuestos. Pero tendrán que hacer bastante más que eso y plantear una negociación abierta y seria. Si no es así, ¿por qué el denostado PSC debería darles oxígeno? Ciertamente si colaboran con la gobernabilidad en los próximos meses obtendrán rédito político en el espacio central del electorado, pero también se debilitarán entre aquellos que desean que, de una vez, se pase página de la vorágine independentista de los últimos diez años. Los republicanos, forzando la ruptura de la unidad de acción independentista obviaron una consecuencia lógica, que se quedarían solos y sin socios posibles. En los próximos años, sólo podrán gobernar las principales instituciones del país si realizan mayorías absolutas y, esto, no parece muy probable. Posiblemente les pasará en Ayuntamiento de Barcelona, ​​en la Diputación y en el Gobierno de la Generalitat. El PSC, en cambio, tiene variedad de socios como demuestra su situación actual en las citadas instituciones. En política, tan importantes resultan los votos que puedes conseguir, como tener puentes y posibilidades de pacto con otras opciones, tener amigos. Y quienes hoy en día se han situado en la centralidad política en Catalunya, son los socialistas y no los republicanos. Esto no se consigue por casualidades aritméticas sino por un largo trabajo al construir y mantener un discurso político que, huyendo del maximalismo, ha priorizado construir puentes más que en cavar trincheras.