En medio de los nefastos indicadores de la Covid que desnudan nuestra sociedad y ponen en evidencia suss inmensas debilidades, en Bolivia y Chile se han dado procesos que pueden inducir a un cierto optimismo y evitar caer en la espiral de la derrota. La aplastante victoria electoral de la izquierda del MAS certifica la voluntad de la ciudadanía boliviana de continuar avanzando de manera cohesionada y echar ostentosamente del poder a una derecha extraordinariamente reaccionaria que había llegado hace un año al gobierno de manera vergonzante de la mano de un golpe de estado claramente dirigido, como si volviéramos a los setenta, desde la embajada de los EE.UU. En la cruzada contra los gobiernos llamados nacional-populares latinoamericanos, derribar el de Bolivia y la figura exótica de Evo Morales resultaba crucial para fortalecer el retorno de las oligarquías en el poder de un continente sudamericano al que a nadie interesa la situación desde sus habitantes, pero en cambio sí los abundantes recursos del suelo y del subsuelo. Desde Europa, el indigenismo de Morales nos podía parecer folclórico en exceso y su discurso y formas exageradamente populistas. La realidad, sin embargo, es que proporcionó a los indígenas una condición de ciudadanos que les habían negado los gobiernos conservadores y oligárquicos durante buena parte de su historia. Les devolvió su dignidad, además de llevar a cabo unas poderosas transformaciones económicas que iban sacando al país del secular atraso y a una parte significativa de sus habitantes de la miseria. Con la cuidadosa visión europea, probablemente no nos acababan de gustar las formas de Morales, el cual seguramente no se supo retirarse a tiempo y quiso estirar su presidencia llevando a cabo una dudosa reforma constitucional. Pero resulta incuestionable que durante los catorce años de políticas progresistas el PIB del país se triplicado, la pobreza extrema ha pasado del 40% de la población al 15% y la ciudadanía con ingresos medios ya supera el 60%. La esperpéntica derecha que ocupó el palacio presidencial biblia en mano hace un año también fue muy elocuente cuando lo primero que hizo fue incendiar la fornida biblioteca del reputado intelectual y vicepresidente hasta entonces, Álvaro García Linera. Ahora ha sido derrotada de manera contundente y abrumadora.

En Chile se ha aprobado en referéndum romper definitivamente con la etapa del dictador Augusto Pinochet, exigiendo una nueva constitución. Puede parecer un pronunciamiento puramente simbólico, pero tiene mucho calado. La derecha gobernante no tuvo más remedio que dar salida con la consulta a unas poderosas e incluso violentas movilizaciones que exigían un cambio profundo en la política, pero también en la economía chilena. La dictadura llevó a este país a ser campo de experimentos de las políticas neoliberales más extremas, sin servicios públicos y sin ningún tipo de protección social, que pretendió erigirse en un modelo de desarrollo para toda América Latina basado en el más radical laissez-faire. Con el paso de los años, y sobre todo a partir de la crisis de 2008, la caída económica del país y su fractura social ha sido brutal. Las clases medias notablemente precarizadas y empobrecidas y cada vez más sectores sociales excluidos, contrastando con una clase dominante que ha acumulado riqueza de manera casi impúdica. En un país sin ningún tipo de red de protección social los malestares acabaron explotando, especialmente contra la derecha gobernante todavía de alguna manera emparentada con el dictador, pero también contra todo el sistema político de partidos que claramente no se dieron cuenta de la situación de desamparo y humillación, como tampoco supieron reaccionar proponiendo alternativas. Las grandiosas movilizaciones, en algunos momentos caóticas y airadas, forzaron el referéndum sobre la extinción de la carta magna. Para los chilenos, el proceso de elaboración de una nueva constitución debe significar el inicio de un proceso de cambios profundos en el ámbito político, cortando con el sangriento pasado, pero sobre todo económicos y sociales. Necesitan una nueva perspectiva, nuevas oportunidades y un nuevo reparto. La duda es si en el sistema político chileno algún partido será capaz de construir un proyecto estimulante y emancipador tanto de las pocas familias históricamente dominantes y dedicadas a las actividades extractivas como de la subyugación a un modelo puramente exportador de materias primas y de la subordinación a los Estados Unidos. Sin embargo, se abren tiempo de esperanza.

La crisis del coronavirus está evidenciando los insostenibles niveles de desigualdad económica y social de las sociedades actuales, pero además funciona como un elemento de profundización de esta desigualdad endémica. Incluso un último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) habla del efecto «desproporcionado» de la pandemia hacia los más pobres ya la necesidad de aumentar la carga fiscal a los más ricos ya las empresas rentables para pagar la factura de la crisis y destinar los renovados ingresos a la salud y a la protección social. En los últimos decenios el intento de situar la competencia económica y el individualismo como «estado natural» ha sido llevado al paroxismo y ahora los resultados son más evidentes que nunca. Como hace notar y forma elocuente el novelista J. M. Cotzee, «la afirmación de que nuestro mundo se debe dividir en entidades económicas competitivas es exagerada. Las economías competitivas aparecieron porque decidimos crearlas. La competencia es un sustituto sublimado de la guerra «.

Zygmunt Bauman también alertó sobre las premisas «incuestionables» con relación a la economía, ya que son proposiciones puramente ideológicas o justificativas. Así, formarían parte de esta categoría de verdades incuestionables, el crecimiento económico como única dinámica posible, el crecimiento del consumo como una carrera interminable detrás de la felicidad, el carácter «natural» de la desigualdad entre los hombres y la competitividad como vía para acceder a lo que se «merece». Como es sabido, Keynes consideraba la avaricia y la fijación excesiva en los temas económicos como algo detestable ya que, una vez resueltos los problemas prácticos, consideraba que la economía era una actividad poco interesante y que los hombres tenían que dedicar su tiempo y sus esfuerzos a los temas vitales que sí valen la pena. En todo caso, en la cultura thatcheriana dominante desde los años ochenta hasta hoy, se ha impuesto el que Daniel Dorling llama los «principios de injusticia», según los cuales el elitismo es eficiente, en la medida que la expansión de las capacidades que sólo tienen unos pocos termina beneficiando a unos muchos; que la codicia no es un defecto sino un valor en tanto termina favoreciendo al conjunto, aunque sea a costa de la exclusión de unos cuantos, lo que es inevitable y realiza una función social positiva; finalmente estos principios injustos establecidos considerarían que el dolor que genera la pobreza la desigualdad y la exclusión es inevitable. El castigo como reverso del premio, la lógica del estímulo capitalista, la condena a la libertad. No hay nada más ideológico que reducir la injusticia en un hecho de normalidad. De hecho, durante muchos siglos la creencia en la desigualdad natural de los individuos por su talento y sus habilidades funcionó como el gran justificador de las desigualdades sociales, junto con el componente de resignación que le aportaba la cultura católica.

La desigualdad económica y social se presenta, por parte de la ideología imperante, como un hecho inherente a la naturaleza humana y su carácter intrínsecamente competitivo. La Ilustración y el liberalismo nos llevaron la noción de ciudadanía, de igualdad de oportunidades y de igualdad ante la ley, que establecía las bases para el funcionamiento ordenado de la sociedad, el mantenimiento de estímulos al esfuerzo y al trabajo, así como el sostenimiento de cada uno como responsabilidad individual ineludible. Ciertamente, la igualdad formal, jurídica, distaba mucho de ser una igualdad real. El carácter acumulativo de la riqueza, las diferentes posibilidades de acceso a la salud o la educación condicionaban notablemente la posición de partida, hasta el punto de que algunos notorios liberales de signo radical como Stuart Mill, hicieron notar que teniendo en cuenta el mantenimiento del sistema de herencias, la igualdad de oportunidades pasaba por  que el estado se hiciera cargo de garantizar salud y educación a todos los ciudadanos, en una especie de noción de estado asistencial avant la lettre. Sin embargo, en los últimos siglos ha habido una cierta preocupación por parte de muchos economistas, políticos y teóricos sociales, para establecer ciertos límites a la desigualdad y la pobreza, para que ésta no fuera ofensiva y dinamitara el orden social burgués, así como el mantenimiento de una demanda agregada suficiente. Algunas formas incipientes de Estado social, como el de la Alemania de Bismarck, o bien una cierta noción cristiana de la compasión y de la caridad, tenían este indicio de una moralidad que no toleraba el exceso. Pero incluso eso se perdió. El capitalismo desinhibido, posmoderno y tecnológico, de las últimas décadas, sin embargo, ha hecho una apuesta de máximos donde más que personas en situaciones diversas lo que hay son ganadores y perdedores.

En pocos días han saltado a la palestra informativa dos temas que, aunque tienen pocas cosas en común, han servido para evidenciar la mezcla insana que se pretende hacer entre lo personal y lo político, así como el espíritu inquisitorial no tanto de la ciudadanía como de una cultura demasiado imperante en los medios de comunicación muy ávida y estimulada cuando se trata de hacer leña del árbol caído. Me refiero a las imágenes de un alcalde ebrio y a las filtraciones sobre posible acoso sexual por parte de un exdiputado. Tanto en uno como en el otro caso se han magnificado, repetido y reiterado informaciones e imágenes hasta acabar criminalizando a dos personas de manera harto injustificada. Al hacer circular estos documentos y hacer acusaciones grandilocuentes y gratuitas no se tiene en cuenta el daño que se inflige a personas, en muchos casos de manera irremediable, ni al hecho que en una sociedad libre lo personal debería mantenerse estrictamente en esta esfera. No se trata de defender ni decir que es bueno excederse en el consumo de alcohol, pero si lo practica incidentalmente en su tiempo de ocio, esto no convierte a alguien en mejor o mal político. Ciertamente que es deseable que los políticos tiendan a ser ejemplares en su comportamiento, pero no podemos pretender que estén liberados de cometer los errores o caer en debilidades propias de la imperfección humana. Debemos aspirar a tener políticos y dirigentes capaces y honestos, modélicos en su entrega al servicio público, pero no líderes cargados de una impostada perfección que siempre suele ser moralismo irreal. Resulta significativo en este caso, que el gran «pecado» fueron la existencia de imágenes, las cuales permitieron magnificar el hecho y al mismo tiempo hacer una reposición reiterada para la humillación y escarnio de la persona y para el dudoso disfrute morboso de la sociedad. Aún resultando comprensible por la presión sufrida, el denigrado hizo mal dimitiendo de manera precipitada ya que representaba aceptar una «culpa» que políticamente, pero también personalmente, era inexistente. Y más se equivocó su partido si es que le forzó a hacerlo, lo que desconozco.

En el caso del exdiputado estamos ante un episodio de cainismo y venganza política tan típico de en algunas organizaciones. Un filtrado de información hacia un determinado medio que ya nos indica el grado de enfrentamiento que se está dando en el espacio político del independentismo. Una propagación que deja indefenso y pone a los pies de los caballos un «inculpado» sin posibilidad de defensa. No se dice el qué, sino que sólo se insinúa. Así el lector puede imaginar lo que quiera. Hay que suponer que no estamos hablando de ninguna acusación de las que tienen la consideración de delito y cabida en el código penal, pues de ser así ya se habría sustanciado por quien debería hacerlo. El tema es más sibilino y de reminiscencias totalitarias. «Expedientes abiertos» y «conductas impropias» según normativas internas de una organización que cree debe ir más allá de lo que rige a la sociedad y así depurar a los imperfectos. Todo ello remite a códigos de conducta sectarios y a la convicción de que se puede intervenir en la vida de las personas de manera discrecional, con la pretensión además de llevar a cabo procesos de admisión de culpa y de reeducación. Qué miedo. Desconozco si el acusado tuvo o no actitudes poco consideradas o no adecuadas en las relaciones personales que son inherentes al trabajo en cualquier organización y en la vida social. Pero no me interesa ni debería ser cuestión de debate público. Hay cosas que forman parte de las relaciones interpersonales, con los errores e incomprensiones que se quiera, y es justamente en este ámbito donde se han de dirimir y resolver. Utilizar fricciones para degradar a las individuos, para construirles causas generales para destrozarlos personalmente y acabar con su credibilidad, es precisamente lo que practicaba de manera muy refinada del estalinismo ruso o el maoísmo chino de la «revolución cultural». Sólo la vida pública resulta saludable cuando lo personal y privado se mantiene en la esfera íntima.

El relajamiento demasiado rápido y precipitado después de la primera ola de la Covid parece estar detrás de la fuerza con que está golpeando el segundo embate en España. La Comunidad de Madrid sería el ejemplo más claro de negligencia sanitaria y política intentando convertir la gestión de la pandemia en un pulso político de la derecha frente al gobierno de Pedro Sánchez. Una manera casi criminal de entender y practicar la política. Probablemente, el error del gobierno central fue la de poner punto final lo más rápidamente posible en el estado de alarma por el desgaste político que le suponía y ceder el control y entregar la toma de decisiones sobre el tema a las comunidades autónomas. A partir de aquí la confusión ha sido notable. Ciertamente que algunas autonomías han hecho una rigurosa y cuidadosa gestión -País Valenciano, Asturias, Canarias …- pero en otras se ha instalado como primacía boicotear todo lo que planteara el Estado y alimentar un relato de conflicto sin asumir una verdadera responsabilidad. De un control exhaustivo de cambios de fases se pasó a la negación de evidencias y de cifras de contagio, procurando afirmar siempre que los otros estaban peor. En el entreacto de las dos oleadas, como debería haber sido preceptivo, no se han reforzado las estructuras sanitarias y el personal médico ni se han contratado los rastreadores que se sabía que eran imprescindibles. Las tasas de contagio se han disparado porque no se ha querido establecer restricciones para evitar lo que creían suponía un fuerte desgaste político. Mejor habitar en la ignorancia. Buena parte de Europa ha hecho las cosas mejor y los resultados lo avalan. En Alemania se han aislado zonas a partir de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, mientras en España sólo se hace a partir de 500. Incluso en la habitualmente caótica Italia se ha hilado más fino: confinamientos, rastreadores y reforzamiento del presupuesto de salud. No existen los milagros.

La prestigiosa revista científica The Lancet lo ha explicado de manera clara. En España ha fallado el sistema efectivo de búsqueda, testeo, rastreo, aislamiento y soporte antes de levantar, como todos anhelábamos, el confinamiento. Y también, se afirma, ha fallado la dotación del sistema sanitario, las medidas de control fronterizo y la falta de criterios claros sobre los umbrales en los que había que tomar decisiones. Y ha fracasado, sobre todo, un sistema de gobernanza que si ya la normalidad tiene notorias disfunciones en momentos excepcionales puede resultar letal: dispersión y confrontación institucional o el malévolo instinto no menospreciar ninguna situación por dramática que sea para avivar la confrontación política. La tardanza en intervenir la Comunidad de Madrid por parte del gobierno del Estado puede explicarse en nombre de la prudencia, pero ha resultado una temeridad. Era evidente para todos que el gobierno de Díaz Ayuso no estaba interesado en consensuar nada ni en dejarse ayudar sino en generar un caos que les permitiera levantar el relato del victimismo. En Cataluña conocemos bien este tipo de estrategias y, de hecho, donde más se ha parecido la gestión de la Covid los últimos meses al desastre madrileño, es Cataluña. Las cifras de afectados y la profundidad del repunte lo cuentan, así como la especial debilidad de un sistema sanitario público notablemente maltratado desde hace años. Las cifras son elocuentes. Mientras Alemania destina un 9,5% del PIB en gasto sanitario, España sólo el 6%. Dentro de la Unión Europea, España tiene 14 países por delante. Pero en Cataluña sólo dedicamos el 4%. Cuestión de prioridades.

En el punto álgido del impacto de la pandemia en la pasada primavera, cuando el fantasma de la muerte arbitraria parecía campar a sus anchas por nuestras calles de manera amenazante, nos llenamos la boca, y muy especialmente los políticos, que habría un antes y un después, que no se nos volvería a coger desprevenidos y que cambiarían las prioridades dando mayor importancia a la salud, el bienestar y en todo lo que era realmente esencial. Palabras que, como resulta ahora evidente, se las llevó el viento.