Mes: marzo 2023

Federalismo y gobernanza en un mundo global

El espectacular ensanchamiento de los espacios económicos y sociales debido a la mundialización no se ha visto acompañado de una amplitud similar respecto a los espacios políticos, ni se vislumbra una evolución mundial hacia un Estado cosmopolita. Desde el punto de vista de la gobernanza, se hacen imprescindibles dos procesos paralelos que, aunque puedan parecerlo, no son contradictorios, sino complementarios. La existencia de potentes instituciones internacionales, habilitadas para tomar decisiones de gran calado, no excluye el necesario reforzamiento de los Estados-nación como ámbito de toma de decisiones políticas y de regulación. Las estructuras nacionales, fragmentadas y en competencia son demasiado débiles ante el globalismo y el poder de las grandes corporaciones, que les chantajean para volverse volátiles. Pero es necesaria cierta compartimentación del poder, así como de algunas dinámicas económicas y sociales, para evitar justamente procesos globales incontrolables. Lo nacional y lo mundial deberían entrar en una relación nueva, en una ecuación renovada de atribuciones, de políticas y de poder.

El federalismo constituye el principal modelo a seguir en el proceso de articulación de la política mundial. Es el único capaz de compatibilizar y garantizar las distintas identidades locales, nacionales e internacionales en armonía con las exigencias de la interdependencia, la integración y la globalización. Necesitamos, pues, un principio político capaz de favorecer y posibilitar un proceso de autointegración activa y gradual de los Estados y regiones singulares en una dependencia práctica internacional. El federalismo, probablemente, sea la teoría política adecuada para el mundo actual que requiere articular lo local y lo global. Una concepción política alternativa y diferente a soberanía compartida, según la cual una diversidad de colectividades parcialmente autónomas y soberanas pueden cooperar dentro de una forma gobierno de múltiples niveles, y en base a la negociación, consentimiento y cooperación. La interconexión, la interdependencia y el cruce local, regional, estatal y global desafían las formas y modelos de organización política tradicionales. El Estado ya no es en modo alguno la única fuente de diseño y elaboración de políticas públicas que afectan a sus miembros.

El equilibrio constituye la idea, el método y el criterio básico, lo que el federalismo pretende institucionalizar a través de la organización y estructuración política de nuestras sociedades. El equilibrio organizado institucionalmente, esto es el federalismo. Cada vez es mayor la percepción que se tiene a nivel mundial de que la era de la soberanía exclusiva e incontestable del Estado está llegando a su fin, pero también hay que organizar la gobernabilidad global impidiendo que las grandes corporaciones y el capital financiero operen en el marco planetario totalmente fuera de control. Conviene aclarar, que los Estados seguirán haciendo una función importante, propia e irremplazable, pero eso sí, no ya de forma exclusiva y hegemónica. Los Estados son demasiado pequeños a nivel mundial para asegurar la doble función de toda autoridad: garantizar la seguridad y prosperidad de todos los miembros de la colectividad y conseguir, al mismo tiempo, una eficaz participación en los asuntos mundiales. Es necesaria la cooperación, la integración y la unidad entre regiones, Estados y continentes.

Se deben articular dos polos: la atracción de la globalización bajo la presión de la nueva revolución tecnológica y la fascinación por la singularidad cultural, nacional y local. Esta doble tensión se confirma pues de la unión en la diversidad. La belleza de lo diminuto, de lo pequeño y de lo más cercano. Federal se refiere y utiliza para describir un modo de organización política que vincula unidades diferentes en un sistema global, permitiendo, al mismo tiempo, que cada una mantenga la integridad política fundamental. El federalismo es más una metodología que una ideología. Pretende dar respuestas globales, integradas y puntuales a los problemas que también considera globales tanto desde el punto de vista de las estructuras como del contenido social; y reconociendo siempre la múltiple pertenencia del ser humano respecto a diferentes colectividades y grupos sociales. Grupos humanos nacidos de múltiples solidaridades naturales y voluntarias. Cada uno con su sentido de identidad. Es necesaria, pues, una vía adecuada para garantizar la pluralidad de las obediencias y lealtades.

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Al salario de la política

Resulta indudable que los cargos públicos son consustanciales a los regímenes democráticos, imprescindibles para la representación colectiva y para la gestión de lo común. Discutir que tengan que estar suficientemente remunerados para vivir de ello me parece fuera de toda discusión. Hacerlo suele estar en la base del discurso antidemocrático o bien de la creencia aristocrática, de que esto sólo deben hacerlo la gente adinerada, como si fuera una distracción para estómagos satisfechos y deocupados. Aunque en los segmentos elitistas del sector privado se paguen salarios impúdicos -solo hay que ver los honorarios de los presidentes de las empresas del Ibex-, esto nunca puede justificar que en el sector público se haga algo similar. Qué es y no es justo pagar a los cargos políticos resulta algo difícil de establecer. De forma genérica se podría afirmar que debería ser suficiente, justo y proporcionado a la responsabilidad. Si queremos que en política jueguen los mejores, los salarios no pueden ser muy bajos. Sin embargo, si son muy altos acceder a un cargo público se convierte en un objetivo para ascender social y económicamente y, esto, da empuje a los arribistas y a la creación de una élite que hará lo que sea para no bajar del vehículo gubernamental. Los excesos no suelen darse tanto en los cargos primeros, sino en segundos y terceros niveles donde se alcanzan gaps elevados entre lo que se gana en la política, o bien lo que se ganaría ejerciendo la profesión que, supuestamente, sólo se ha abandonado temporalmente. «Fuera de la política hace mucho frío», afirmaba cínicamente un beneficiario.

En política española no hay grandes excesos y, curiosamente se cometen mucho más en la política comunitaria. Sin embargo, sorprende la escasa proporcionalidad. Que una parte de los presidentes autonómicos cobren más del doble que el presidente del Gobierno de España llama la atención y, probablemente, el salario de Pedro Sánchez (75.000 euros anuales) está poco acorde con la responsabilidad y los dolores de cabeza que sufre. Que el presidente de la Generalitat lo doble, será que se tiene en cuenta que aquí la vida es más cara. En cualquier caso, que el máximo dirigente del país reciba un salario equivalente al de un alto directivo de empresa parece lógico y poco abonado a hacer escarnio. Otra cosa es el tema del Parlament de Catalunya. Aquí el historial es mucho más cuestionable. Salarios exagerados y prebendas de todo tipo a políticos y altos funcionarios sin ningún tipo de justificación. Se ha levantado la liebre con el caso de Laura Borràs, pero el tema se arrastra desde hace tiempo. Sueldos muy altos, dietas ingentes y sin justificación, indemnizaciones de salida de presidentes o de toda la mesa, remuneraciones que se mantienen durante años más allá del mandato o salarios vitalicios para la presidencia. Lo que ahora se ha sabido resulta impúdico e injustificable. Todo el mundo puede entender que las autoridades públicas requieren de una transición para volver a su profesión, pero no tanto que una vez que gocen de un alto cargo, ya no tengan que trabajar nunca más. Esto ocurre con la presidencia del Parlament si se consigue llegar a un mandato de dos años.

Que Laura Borràs se defienda de forma enconada en el juicio que se le hace por haber fragmentado contratos de forma fraudulenta es lógico ya que justamente le asiste el derecho a defenderse. No lo es tanto, sin embargo, que haya querido mantener formalmente el cargo de presidenta durante todo este tiempo pues ha hecho un flaco favor a la institución poniéndola en situación de interinidad, mezclando un tema particular con la política y envolviéndose con ella. Si fuera condenada, habría conseguido computar tiempo suficiente como para lograr salario vitalicio y otras prebendas. ¿Sería esto lógico? ¿Sería ética y estéticamente aceptable? Lo cierto es que no. El Parlamento tiene ahora la ocasión de enmendar excesos y convertirse en una institución que resultara más ejemplificadora de lo que lo ha sido.

8-M

Sé que me meto en un jardín, porque hay quien cree que quienes no formamos parte de un colectivo afectado no estamos autorizados a hablar de él. Pero lo haré. Sabe mal todo el entorno político y de confrontación ideológica que ha habido en torno a la conmemoración del día de la mujer trabajadora. Habitual jornada de celebración de los avances en la lucha por la igualdad de género y para recordar el mucho camino que queda por recorrer: la persistente violencia machista, las situaciones de sometimiento, los techos de vidrio para acceder a cargos de todo tipo, las diferencias salariales, el mantenimiento de roles insostenibles… La confrontación abierta y brutal en España entre las diferentes visiones del feminismo creo que aportan poco al avance más rápido hacia un futuro que debe ser no sólo absolutamente igualitario técnicamente, sino que, además, implique que algunos modos, habilidades, sensibilidades y valores de los que son más poseedoras las mujeres que los hombres se generalicen. La relación con el poder y su uso sería un ejemplo de lo que quiero decir. Aunque resulta evidente que la sensibilidad hacia la discriminación de las mujeres suele ser diferente según la adscripción de género, esta batalla debemos ganarla entre todas y todos. Nos incumbe por igual.

Que existan formas de entender diferenciadas sobre el sentido del feminismo resulta muy normal. La pluralidad por sí misma no es nunca un problema sino una bendición. Lo que ya no es tan bueno es que la disparidad se convierta en conflicto y se usen formas tan abruptas y descalificadoras. Existe una confrontación cultural en este tema que es global, pero que en España se mezcla en un entorno político en el que las izquierdas batallan por colocar su discurso diferenciado y captar adscripciones. Así, estamos ante una pelea por la hegemonía cultural. Existe, sin duda, un primer feminismo muy funcional, cuyo objetivo es la estricta igualdad de hombres y mujeres en la empresa, la política, la sociedad y las relaciones familiares. Romper el techo de cristal en el trabajo, donde los puestos clave y los consejos de administración todavía tienen una presencia femenina escasa. Se trata de superar la discriminación laboral y salarial que arrastramos históricamente, pero a medida que se avanza en este objetivo no se plantea cuestionar a la sociedad establecida, como tampoco mucho los roles de género. Apareció hace ya décadas, un feminismo de “segunda ola”, con impulsos transformadores poniendo en primer plano la “diferencia”, desarrollando una crítica estructural al androcentrismo capitalista y la dominación masculina a través del heteropatriarcado. La “interseccionalidad” quería combinar y no establecer prioridades entre la emancipación social y la consecución de la igualdad (“Soy mujer y de clase baja”, decía María Mercè Marçal). Hasta aquí, las diversas intensidades o prisas por recorrer el camino no establecieron ninguna fractura entre feminismos. Predominio del progresismo, pero con coloraciones políticas muy diversas. Sin embargo, hace unos años que ha crecido una movilización feminista dotada de mayor radicalidad, que pone el tema de la identidad en medio del foco mientras cuestiona no sólo la normatividad sobre el sexo, sino también el género, mientras se separa la cuestión de cualquier consideración social. Estamos frente a vínculos políticos explícitos en la lucha cultural contra la izquierda socialdemócrata. Hacen bandera de la filosofía que contiene la “ley trans” o bien la técnicamente fallida del “sólo si, es si”.

A pesar entender mejor y encontrar más funcional la «segunda ola», no me veo capacitado para valorar lo que de interesante aporta esta visión más radical. Estoy seguro de que en un debate sosegado tiene mucho que decir y a añadir. Pierde sus razones, con las formas sectarias y fanatizadas que lo plantea, al establecer una estrategia agonista que resulta destructiva y olvidando considerar que los avances en este sentido deben ser menos ideológicos y más compartidos para una mayoría de la sociedad que, en este tema como en otros, tiene un ritmo más pausado de progreso que aquellos que caminan en la vanguardia y hacen de agitadores. Venimos de dónde venimos y sería necesario que los desarrollos culturales y fácticos fueran sólidos. Y no hablo sólo de los sectores más tradicionales que todavía nos quedan. Desgraciadamente, hemos cambiado mucho menos de lo que quisiéramos. La semana pasada visité el Mobile, sitio moderno por excelencia, ligado a la economía del conocimiento y la tecnología. No es sólo que hubiera un predominio abrumador de hombres, es que una parte importante de las mujeres hacían de azafatas con las funciones y atributos que se les suponen. Antiguo. A menudo se mantienen los viejos estereotipos con ropajes nuevos, o ni eso. Quizás apostar por los cambios graduales, reales, tiene más sentido.

Ferrovial como ejemplo

Esta empresa ha anunciado que realiza una fusión inversa, y una sociedad holandesa justamente suya, la adquiere y, así, una empresa española de referencia deja de serlo, trasladando su sede corporativa y fiscal a los Países Bajos. Juego de manos. Mala imagen y mal precedente para la economía española, ya que una de las “majors” del Ibex se va apelando a las ventajas que le proporciona radicarse fuera, lo que puede servir de inicio y estímulo para que lo hagan otras. En realidad, Ferrovial no es estrictamente una empresa, sino un grupo con cientos de sociedades filiales y participadas cuya actividad de buena parte es internacional. En España, sólo tiene el 20% de un negocio que abarca obras de infraestructura de todo tipo, especialmente públicas: carreteras, aeropuertos, autopistas, grandes construcciones, energía, agua, residuos… Una empresa que nace a principios de los años cincuenta, cuando la España franquista empezaba a optar por el desarrollo de grandes obras y necesitaba operadores propios y fieles. Se creó de la mano de una familia acólita del Régimen, los Del Pino, emparentados con los Milans del Bosch y que después lo harían con los Calvo Sotelo. La familia sigue controlando el negocio con el 33% del capital. Durante los primeros cincuenta años vivió de las grandes adjudicaciones a dedo que hacía el franquismo: asignación casi exclusiva de las obras ferroviarias, después las primeras autopistas, la primera línea de Tren de Alta Velocidad. Compra Agromán y entra en las grandes obras de la Barcelona Olímpica además de la Expo de Sevilla o el Museo Guggenheim de Bilbao. También se hizo un sitio en servicios urbanos, tratamiento de aguas con Cadagua, residuos urbanos con Cespa… Con el nuevo siglo, lleva a cabo un gran salto internacional hasta convertirse en una multinacional presente en gran cantidad de países, construyendo y gestionando infraestructuras estratégicas. Más allá de lo simbólico, que también es importante, hace mucho tiempo que dejó de ser una empresa “española”.

De hecho, como todas las grandes corporaciones desde la globalización económica que empezó hace casi cuarenta años, no tienen “patria”. Su ámbito de acción es el mundo y tanto en la producción como en la radicación, pero especialmente en función de la fiscalidad son de donde conviene o de ninguna parte. Ferrovial factura, en el consolidado, 7.500 millones de euros anuales y su valor bursátil está en los 18.000 millones de euros. Tiene muchos litigios pendientes con la hacienda española -unos 254 millones de euros- y, afirman para demostrar que no se van por razones fiscales, que sólo se ahorrarán unos 40 millones de euros anuales. Que lo hacen para adquirir mayor reputación internacional y acceder a mejores líneas de financiación. De hecho, no se pueden quejar de la presión fiscal española ya que su contribución en calidad de impuesto de sociedades es ínfima pues se benefician de bonificaciones en forma de crédito fiscal por las pérdidas durante la pandemia y utilizan sabiamente los precios de transferencia dentro del grupo para realizar beneficios en paraísos fiscales. Antes de radicarse en los Países Bajos, el grupo es ya poseedor de 65 sociedades en refugios fiscales, lo que de hecho hace la totalidad de las empresas que cotizan en el Ibex. Para los accionistas españoles, cobrar los dividendos en el exterior también les va a salir muy a cuenta. Más allá del tema fiscal, el carácter simbólico de su marcha no es menor. El Gobierno español así lo entendió y salió en tromba a criticarlo. Y tienen razón. No es sólo que la empresa tiene un carácter estratégico y se pierde cualquier tipo de incidencia y control, sino que resulta algo injusto que un grupo especialmente beneficiario de las adjudicaciones públicas y de todo tipo de favores y protección gubernamental desde su creación hace más de setenta años, ahora se va dando un portazo que, además de razones de bolsillo, tiene de políticas. Quienes lo hacen, saben bien que refuerzan la estrategia del Partido Popular contra los socialistas, a quienes acusan falsamente de hacer una excesiva presión fiscal y de ser “enemigos” de las empresas. Es bueno recordar en este punto, que justamente esta empresa se ha movido siempre, en España, en régimen de oligopolio y con un proteccionismo público que poco tiene que ver con la competencia abierta y la libertad de mercado. Jugadores partidarios de librar la partida con cartas marcadas. Aunque ahora su escenario sea el mundo el carácter rancio de sus orígenes franquistas nunca han desaparecido del todo.