Se ha instalado como un hecho habitual, normal, el tratar desde el Gobierno catalán con desprecio y de manera petulante todo lo que viene del gobierno del Estado o bien de otras comunidades autónomas. Se hace incluso en momentos cruciales y cuando se ponen en riesgo la defensa de los intereses económicos y políticos de la sociedad catalana. Aunque quiere ser una muestra más de puñetería y engreimiento para consumo interno, resulta poco inteligente. La negativa a asistir a la conferencia de presidentes convocada por Pedro Sánchez quiere ser una evidencia más -como si en faltasen- de una singularidad mal entendida, consistente en afirmar un supremacismo, el no someterse a las formas generalmente establecidas que, en definitiva, acaba por resultar ofensiva para todos los demás. Pero lo es también para todos aquellos que no nos sentimos representados cuando el Gobierno catalán se muestra innecesariamente desconsiderado o poco solidario. Nos hace sentir vergüenza y deja de ser, aunque sea momentáneamente y de manera simbólica, nuestro gobierno. Pero más allá de la mala educación y un nuevo ejercicio de prepotencia que no sirve de mucho más que para cultivar una reputación de arrogancia que parece que sólo encontramos fea e inaceptable cuando la practican los otros, el gesto nos puede resultar muy costoso. Esta conferencia de presidentes no es un paripé, no es sólo ir a hacerse una fotografía, que es como lo intentan descalificar a los aplicados consejeros desde Cataluña, sino un foro donde se debatirá la asignación por comunidades de los importantes fondos Next Generation que nos llegan de Europa para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia y para reorientar las estructuras productivas hacia el futuro. Están en juego partidas económicas muy trascendentales. Estar en la discusión no sólo significa asegurarse una participación justa en el reparto, sino hacerlo de acuerdo y con consenso con las otras comunidades autónomas. Un hecho este muy importante y que una parte de la política catalana desprecia porque quiere hacer evidente constantemente que no reconoce una legitimidad similar a otros como la que queremos para nosotros mismos. Que, además, se plantee en esta reunión, como se ha anunciado, el inicio del debate sobre el nuevo modelo de financiación futuro para las comunidades nos debería importar, y mucho. Parecería lógico pensar que se pueden tener intereses y estrategias compartidas con otros territorios y que esto se debería trabajar. Lo que queremos para nosotros no debería desagradar que también lo obtuvieran los demás. Hay concomitancias con otras regiones periféricas de la península y resulta más que obvio que compartimos necesidades con todo el arco mediterráneo. Dejar en la Comunidad Valenciana o Murcia solas en este cometido es un lujo que no deberíamos permitirnos. Es un gran error. La fortaleza de un país, de un territorio, de un gobierno, no se manifiesta por su capacidad para mostrarse desafiante, altivo y desagradable con los demás, sino por su astucia en tejer complicidades, por la práctica de la empatía, por conseguir y poder contar con socios y amigos.

La estrategia del gobierno catalán, y muy especialmente de la facción de ERC que es la que ostenta la presidencia, es fiarlo todo a la necesidad de Pedro Sánchez de sus votos en el Congreso de Diputados de cara a poder aprobar presupuestos y mantener una cierta mayoría parlamentaria, que no es lo mismo que estabilidad política. Se cree desde la Cataluña gobernante, que una vez alcanzados los indultos y haber establecido compromisos para reanudar la Mesa de Diálogo, sólo se puede visualizar una relación de formas bilaterales con el Estado, como si se estuviera ante instituciones depositarias de soberanías confrontadas en pie de igualdad, de tú a tú, y para escenificar aquello tan primitivo y torpe que consiste en tener cogido el contrincante por un lugar que duele. Es dar por hecho que el gobierno central ya defenderá los intereses catalanes ante las otras comunidades, porque no tienen más remedio que hacerlo. Se mire como se mire es una mala estrategia. No es lo mismo estar en los lugares que no estar allí. La información que se obtiene y la capacidad de incidir y convencer no es exactamente la misma. Pero, sobre todo, se falta al respeto a los demás, los cuales tienen el derecho a sentirse tan legítimos como cualquier otro. Como los niños pequeños cuando exhiben rabietas, parecemos empeñados en demostrar constantemente que somos un país de gente desagradable, arrogante y prepotente. Justamente cuando se tiene una cierta posición de fuerza es el momento de fomentar las buenas relaciones y establecer vínculos duraderos porque, cuando cambie la correlación o los vientos, las consideraciones y acuerdos se mantengan. Actuar de manera presuntuosa, altiva o insolente no suele casi nunca a salir a cuenta, además de resultar tan poco ético como escasamente estético. ¡Ay el día en que no te necesiten!

La composición, funcionamiento, falta de renovación y actitudes de los órganos del poder judicial en España, convierte en difícil su defensa. La arquitectura institucional es la de cualquier estado de derecho al uso y los intentos torpes de algunos ámbitos políticos de negarles su configuración democrática no resulta aceptable. En el caso del Tribunal Constitucional, la fórmula que se estableció justamente en la Constitución fue de que 10 de los 12 miembros los eligieran las Cortes españolas, requiriéndose una mayoría más que cualificada de 3/5 partes. Los dos restantes son la cuota corporativa que designa el propio Poder Judicial. Se acusa a este órgano de estar muy politizado al ser buena parte de sus miembros propuestos por los grandes partidos políticos. En algunos países, la cuota corporativa es mayor, pero esto no los convierte en más democráticos. En otros, en cambio, buena parte de la elección es mayoritariamente nombrada por el gobierno de turno. El problema, en el caso español, radica en la capacidad de bloqueo que puede tener algún partido político. El PP tiene mayoría (7 de los 11 miembros actuales) y no tiene ningún interés en negociar la necesaria renovación de los cuatro miembros que tienen, ya hace un año y medio, su mandato caducado, ya que puede utilizar el Tribunal como una fuerza de embate hacia el gobierno progresista actual de España. Esto, no resulta un tema anecdótico, pues deslegitima y bastante las acciones de este tribunal, las cuales resultan cada vez más sesgadas en pro de la estrategia de acoso de las derechas de Colón hacia un gobierno legítimo que no les gusta. El problema de fondo es que esta falta de legitimidad afecta tanto a las decisiones claramente políticas que toman -diríamos que de encargo- como aquellas que pueden resultar absolutamente lógicas y razonadas. El resultado, es que el TC actual, análisis que podríamos hacer extensivo al Consejo General del Poder Judicial que se encuentra en situación y posición similar, degrada la imagen global del sistema y crea grietas en el Estado democrático. Que, de manera repetida, la Unión Europea pida a España de que haga el favor de renovar un poder judicial caducado tiene un coste de reputación país muy grande en nuestro entorno.

La estrategia del PP, secundada por Ciudadanos y superada ampliamente por Vox consiste en utilizar el TC y el conjunto del Poder Judicial como un arma de ataque constante al gobierno de cara a provocarle no sólo desgaste, sino con el intento de inhabilitar prácticamente su actividad y derribarlo. La suspensión que se acaba de hacer del decreto de confinamiento por la pandemia, así como se hará con el de estado de alarma, resulta una temeridad, pues incapacita al Estado para actuar de manera drástica y contundente en una situación tan excepcional como la que acabamos de vivir, lo desarma. Esto responde a un intento por generar una situación bastante caótica y de imposibilidad de acción pública que juegue a favor del descontento de la población con la inacción gubernamental. Se hace actuar al Constitucional como una tercera cámara legislativa, lo que no es la función ni el espíritu que debería adornar a un órgano de último recurso. Quién debería ser garante de los derechos y obligaciones constitucionales actuando como oposición formal al gobierno constituido. Desgraciadamente, hemos visto a demasiados gobiernos latinoamericanos democráticos derribados por la acción partidista de los jueces como para no alarmarnos. Uno de los problemas políticos fundamentales en España es el de no disponer de una derecha de cultura democrática intachable y con sentido profundo de Estado. Ha heredado del pasado pulsiones autoritarias y una concepción patrimonial del poder político. Que gobierne la izquierda, lo vive como una anomalía, como algo ilegítimo con lo que se ha de terminar lo más rápidamente posible. No tiene el sentido básico de la alternancia democrática y de aceptación y reconocimiento del contrincante político. Convierte a este en el enemigo y la colaboración de algunas elementos y órganos judiciales contribuye a acentuarlo, con sentencias, pero también con actitudes altivas y de supremacía hacia los poderes ejecutivo y legislativo. La derecha española no se ha librado todavía del todo de los tics y la cultura franquistas, para incorporar encima el discurso iliberal y escasamente democrático de la nueva y desacomplejada derecha extrema europea. Son malos tiempos para la lírica.

La política es sobre todo representación, la expresión de formas simbólicas. El ejercicio del poder político, más que en tomar grandes decisiones sustanciales para nuestras vidas, algo que ya se hace sobre todo en el ámbito de la economía, consiste en dar la sensación de dominio, de control, de hegemonía. En un ámbito donde se ha impuesto la polaridad extrema, la emocionalidad, el relato, tener bonitas historias que contar, no se trata tanto de lo que se hace o se hará, sino de crear expectativas e ilusionar en que el mañana nos deparará muchas más oportunidades. Sin duda alguna, el cambio -casi la revolución- de gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez tiene muchos ingredientes que pueden hacer mudar una situación anímica, una tendencia de la sociedad española que se le iba tornando electoralmente adversa tal como se vio en las elecciones madrileñas y confirmaban los sondeos de opinión. Lo primero que destaca es la profundidad de los cambios ministeriales, así como la imprevisibilidad de muchos de ellos. No sólo se ha incorporado gente nueva que puedan ayudar a superar el desgaste de la gestión de la pandemia, del tema de Cataluña con los indultos y el difícil encaje en la sociedad española. Se ha cooptado gente diferente, relativamente impensable y, sobre todo, ha dejado fuera a gente muy cercana como Ábalos y se ha soltado el lastre de un personaje con exceso de autoestima como Iván Redondo, pero también ministros con algunos errores y debilidades notorias como Carmen Calvo o la titular de Exteriores. Refuerza, y mucho, el perfil municipalista, lo que no es baladí cuando se acerca un nuevo ciclo electoral que se iniciará justamente con unas elecciones municipales en primavera de 2023 y pone en frente de Fomento y del reparto de los fondos Next Generation la que hasta ahora era la alcaldesa de Gavá. Poca frivolidad con el calado de un ministerio que reparte recursos y planifica y ejecuta los equipamientos públicos. Un guiño al PSC, pero también a todo el PSOE del arco mediterráneo que hace mucho tiempo reclama que se le dé prioridad como es debido de cara a contrapesar el excesivo protagonismo y centralidad capitalina de Madrid. Los cambios parecen decir que se acabaron los inventos y se retorna a un modelo de gobierno más convencional y previsible, reforzando notoriamente al partido, algo imprescindible si se quieren ganar elecciones. Que haya incorporado elementos vinculados a sus antiguos competidores, resulta un mensaje de unidad y activación de la maquinaria casi imbatible.

La dimensión y celeridad del cambio ha cogido con el pie cambiado a casi todos. Para empezar a sus socios de Podemos, los cuales pensaban poder blandir el no dejarse hacer cambios como prueba de fortaleza y autoridad, y ahora exhiben una notable debilidad, quedando como obsoletos y con algunos miembros al Gobierno claramente ineficientes o muy desgastados como es el caso de un ausente Manuel Castells o, también, Alberto Garzón y sus discursos extemporáneos sobre el consumo de carne. El contundente movimiento del presidente Sánchez ha descolocado a un Partido Popular que veía como a partir de las elecciones madrileñas y la derrota a plazos de Ciudadanos, sólo tenía que poner el piloto automático y dejar que la dinámica de las encuestas, cada vez más a favor, se fuera consolidando. Ni Pablo Casado lleva ahora la iniciativa política, por más que gesticule y sobreactúe, y Díaz Ayuso ha dejado de ser trending tópic con sus ocurrencias. El cambio de ritmo político es muy contundente y parece que las prioridades programáticas serán ahora claras y rentables toda vez que el Gobierno ya ha digerido los mayores sapos de la legislatura. Recuperación económica, fondos europeos, infraestructuras, vivienda y políticas sociales como bandera de mantenimiento y recuperación del electorado. Lógicamente, también hay sombras, y la de los rebrotes pandémicos resulta muy notable tanto por el impacto social como por su reverso económico si toman una cierta profundidad y duración. Descolocado también el Govern independentista catalán que ve como la Mesa de Diálogo no será, ni mucho menos, el único mecanismo de reversión de la situación política en el que nos ha puesto El Procés. Aunque algunos se resisten a aceptarlo, la interlocución pasa muy especialmente por un PSC reforzado en la Moncloa, pero también por unas fuerzas económicas que, finalmente, parecen haber abandonado el mutismo y la dejadez de funciones a la que nos tenían acostumbrado los últimos años. Por suerte, los activos del país son muchos más y más diversos de lo que ha afirmado el relato dominante en los últimos años y se nos pretendía imponer.

Cada gobierno hace nuevas leyes educativas e, invariablemente, cada reforma disminuye el nivel de exigencia. Ahora se habla que se podrá pasar de curso al bachillerato con una asignatura suspendida. En cada colada se pierde una sábana. Adquirir títulos se cree ya que es un derecho, pero sin que sea exigible el esfuerzo y el trabajo correspondientes. Los procesos educativos, en sus diferentes niveles, se han vuelto leves, líquidos y sin fricciones. Tiempo de espera y de proporción de algunos rudimentos, donde más que saber incorporan distintivos para la empleabilidad. De hecho, todo el sistema educativo se ha convertido casi en una ficción. Más que aprender, a lo que muchas autoridades académicas reconocen que es algo a lo que ya se ha renunciado, se trata de adiestrar en el arte de adaptarse a circunstancias cambiantes y responder de manera proactiva los estímulos nuevos. Es aquí donde radica la importancia de la incorporación de tecnología digital en el aula, ya que se trata de adaptar la mente, especialmente de niños y adolescentes, a un entorno y un futuro de flexibilidad profesional absoluta y continua. Todos los niveles de enseñanza se han convertido en un ámbito lúdico, un «juego», donde se ofrecen multitud de oportunidades de diversión y entretenimiento, aunque se les distinga con el sello de la innovación pedagógica. Alberto Royo, habla de la «generación blandita» para tipificar estos jóvenes y adolescentes hiperprotegidos por sus padres, los cuales quieren entregar a sus hijos de cualquier esfuerzo. Hacemos gente muy frágil e incapaz de soportar cualquier frustración, ninguna, por poco relevante que ésta sea. En la misma línea, y para sobrevivir, los enseñantes practican la estrategia de hacer «loqueloschicoslesguste», y así ahorrarse problemas y dificultades.

El sistema educativo, en todos sus niveles, está renunciando a la función ancestral de proporcionar conocimiento a través de un proceso de aprendizaje. Se trata de formar una cierta clase cualificada de usuarios de internet, que sepa dónde buscar determinados datos y qué hacer en ciertos lugares, combinado con un conjunto de «valores» que se cree son indispensables para desenvolverse en el mundo profesional: flexibilidad, trabajo en equipo, adaptabilidad, innovación, dominio de multitud de anglicismos, utilitarismo… Evidentemente, todo ello impartido en aulas saturadas de nuevas tecnologías tanto por las que aporta el centro educativo como por la profusión de útiles que utilizan los estudiantes y que exhiben casi sin pudor y autocontrol. Una clase ya no es exactamente una clase, sino «un episodio interactivo en el que deben surgir y canalizar flujos de información variados». El profesor ya no es un experto, y menos debe transmitir contenidos y saber. La función del docente es la de proporcionar motivación, simplificar los procesos y crear entornos de aprendizaje. El lenguaje grandilocuente y impostado no evita que todo se acerque a la impostura.

De hecho, el sistema educativo colabora en la emergencia de este nuevo analfabetismo que es el resultado de considerar que el conocimiento está al alcance de todos a través del clic, la ficción de poder recurrir a él cuando lo necesitamos. La saturación informativa y de estímulos, el desprecio arrogante por el conocimiento como experiencia personal y la especialización utilitarista en el proceso de formación lleva al predominio de la ignorancia. El decaído concepto de «cultura general» compensó en parte y durante buena parte del siglo XX el papel empobrecedor de la segmentación, parcelación y la noción tecnificadora del proceso formativo. La pérdida de capacidad de atención y concentración de los estudiantes, la forzada reducción de los niveles de exigencia y la «gamificación» educativa ha hecho el resto para que la situación actual de nuestras universidades, institutos y escuelas sea más bien deprimente. En el aprendizaje digitalizado sólo se frota la información, fomentando una instrucción rápida, pero muy simple. Los estudiantes ya no adquieren la narrativa imprescindible para poder construir el marco de los acontecimientos. Se piensa con lo que se sabe, y se sabe poco, porque tanto la actitud del nativo digital, como la de la propia docencia tienden a despreciar el conocimiento en la medida que se cree poseer la capacidad de acceso. El recurso a internet nos hace más incultos y superficiales.

Como ha hecho notar Nuccio Ordine, casi todos los países europeos han disminuido los niveles de exigencia educativa, con el objetivo de que los estudiantes superen los cursos con mucha facilidad. Se trata de permitir superar los exámenes, pero sobre todo su sustitución por formas de evaluación más ligeras. Un intento ilusorio para mantener una normalidad académica que no existe. Los estudiantes y sus familias ya no toleran no superar un curso. No hacerlo, conlleva culpabilizar la institución educativa, y no la falta de hábito y predisposición al trabajo del matriculado. Para conseguir que unos estudiantes sin ninguna capacidad y esfuerzo se puedan graduar (que no aprender, ya que no se trata de eso) y hacer su estancia más cómoda y agradable no se les piden más sacrificios, sino atraerlos mediante una perversa reducción progresiva de los programas y la transformación de las clases en un juego interactivo superficial que poco tiene que ver con el estudio.

El economista John Maynard Keynes, de quien este año se conmemora el 75 aniversario de su muerte, hacía la predicción en 1930 que, en aproximadamente un siglo, la humanidad lograría vivir de manera cómoda, casi sin la necesidad de trabajar, gracias a los progresos tecnológicos, lo que le hacía plantearse cuál era el límite de lo necesario para vivir de manera bastante digna, para no ir más allá. El crecimiento económico como fin en sí misma no tenía ningún interés para alguien que partía de una concepción moral e instrumental de la economía. A partir de satisfacer las necesidades de los hombres, más allá de resolver problemas concretos y prácticos, la economía no tenía muy atractivo para este gran economista. Se planteaba Keynes, ¿cuanto es suficiente?, y consciente de que la codicia y la envidia tienden a que la condición humana no se dé nunca por satisfecha, consideraba establecer mecanismos desincentivadores para trabajar más de lo necesario y disponer de más riqueza de la cuenta, creando un sistema de tributación en que el coste de oportunidad de rebasar lo indispensable fuera poco interesante. Como lo definió el maestro de Keynes, Alfred Marshall, la economía era el estudio de «los requisitos materiales del bienestar», por lo que el crecimiento económico debería entenderse como algo residual y no como un objetivo. Como señala Robert Skidelsky, en el mundo rico estamos cuatro o cinco veces mejor que en 1930 si nos atenemos a la media, pero las jornadas laborales sólo han disminuido un 20%. Por el contrario, la desigualdad interna, la nueva pobreza, se va asemejando en una parte de la población de los países ricos con la mayor parte de la población de los países pobres. Al final, un progreso bastante escaso en conjunto. No hemos mejorado mucho si tenemos en cuenta que un campesino en la época medieval trabajaba una media de 1.620 horas anuales, mientras que los asalariados estadounidenses están por encima de las 1.800 horas y en China entre las 2.500 y las 3.000 horas anuales.

La nueva pobreza de los países ricos pone en evidencia una necesidad adicional a la de repartir el trabajo, que es la de encontrar mecanismos supletorios de redistribución de la renta. La desigualdad creciente, que los tiempos de pandemia no ha hecho sino acelerarse, es el mayor corrosivo económico y social de las últimas décadas, y tiende a acentuarse mucho más. ¿Cuánta desigualdad puede tolerar un sistema democrático? No debemos estar lejos del momento crítico, del punto de no retorno. Hasta hace un tiempo, los salarios y la tributación han sido los dos grandes mecanismos para establecer ciertos límites, un cierto reequilibrio a la tendencia natural del mercado a estimular una desigualdad acumulativa. Falta de trabajo, precariedad laboral, salarios en disminución, tributación centrada en las rentas del trabajo, exenciones y fraude fiscal para el capital y caída libre de las prestaciones sociales del Estado nos llevan a un mundo cada vez más desigual, salvo que establecemos un nuevo pacto social, que asegure ciertos niveles de redistribución. Quizás los salarios misérrimos o inexistentes impiden que la renta pueda depender del empleo y únicamente del empleo, entendido ésta en un sentido clásico. La Renta Básica aparece como mecanismo redistributivo de mínimos que evite la exclusión económica y social de una parte cada vez mayor de la ciudadanía. Un concepto puesto en discusión no sólo desde la derecha política, sino también desde parte de la izquierda, ya que es un mecanismo que puede inducir a fomentar el desistimiento y crear una sociedad de personas subvencionadas, que sería lo contrario de individuos auténticamente libres y autónomos. La renta básica, no puede ser un instrumento para reducir a una parte de la sociedad a la condición de parias subvencionados que evite la revuelta social. Debe ser, en todo caso, un mecanismo proporcionado, complementario, que no disminuya los incentivos individuales a construir cada uno su propia vida. Para hacerla posible, es necesario un nuevo paradigma tributario con un suelo de mínimos para el impuesto de sociedades, obligando así a las tecnológicas y en las grandes corporaciones a cotizar. Que en la última reunión de los países del G-7 se haya encarado el tema resulta significativo y un buen punto de partida. Es necesario un nuevo pacto económico y social que renueve y ponga al día lo que se hizo en su momento y dio lugar al Estado de bienestar. Algunos elementos destacados del establishment económico actual también empiezan a abogar por establecer mecanismos de reparto de trabajo, aunque esto pueda afectar negativamente la productividad y la competitividad en una economía global como la actual. El bienestar y la cohesión social deberían ser valores superiores.