Vivimos atemorizados estos días ante la posibilidad de que se puedan producir grandes incendios forestales. Calor, niveles de humedad, sequedad larga y extrema se combinan con bosques densos e hiperpoblados donde se acumula la biomasa: se dan las condiciones de tormenta perfecta para que se produzca algún desastre ecológico. Cuando se nos queman bosques a gran escala, cuando se dan fenómenos de fuego incontrolado no es sólo que se provoca un daño inmenso a los recursos naturales y se ponen en peligro bienes e incluso vidas humanas. Nos sentimos vulnerables y a merced de fuerzas que nos sobrepasan. Resulta inquietante. Como país mediterráneo sabemos que somos propensos a los incendios, tradicionalmente el clima nos ha predispuesto a ello. Ahora, sin embargo, ya no es sólo una cuestión de memoria sobre aquellos grandes incendios que rememoramos o que alguien con más años o memoria nos recuerda. La mitad del Mediterráneo quema este verano: Grecia, Turquía, Italia… Pero también muchos otros lugares. El fuego está devastando California o carboniza millones de hectáreas en lugares tan inverosímiles como Siberia. Sensación de descontrol y desorden, de que lo que estamos viviendo no es anecdótico, no es sólo un mal año, sino que tiene que ver con una lógica ascendente que se relaciona con un cambio climático que se ha acelerado y que ha dejado de ser un concepto para convertirse en una evidencia.

De hecho, la profusión de incendios forestales ligados a menor pluviosidad y a olas de calor inusitadas es tan sólo una muestra de la mayor agresividad de la naturaleza en los últimos tiempos. La tierra está dejando de ser un lugar amable y mostrando cada vez más una crudeza que antaño estaba reservada a determinados lugares ya poco habitados o bien como expresión muy puntual de comportamientos desbocados. Cada vez más los fenómenos climáticos extremos se van convirtiendo en normalidad. Hace menos de un mes que hemos visto unos trágicos y brutales aguaceros en una Alemania que lo ha vivido de manera perpleja, como también en el norte de Italia. Los huracanes y las grandes tormentas tropicales que antes sólo se daban muy de vez en cuando en la zona del Caribe, ahora se suceden hasta el punto de haber agotado los nombres para singularizar la fotografía. El deshielo en las zonas del círculo polar Ártico avanza mucho más rápidamente de lo previsto y los lugares con nieves perpetuas ya se han convertido en rarezas casi inencontrables.

Nuestra civilización tiene una capacidad desmedida e incontrolada para modificar la biosfera. Desde la revolución industrial que comenzó hace dos siglos y medio, se ha producido una actitud depredadora y destructiva respeto al medio natural que no ha hecho sino irse acelerando hasta hoy. Se entró en la era del Antropoceno. Dejamos de convivir y aprovechar de manera respetuosa las inmensas posibilidades que nos ofrecía la tierra, para intentar dominarla, subyugarla y explotarla desaforadamente aprovechando los instrumentos tecnológicos. Crecimiento y presión demográfica, conurbaciones inmensas, expoliación de recursos naturales, contaminación de aguas y de la atmósfera, montañas de residuos, agotamiento de recursos… Un modelo de producción y de consumo irracional, destructivo, que nos lleva al paroxismo ya comportamientos sin mucho sentido. Sistemas de distribución tan desiguales y tan poco equitativos que hacen que conviva el despilfarro y la riqueza insultante de unos y la pobreza y falta de todo de otros. No hay que hacer grandes viajes para ver el contraste, a veces basta con cambiar de calle o de barrio.

Las Naciones Unidas acaba de hacer público un informe sobre el cambio climático y sobre los daños probablemente ya irreparables que hemos infringido el planeta y sobre la necesidad de que los gobiernos prioricen el actuar para paliar los efectos tan devastadores que tiene nuestro modelo económico vigente en las últimas centurias. Probablemente, el impacto de los datos y las evidencias del mal harán que se implanten algunas políticas de disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Pequeños parches y declaraciones de buenas intenciones. El problema es más de fondo y no nos lo resolverán ni pequeñas muestras de autocontención ni el recurso a la tecnología por más verde que ésta sea. Especialmente en Occidente, nos hemos acostumbrado a nadar en la abundancia y difícilmente renunciaremos a los comportamientos y hábitos que nos han traído hasta aquí. Posiblemente continuaremos viviendo en la inconsciencia. La condición humana lleva incorporada también la pulsión autodestructiva.

Llevamos ya dieciocho meses de pandemia. Tiempo para haber vivido varias idas y venidas, con remisiones y nuevas olas que hacen que aún no sea, ni mucho menos, una situación controlada ni superada. Sin duda que un mayor conocimiento del virus y los procesos de vacunación nos han permitido salir de la oscuridad casi medieval en la que estuvimos inmersos durante los primeros meses y recuperar una versión de normalidad que no acaba de ser tal nunca del todo y que provoca que a veces nos confundamos. Un proceso de superación que se eterniza en una sociedad ya mentalmente muy agotada, lo que hace tender a las autoridades y a cada uno de nosotros a acelerar de manera poco prudente actividades sociales y abandono de limitaciones que nos llevan a nuevas olas y los efectos de las variantes del virus que comporta su enorme capacidad de mutación. Una situación de precariedad sanitaria y de indefensión como en el mundo occidental hacía siglos que no se sentía, una vulnerabilidad hacia la que no estamos sin duda nada preparados para hacerle frente ni a nivel social ni institucional.

Tanto el cansancio colectivo como la necesidad de recuperar una actividad económica que prácticamente se paralizaron en su totalidad en algunos momentos, han llevado a forzar las cosas y no actuar de manera adecuadamente prudente. En nuestro país, se quería recuperar el turismo a cualquier precio, y hemos pagado precisamente el precio de la recaída en los contagios y al ser durante unos meses el peor país de Europa en efecto COVID, a pesar de tener unos índices de vacunación bastante altos. Precipitación en abrir la manga del ocio nocturno, las fiestas, los festivales de música y los viajes de fin de curso. Concentraciones multitudinarias de jóvenes y adolescentes sin ningún tipo de precaución, defensas o distancia social, justamente de aquellos colectivos aún no vacunados. Una administración e incluso reputados científicos afirmando que al aire libre no habría ningún problema. Triunfo del optimismo voluntarista. El resultado ha sido de miles de contagios y una curva ascendente durante muchas semanas, con hospitales y UCIS de nuevo saturadas. Una mezcla de imprudencia e incompetencia que ha resultado fatal.

Probablemente falta en muchas personas el sentido de responsabilidad ante una situación tan seria como la que vivimos. Se pierde la perspectiva. Cuando cometemos imprudencias no sólo nos ponemos en peligro nosotros mismos, lo que podría resultar hasta cierto punto aceptable, sino que justamente por lo que significa una epidemia ponemos en peligro a los demás y a toda la colectividad. Podemos argumentar que nuestros gobernantes son incapaces, que nos confunden, que resultan contradictorios y que tienen tendencia a sobreactuar, lo que los hace poco creíbles y, probablemente, tendremos razón. Esto, sin embargo, no nos exime de nuestra responsabilidad, de nuestro cuidado en actuar de manera razonable, madura y prudente. La pandemia no se ha superado y aún menos resuelto, aunque entreveamos una cierta salida futura. Relajar nuestros comportamientos y actitudes no hará más que alargar y eternizar la situación, cronificarla. El rechazo de una parte de la ciudadanía a vacunarse demuestra tanto el poco sentido de colectividad, de escasa solidaridad de alguna gente, como la facilidad con la que penetran y se apropian de la sociedad todo tipo de rumores y falsas informaciones a través de la red. Se apela a un falso sentido de la libertad personal para rechazar vacunarse, con lo cual se retrasa la inmunidad de grupo y, mientras tanto, se contagia y mueren personas. El negacionismo se ha convertido en la enfermedad de una sociedad demasiado saturada de individualismo y de personalidades necesitadas de remarcar su diferencia, su singularidad. La salud pública es un concepto que requiere, para que funcione, de colaboración, cooperación y compromiso. Es algo muy serio. El pensamiento científico y el conocimiento experto deberían estar por encima de manías y ensimismamientos particulares. Abrir internet o dar vueltas por las redes sociales más esotéricas no nos proporciona expertez ni nos da conocimiento y autoridad, y seguro que no nos hace más autónomos e informados. En algunos ámbitos, la capacidad de mantener la disciplina social nos hace más fuertes. Y también más libres.

Se ha instalado como un hecho habitual, normal, el tratar desde el Gobierno catalán con desprecio y de manera petulante todo lo que viene del gobierno del Estado o bien de otras comunidades autónomas. Se hace incluso en momentos cruciales y cuando se ponen en riesgo la defensa de los intereses económicos y políticos de la sociedad catalana. Aunque quiere ser una muestra más de puñetería y engreimiento para consumo interno, resulta poco inteligente. La negativa a asistir a la conferencia de presidentes convocada por Pedro Sánchez quiere ser una evidencia más -como si en faltasen- de una singularidad mal entendida, consistente en afirmar un supremacismo, el no someterse a las formas generalmente establecidas que, en definitiva, acaba por resultar ofensiva para todos los demás. Pero lo es también para todos aquellos que no nos sentimos representados cuando el Gobierno catalán se muestra innecesariamente desconsiderado o poco solidario. Nos hace sentir vergüenza y deja de ser, aunque sea momentáneamente y de manera simbólica, nuestro gobierno. Pero más allá de la mala educación y un nuevo ejercicio de prepotencia que no sirve de mucho más que para cultivar una reputación de arrogancia que parece que sólo encontramos fea e inaceptable cuando la practican los otros, el gesto nos puede resultar muy costoso. Esta conferencia de presidentes no es un paripé, no es sólo ir a hacerse una fotografía, que es como lo intentan descalificar a los aplicados consejeros desde Cataluña, sino un foro donde se debatirá la asignación por comunidades de los importantes fondos Next Generation que nos llegan de Europa para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia y para reorientar las estructuras productivas hacia el futuro. Están en juego partidas económicas muy trascendentales. Estar en la discusión no sólo significa asegurarse una participación justa en el reparto, sino hacerlo de acuerdo y con consenso con las otras comunidades autónomas. Un hecho este muy importante y que una parte de la política catalana desprecia porque quiere hacer evidente constantemente que no reconoce una legitimidad similar a otros como la que queremos para nosotros mismos. Que, además, se plantee en esta reunión, como se ha anunciado, el inicio del debate sobre el nuevo modelo de financiación futuro para las comunidades nos debería importar, y mucho. Parecería lógico pensar que se pueden tener intereses y estrategias compartidas con otros territorios y que esto se debería trabajar. Lo que queremos para nosotros no debería desagradar que también lo obtuvieran los demás. Hay concomitancias con otras regiones periféricas de la península y resulta más que obvio que compartimos necesidades con todo el arco mediterráneo. Dejar en la Comunidad Valenciana o Murcia solas en este cometido es un lujo que no deberíamos permitirnos. Es un gran error. La fortaleza de un país, de un territorio, de un gobierno, no se manifiesta por su capacidad para mostrarse desafiante, altivo y desagradable con los demás, sino por su astucia en tejer complicidades, por la práctica de la empatía, por conseguir y poder contar con socios y amigos.

La estrategia del gobierno catalán, y muy especialmente de la facción de ERC que es la que ostenta la presidencia, es fiarlo todo a la necesidad de Pedro Sánchez de sus votos en el Congreso de Diputados de cara a poder aprobar presupuestos y mantener una cierta mayoría parlamentaria, que no es lo mismo que estabilidad política. Se cree desde la Cataluña gobernante, que una vez alcanzados los indultos y haber establecido compromisos para reanudar la Mesa de Diálogo, sólo se puede visualizar una relación de formas bilaterales con el Estado, como si se estuviera ante instituciones depositarias de soberanías confrontadas en pie de igualdad, de tú a tú, y para escenificar aquello tan primitivo y torpe que consiste en tener cogido el contrincante por un lugar que duele. Es dar por hecho que el gobierno central ya defenderá los intereses catalanes ante las otras comunidades, porque no tienen más remedio que hacerlo. Se mire como se mire es una mala estrategia. No es lo mismo estar en los lugares que no estar allí. La información que se obtiene y la capacidad de incidir y convencer no es exactamente la misma. Pero, sobre todo, se falta al respeto a los demás, los cuales tienen el derecho a sentirse tan legítimos como cualquier otro. Como los niños pequeños cuando exhiben rabietas, parecemos empeñados en demostrar constantemente que somos un país de gente desagradable, arrogante y prepotente. Justamente cuando se tiene una cierta posición de fuerza es el momento de fomentar las buenas relaciones y establecer vínculos duraderos porque, cuando cambie la correlación o los vientos, las consideraciones y acuerdos se mantengan. Actuar de manera presuntuosa, altiva o insolente no suele casi nunca a salir a cuenta, además de resultar tan poco ético como escasamente estético. ¡Ay el día en que no te necesiten!

La composición, funcionamiento, falta de renovación y actitudes de los órganos del poder judicial en España, convierte en difícil su defensa. La arquitectura institucional es la de cualquier estado de derecho al uso y los intentos torpes de algunos ámbitos políticos de negarles su configuración democrática no resulta aceptable. En el caso del Tribunal Constitucional, la fórmula que se estableció justamente en la Constitución fue de que 10 de los 12 miembros los eligieran las Cortes españolas, requiriéndose una mayoría más que cualificada de 3/5 partes. Los dos restantes son la cuota corporativa que designa el propio Poder Judicial. Se acusa a este órgano de estar muy politizado al ser buena parte de sus miembros propuestos por los grandes partidos políticos. En algunos países, la cuota corporativa es mayor, pero esto no los convierte en más democráticos. En otros, en cambio, buena parte de la elección es mayoritariamente nombrada por el gobierno de turno. El problema, en el caso español, radica en la capacidad de bloqueo que puede tener algún partido político. El PP tiene mayoría (7 de los 11 miembros actuales) y no tiene ningún interés en negociar la necesaria renovación de los cuatro miembros que tienen, ya hace un año y medio, su mandato caducado, ya que puede utilizar el Tribunal como una fuerza de embate hacia el gobierno progresista actual de España. Esto, no resulta un tema anecdótico, pues deslegitima y bastante las acciones de este tribunal, las cuales resultan cada vez más sesgadas en pro de la estrategia de acoso de las derechas de Colón hacia un gobierno legítimo que no les gusta. El problema de fondo es que esta falta de legitimidad afecta tanto a las decisiones claramente políticas que toman -diríamos que de encargo- como aquellas que pueden resultar absolutamente lógicas y razonadas. El resultado, es que el TC actual, análisis que podríamos hacer extensivo al Consejo General del Poder Judicial que se encuentra en situación y posición similar, degrada la imagen global del sistema y crea grietas en el Estado democrático. Que, de manera repetida, la Unión Europea pida a España de que haga el favor de renovar un poder judicial caducado tiene un coste de reputación país muy grande en nuestro entorno.

La estrategia del PP, secundada por Ciudadanos y superada ampliamente por Vox consiste en utilizar el TC y el conjunto del Poder Judicial como un arma de ataque constante al gobierno de cara a provocarle no sólo desgaste, sino con el intento de inhabilitar prácticamente su actividad y derribarlo. La suspensión que se acaba de hacer del decreto de confinamiento por la pandemia, así como se hará con el de estado de alarma, resulta una temeridad, pues incapacita al Estado para actuar de manera drástica y contundente en una situación tan excepcional como la que acabamos de vivir, lo desarma. Esto responde a un intento por generar una situación bastante caótica y de imposibilidad de acción pública que juegue a favor del descontento de la población con la inacción gubernamental. Se hace actuar al Constitucional como una tercera cámara legislativa, lo que no es la función ni el espíritu que debería adornar a un órgano de último recurso. Quién debería ser garante de los derechos y obligaciones constitucionales actuando como oposición formal al gobierno constituido. Desgraciadamente, hemos visto a demasiados gobiernos latinoamericanos democráticos derribados por la acción partidista de los jueces como para no alarmarnos. Uno de los problemas políticos fundamentales en España es el de no disponer de una derecha de cultura democrática intachable y con sentido profundo de Estado. Ha heredado del pasado pulsiones autoritarias y una concepción patrimonial del poder político. Que gobierne la izquierda, lo vive como una anomalía, como algo ilegítimo con lo que se ha de terminar lo más rápidamente posible. No tiene el sentido básico de la alternancia democrática y de aceptación y reconocimiento del contrincante político. Convierte a este en el enemigo y la colaboración de algunas elementos y órganos judiciales contribuye a acentuarlo, con sentencias, pero también con actitudes altivas y de supremacía hacia los poderes ejecutivo y legislativo. La derecha española no se ha librado todavía del todo de los tics y la cultura franquistas, para incorporar encima el discurso iliberal y escasamente democrático de la nueva y desacomplejada derecha extrema europea. Son malos tiempos para la lírica.

La política es sobre todo representación, la expresión de formas simbólicas. El ejercicio del poder político, más que en tomar grandes decisiones sustanciales para nuestras vidas, algo que ya se hace sobre todo en el ámbito de la economía, consiste en dar la sensación de dominio, de control, de hegemonía. En un ámbito donde se ha impuesto la polaridad extrema, la emocionalidad, el relato, tener bonitas historias que contar, no se trata tanto de lo que se hace o se hará, sino de crear expectativas e ilusionar en que el mañana nos deparará muchas más oportunidades. Sin duda alguna, el cambio -casi la revolución- de gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez tiene muchos ingredientes que pueden hacer mudar una situación anímica, una tendencia de la sociedad española que se le iba tornando electoralmente adversa tal como se vio en las elecciones madrileñas y confirmaban los sondeos de opinión. Lo primero que destaca es la profundidad de los cambios ministeriales, así como la imprevisibilidad de muchos de ellos. No sólo se ha incorporado gente nueva que puedan ayudar a superar el desgaste de la gestión de la pandemia, del tema de Cataluña con los indultos y el difícil encaje en la sociedad española. Se ha cooptado gente diferente, relativamente impensable y, sobre todo, ha dejado fuera a gente muy cercana como Ábalos y se ha soltado el lastre de un personaje con exceso de autoestima como Iván Redondo, pero también ministros con algunos errores y debilidades notorias como Carmen Calvo o la titular de Exteriores. Refuerza, y mucho, el perfil municipalista, lo que no es baladí cuando se acerca un nuevo ciclo electoral que se iniciará justamente con unas elecciones municipales en primavera de 2023 y pone en frente de Fomento y del reparto de los fondos Next Generation la que hasta ahora era la alcaldesa de Gavá. Poca frivolidad con el calado de un ministerio que reparte recursos y planifica y ejecuta los equipamientos públicos. Un guiño al PSC, pero también a todo el PSOE del arco mediterráneo que hace mucho tiempo reclama que se le dé prioridad como es debido de cara a contrapesar el excesivo protagonismo y centralidad capitalina de Madrid. Los cambios parecen decir que se acabaron los inventos y se retorna a un modelo de gobierno más convencional y previsible, reforzando notoriamente al partido, algo imprescindible si se quieren ganar elecciones. Que haya incorporado elementos vinculados a sus antiguos competidores, resulta un mensaje de unidad y activación de la maquinaria casi imbatible.

La dimensión y celeridad del cambio ha cogido con el pie cambiado a casi todos. Para empezar a sus socios de Podemos, los cuales pensaban poder blandir el no dejarse hacer cambios como prueba de fortaleza y autoridad, y ahora exhiben una notable debilidad, quedando como obsoletos y con algunos miembros al Gobierno claramente ineficientes o muy desgastados como es el caso de un ausente Manuel Castells o, también, Alberto Garzón y sus discursos extemporáneos sobre el consumo de carne. El contundente movimiento del presidente Sánchez ha descolocado a un Partido Popular que veía como a partir de las elecciones madrileñas y la derrota a plazos de Ciudadanos, sólo tenía que poner el piloto automático y dejar que la dinámica de las encuestas, cada vez más a favor, se fuera consolidando. Ni Pablo Casado lleva ahora la iniciativa política, por más que gesticule y sobreactúe, y Díaz Ayuso ha dejado de ser trending tópic con sus ocurrencias. El cambio de ritmo político es muy contundente y parece que las prioridades programáticas serán ahora claras y rentables toda vez que el Gobierno ya ha digerido los mayores sapos de la legislatura. Recuperación económica, fondos europeos, infraestructuras, vivienda y políticas sociales como bandera de mantenimiento y recuperación del electorado. Lógicamente, también hay sombras, y la de los rebrotes pandémicos resulta muy notable tanto por el impacto social como por su reverso económico si toman una cierta profundidad y duración. Descolocado también el Govern independentista catalán que ve como la Mesa de Diálogo no será, ni mucho menos, el único mecanismo de reversión de la situación política en el que nos ha puesto El Procés. Aunque algunos se resisten a aceptarlo, la interlocución pasa muy especialmente por un PSC reforzado en la Moncloa, pero también por unas fuerzas económicas que, finalmente, parecen haber abandonado el mutismo y la dejadez de funciones a la que nos tenían acostumbrado los últimos años. Por suerte, los activos del país son muchos más y más diversos de lo que ha afirmado el relato dominante en los últimos años y se nos pretendía imponer.

Cada gobierno hace nuevas leyes educativas e, invariablemente, cada reforma disminuye el nivel de exigencia. Ahora se habla que se podrá pasar de curso al bachillerato con una asignatura suspendida. En cada colada se pierde una sábana. Adquirir títulos se cree ya que es un derecho, pero sin que sea exigible el esfuerzo y el trabajo correspondientes. Los procesos educativos, en sus diferentes niveles, se han vuelto leves, líquidos y sin fricciones. Tiempo de espera y de proporción de algunos rudimentos, donde más que saber incorporan distintivos para la empleabilidad. De hecho, todo el sistema educativo se ha convertido casi en una ficción. Más que aprender, a lo que muchas autoridades académicas reconocen que es algo a lo que ya se ha renunciado, se trata de adiestrar en el arte de adaptarse a circunstancias cambiantes y responder de manera proactiva los estímulos nuevos. Es aquí donde radica la importancia de la incorporación de tecnología digital en el aula, ya que se trata de adaptar la mente, especialmente de niños y adolescentes, a un entorno y un futuro de flexibilidad profesional absoluta y continua. Todos los niveles de enseñanza se han convertido en un ámbito lúdico, un «juego», donde se ofrecen multitud de oportunidades de diversión y entretenimiento, aunque se les distinga con el sello de la innovación pedagógica. Alberto Royo, habla de la «generación blandita» para tipificar estos jóvenes y adolescentes hiperprotegidos por sus padres, los cuales quieren entregar a sus hijos de cualquier esfuerzo. Hacemos gente muy frágil e incapaz de soportar cualquier frustración, ninguna, por poco relevante que ésta sea. En la misma línea, y para sobrevivir, los enseñantes practican la estrategia de hacer «loqueloschicoslesguste», y así ahorrarse problemas y dificultades.

El sistema educativo, en todos sus niveles, está renunciando a la función ancestral de proporcionar conocimiento a través de un proceso de aprendizaje. Se trata de formar una cierta clase cualificada de usuarios de internet, que sepa dónde buscar determinados datos y qué hacer en ciertos lugares, combinado con un conjunto de «valores» que se cree son indispensables para desenvolverse en el mundo profesional: flexibilidad, trabajo en equipo, adaptabilidad, innovación, dominio de multitud de anglicismos, utilitarismo… Evidentemente, todo ello impartido en aulas saturadas de nuevas tecnologías tanto por las que aporta el centro educativo como por la profusión de útiles que utilizan los estudiantes y que exhiben casi sin pudor y autocontrol. Una clase ya no es exactamente una clase, sino «un episodio interactivo en el que deben surgir y canalizar flujos de información variados». El profesor ya no es un experto, y menos debe transmitir contenidos y saber. La función del docente es la de proporcionar motivación, simplificar los procesos y crear entornos de aprendizaje. El lenguaje grandilocuente y impostado no evita que todo se acerque a la impostura.

De hecho, el sistema educativo colabora en la emergencia de este nuevo analfabetismo que es el resultado de considerar que el conocimiento está al alcance de todos a través del clic, la ficción de poder recurrir a él cuando lo necesitamos. La saturación informativa y de estímulos, el desprecio arrogante por el conocimiento como experiencia personal y la especialización utilitarista en el proceso de formación lleva al predominio de la ignorancia. El decaído concepto de «cultura general» compensó en parte y durante buena parte del siglo XX el papel empobrecedor de la segmentación, parcelación y la noción tecnificadora del proceso formativo. La pérdida de capacidad de atención y concentración de los estudiantes, la forzada reducción de los niveles de exigencia y la «gamificación» educativa ha hecho el resto para que la situación actual de nuestras universidades, institutos y escuelas sea más bien deprimente. En el aprendizaje digitalizado sólo se frota la información, fomentando una instrucción rápida, pero muy simple. Los estudiantes ya no adquieren la narrativa imprescindible para poder construir el marco de los acontecimientos. Se piensa con lo que se sabe, y se sabe poco, porque tanto la actitud del nativo digital, como la de la propia docencia tienden a despreciar el conocimiento en la medida que se cree poseer la capacidad de acceso. El recurso a internet nos hace más incultos y superficiales.

Como ha hecho notar Nuccio Ordine, casi todos los países europeos han disminuido los niveles de exigencia educativa, con el objetivo de que los estudiantes superen los cursos con mucha facilidad. Se trata de permitir superar los exámenes, pero sobre todo su sustitución por formas de evaluación más ligeras. Un intento ilusorio para mantener una normalidad académica que no existe. Los estudiantes y sus familias ya no toleran no superar un curso. No hacerlo, conlleva culpabilizar la institución educativa, y no la falta de hábito y predisposición al trabajo del matriculado. Para conseguir que unos estudiantes sin ninguna capacidad y esfuerzo se puedan graduar (que no aprender, ya que no se trata de eso) y hacer su estancia más cómoda y agradable no se les piden más sacrificios, sino atraerlos mediante una perversa reducción progresiva de los programas y la transformación de las clases en un juego interactivo superficial que poco tiene que ver con el estudio.

El economista John Maynard Keynes, de quien este año se conmemora el 75 aniversario de su muerte, hacía la predicción en 1930 que, en aproximadamente un siglo, la humanidad lograría vivir de manera cómoda, casi sin la necesidad de trabajar, gracias a los progresos tecnológicos, lo que le hacía plantearse cuál era el límite de lo necesario para vivir de manera bastante digna, para no ir más allá. El crecimiento económico como fin en sí misma no tenía ningún interés para alguien que partía de una concepción moral e instrumental de la economía. A partir de satisfacer las necesidades de los hombres, más allá de resolver problemas concretos y prácticos, la economía no tenía muy atractivo para este gran economista. Se planteaba Keynes, ¿cuanto es suficiente?, y consciente de que la codicia y la envidia tienden a que la condición humana no se dé nunca por satisfecha, consideraba establecer mecanismos desincentivadores para trabajar más de lo necesario y disponer de más riqueza de la cuenta, creando un sistema de tributación en que el coste de oportunidad de rebasar lo indispensable fuera poco interesante. Como lo definió el maestro de Keynes, Alfred Marshall, la economía era el estudio de «los requisitos materiales del bienestar», por lo que el crecimiento económico debería entenderse como algo residual y no como un objetivo. Como señala Robert Skidelsky, en el mundo rico estamos cuatro o cinco veces mejor que en 1930 si nos atenemos a la media, pero las jornadas laborales sólo han disminuido un 20%. Por el contrario, la desigualdad interna, la nueva pobreza, se va asemejando en una parte de la población de los países ricos con la mayor parte de la población de los países pobres. Al final, un progreso bastante escaso en conjunto. No hemos mejorado mucho si tenemos en cuenta que un campesino en la época medieval trabajaba una media de 1.620 horas anuales, mientras que los asalariados estadounidenses están por encima de las 1.800 horas y en China entre las 2.500 y las 3.000 horas anuales.

La nueva pobreza de los países ricos pone en evidencia una necesidad adicional a la de repartir el trabajo, que es la de encontrar mecanismos supletorios de redistribución de la renta. La desigualdad creciente, que los tiempos de pandemia no ha hecho sino acelerarse, es el mayor corrosivo económico y social de las últimas décadas, y tiende a acentuarse mucho más. ¿Cuánta desigualdad puede tolerar un sistema democrático? No debemos estar lejos del momento crítico, del punto de no retorno. Hasta hace un tiempo, los salarios y la tributación han sido los dos grandes mecanismos para establecer ciertos límites, un cierto reequilibrio a la tendencia natural del mercado a estimular una desigualdad acumulativa. Falta de trabajo, precariedad laboral, salarios en disminución, tributación centrada en las rentas del trabajo, exenciones y fraude fiscal para el capital y caída libre de las prestaciones sociales del Estado nos llevan a un mundo cada vez más desigual, salvo que establecemos un nuevo pacto social, que asegure ciertos niveles de redistribución. Quizás los salarios misérrimos o inexistentes impiden que la renta pueda depender del empleo y únicamente del empleo, entendido ésta en un sentido clásico. La Renta Básica aparece como mecanismo redistributivo de mínimos que evite la exclusión económica y social de una parte cada vez mayor de la ciudadanía. Un concepto puesto en discusión no sólo desde la derecha política, sino también desde parte de la izquierda, ya que es un mecanismo que puede inducir a fomentar el desistimiento y crear una sociedad de personas subvencionadas, que sería lo contrario de individuos auténticamente libres y autónomos. La renta básica, no puede ser un instrumento para reducir a una parte de la sociedad a la condición de parias subvencionados que evite la revuelta social. Debe ser, en todo caso, un mecanismo proporcionado, complementario, que no disminuya los incentivos individuales a construir cada uno su propia vida. Para hacerla posible, es necesario un nuevo paradigma tributario con un suelo de mínimos para el impuesto de sociedades, obligando así a las tecnológicas y en las grandes corporaciones a cotizar. Que en la última reunión de los países del G-7 se haya encarado el tema resulta significativo y un buen punto de partida. Es necesario un nuevo pacto económico y social que renueve y ponga al día lo que se hizo en su momento y dio lugar al Estado de bienestar. Algunos elementos destacados del establishment económico actual también empiezan a abogar por establecer mecanismos de reparto de trabajo, aunque esto pueda afectar negativamente la productividad y la competitividad en una economía global como la actual. El bienestar y la cohesión social deberían ser valores superiores.

La cultura judeocristiana está construida sobre la culpa y el castigo que, se cree, le resulta inherente y le da sentido moral. La idea ha sido siempre pretender construir la sociedad a partir de unos individuos disciplinados a partir del miedo. Más que la causalidad de las cosas se rebusca en el comportamiento inadecuado de las personas, en las debilidades, las cuales deben ser motivo de escarmiento y vergüenza pública. El código penal está lleno de tipos delictivos que van asociados a penas de prisión, lugar en el que se materializa el castigo y, santa ingenuidad, se sigue un proceso de arrepentimiento y de rehabilitación. Seamos claros, las cárceles no sirven prácticamente para nada y son la evidencia de que algo no funciona en nuestro mundo. Más allá de apartar de la sociedad a los individuos realmente peligrosos, buena parte de la gente que va a parar allí lo único que hacen es ser humillados y cultivar resentimiento. No retornan nada a la sociedad de lo que le pueden haber sustraído, ni modifican su personalidad y aún menos se forman. Para el cuerpo social resulta tranquilizador identificar una población proscrita y «culpable» y no nos suele doler el corazón porque hemos sido educados en la práctica de la represalia o la revancha, aquello tan simplista y poco cristiano de «quien la hace, la paga». En España hay, de manera constante, aproximadamente 50.000 personas encarceladas, 10.000 de las cuales lo son de manera preventiva. Todos tienen detrás una historia personal para ser contada, también una familia que sufre y, muy probablemente, podrían restituir el posible daño causado a la sociedad de manera menos cruenta y más humanitaria de cómo lo hacen.

Últimamente se habla mucho de indultos, de su conveniencia y de su significación con relación a los encarcelados por El Procés. Se reflexiona sobre si es un trato de favor, la evidencia de la fortaleza o de debilidad del Estado y si esto resulta aceptable cuando los beneficiarios de la gracia no han mostrado arrepentimiento y desprecian abiertamente tal medida benefactora. Las intenciones y las bondades de las acciones siempre resultan opinables. Lo que acaba de hacer el Gobierno español no hay duda de que tiene la prerrogativa para hacerlo y resulta conforme al sistema constitucional que nos rige. En principio, la benevolencia no debilita a quien la practica, aunque está por ver el pretendido carácter balsámico de las medidas y se pueden tener dudas razonables sobre su eficacia. Probablemente, el error radica en la exageración sobre sus efectos; tanto los que lo plantean en un sentido como en su inverso. Más allá de los análisis políticos en relación con Cataluña y España, que estas personas salgan de la cárcel resulta altamente positivo, así como probablemente lo sería que salieran muchas otras que no tienen la connotación de «políticas». Pero situados en la dimensión de la política, seguramente es bueno para desinflamar un tema que no debería haber salido nunca del terreno político y tomar caminos de conflicto abierto y de toma de decisiones que rompían claramente con los usos democráticos y con normativa jurídica vigente. Siempre resulta útil desescalar disputas. La reacción airada, especialmente de la derecha extrema española, está fuera de lugar y es prisionera de una cultura de la venganza que parece lejos de la voluntad de concordia y entendimiento que debería formar parte de los hábitos democráticos. Ciertamente no ayuda, por contraposición, el discurso independentista inflamado que intenta compensar el vaciado del discurso de la «represión», desvirtuando el valor de la medida atribuyéndola a la debilidad manifiesta del Estado ante una supuesta presión europea, recuperando los eslóganes de «lo volveremos a hacer» o «ni un paso atrás». A veces tampoco ayuda mucho ERC, en la medida que intenta contrapesar su realismo y pacto con el gobierno central, con salidas verbales de tono exaltado para evitar ir a parar a la categoría de los traidores

Ciertamente el gobierno de Pedro Sánchez ha sido valiente en este tema y es obvio que arriesga políticamente mucho. Puede no salir bien. Puede que esto no sea el inicio de una nueva época basada en el diálogo y el pacto, convirtiéndose su mano extendida en una debilidad o una derrota. Resulta bastante claro, que había que intentarlo. Si algo no era posible, era mantener el «marianismo» del no hacer nada y dejar que el tema se enquistara de manera prácticamente definitiva. A veces, sin embargo, el discurso socialista sobre ello sufre de un exceso de triunfalismo, de un optimismo casi ingenuo. Para salir de la situación hacen falta más cosas que indultos y genéricas mesas de diálogo. Se requiere de una propuesta política amplia, sólida, seria y creíble que pueda interesar a una mayoría de la sociedad catalana -la independentista y la laica-, que tenga consistencia y largo recorrido. Probablemente, es el momento para un planteamiento profundamente federal, no en su uso puramente genérico, sino cargado de contenido y de futuro.

Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha venido esta semana para traernos la buena nueva de que España aprueba con nota su programa de reformas estructurales de cara a ser el país beneficiario de la financiación extraordinaria con fondos europeos de hasta 140.000 millones de euros a percibir los próximos seis años, o dicho de otra manera el equivalente al 11% del PIB de España. Como es conocido, el acceso a estos importantes fondos no se hace de manera automática, sino que está condicionado a un proyecto de transformación estratégica de su economía en la línea de avanzar hacia la sostenibilidad medioambiental, haciendo apuestas realmente transformadoras para ir a una economía verde y circular y, al mismo tiempo, actuar en pro de una transformación digital del conjunto de la actividad productiva. Una ocasión realmente única, si se sabe aprovechar, para hacer no sólo frente a los efectos contractivos que ha tenido la pandemia, sino de realmente cambiar el paradigma económico asignando recursos extraordinarios de manera dirigida. Que España sea uno de los primeros países en pasar el corte de la Comisión Europea supone un reforzamiento político muy importante por el gobierno de Pedro Sánchez, fortaleciendo su figura en un momento en el que el empuje de la derecha envalentonada a partir de las elecciones madrileñas y de la enconada polémica por los indultos parecía que le hacía mostrar indicios de flaqueza y de un posible inicio de final de ciclo. Con el engrasado de la economía que provocarán los fondos Next Generation, el gobierno gana tiempo y, por poco que haga bien su aplicación, acabará por mejorar su popularidad y se debilitará el asedio de las derechas de la Plaza Colón. Los buenos indicadores económicos suelen amainar los planteamientos políticos más histéricos.

De todas formas, aunque la sensación inicial respecto a los fondos europeos pueda ser más bien positiva, habrá que ver la aplicación y los resultados reales. La letra pequeña de todo ello será muy importante. Ya se sabe, que el diablo suele estar en los detalles. Sin poner en duda las pretensiones transformadoras del gobierno español respecto una estructura económica caduca, habrá que constatar si se tendrá el atrevimiento suficiente para optar por la innovación y las actividades tecnológicas y de mayor valor añadido, superando apuestas que a medio plazo son perdedoras como es el caso de actividades industriales basadas en mano de obra intensiva y barata, la exageración de la apuesta turística o bien el volver a desregular los sectores de la construcción o de las finanzas. Las élites extractivas tradicionales -españolas y catalanas- siempre están al acecho para captar fondos públicos y conseguir que en realidad nada cambie. Pintar de verde actividades tradicionales que tienen poco recorrido y que no se establezcan sobre capital humano muy cualificado, que los hay, no significa apostar por la sostenibilidad económica, más bien al contrario. Conseguir que los fondos repercutan en hacer más competitivas pequeñas y medianas empresas innovadoras resulta crucial y, hoy en día, los mecanismos para que esto sea así no están aún nada claros. Cómo hacer que los 72.700 millones de euros previstos de ayudas directas vayan bien encaminados. Todo abona al predominio de grandes proyectos energéticos en manos de las firmas de un sector que funciona como un oligopolio y que, justamente como se ve con el precio que pagamos la energía, contribuyen a frenar la mejora de la competitividad del tejido empresarial realmente interesante y que aumente de manera desproporcionada nuestra factura doméstica.

El programa Next Generation resulta una oportunidad insólita para hacer transformaciones imprescindibles de gran calado. Si no hubiera habido los efectos de la pandemia, la renovación estructural era igualmente necesaria. Lo que ha permitido esta crisis es que se aceptara poner en marcha políticas abiertamente keynesianas de estímulo que hicieran efectos multiplicadores y, al mismo tiempo, de mutación de estructuras y dinámicas envejecidas que ya no llevaban a ninguna parte. Pero todo esto no funciona en forma «piloto automático». Significa hacer opciones y establecer políticas que no son meras soluciones técnicas. Son apuestas ideológicas sobre el futuro que se quiere. Satisfacer a las élites de siempre o bien actuar en pro del futuro y el bienestar de la mayoría de la ciudadanía no resulta exactamente lo mismo. De hecho, son opciones contrapuestas.

Es una de las disyuntivas y uno de los debates más relevantes que se producen hoy en día en Cataluña. Hacer o no hacer una ampliación de la tercera pista en el aeropuerto, parece que este es el dilema. De momento, se echa de menos en esta disputa argumentos de calado tanto a favor o en contra, que los hay en los dos sentidos, y los términos en que se plantea resultan más bien tópicos cuando no claramente superficiales. Reduciendo los argumentos al mínimo, parece que se confrontan una apuesta por el crecimiento económico, del que un aeropuerto dimensionado sería una pata significativa, ante los que primarían la defensa de una zona natural de interés y que creen que debe continuar siendo protegida ante los embates del cemento. O más vuelos de avión o salvaguarda de los pájaros. Especialmente el sector turístico, con el apoyo de las organizaciones empresariales, abonan una ampliación que entienden permitirá recuperar y aumentar el flujo de viajeros que deben llenar y dinamizar la ciudad de Barcelona y dar sentido a los recursos de las zonas costeras. Para los escépticos en que la ampliación aeroportuaria sea necesaria, el impacto ambiental que se derivaría en una zona ya especialmente congestionada resulta innecesario y poco justificable. En términos políticos, la confrontación está servida entre los partidarios del pragmatismo economicista y aquellos que creen vale la pena pensar un poco más allá. Más grande, no siempre es mejor. Hay también un amplio sector del arco parlamentario que tiene la tentación de gustar todo el mundo y no se ha pronunciado. De hecho, todavía no se sabe muy bien cuál es la posición definitiva sobre el tema por parte del nuevo Govern de la Generalitat.

Probablemente todos estaríamos de acuerdo en que, si se tiene que hacer y se hace, que se haga bien y se minimice el impacto. Se impone la pregunta, ¿es necesario? Hay dos aeropuertos más en Cataluña notoriamente infrautilizados y uno más, el de Lleida, que no se utiliza para casi nada. ¿No sería posible constituir con todos ellos un sistema integrado que nos ahorre la operación de agrandamiento de El Prat? Si el resultado de establecer esta red no es equivalente al carácter referencial de disponer de un aeropuerto más grande, ¿cuál es en realidad la función que se le dará en el aeropuerto barcelonés? La cuestión de fondo y creo que muy relevante es si esto permitiría convertirlo en un hub remarcable tanto de vuelos entre las principales ciudades del continente, como especialmente de enlaces con los principales aeropuertos del mundo, lo que ahora no es. Esto, probablemente justificaría una ampliación que daría a Barcelona una posición estratégica y que le permitiría desarrollar en el entorno catalán actividades económicas de base tecnológica de interés y atractivo globales. Quiero decir que resulta crucial para decidir explicitar cuál es la estrategia económica de fondo que puede sustentar dar más amplitud a esta infraestructura, en definitiva, cuál es el proyecto de país y de futuro que habría detrás.

Porque, no nos engañemos, si de lo que se trata es de aumentar los vuelos low cost que son los que hasta ahora predominan en este aeropuerto, para inflar un sector turístico que antes de la pandemia ya resultaba insostenible para la ciudad de Barcelona y para su entorno, quedaría más que justificada la negativa a la ampliación. Este es un sector que ha sufrido muchísimo con la pandemia y que parece coherente con las infraestructuras hoteleras que se disponen que recupere un cierto peso económico. Seguro que el país lo necesita. Pero habría que evitar el exceso de dependencia hacia una actividad sobre la primacía de la que no es posible mantener una economía moderna y competitiva, ni una sociedad equilibrada. Poco valor añadido, mucho impacto ambiental y social, desestructuración de una ciudad gentrificada y convertida en una especie de Port Aventura urbano y mucho trabajo precario. Los datos son elocuentes. El turismo movió en Cataluña, en 2019, casi 40 millones de personas, 21,5 millones de las cuales eran extranjeras, con una facturación aproximada de 25.000 millones de euros. Es mucho. Sólo la ciudad de Barcelona recibió 12 millones de visitantes, lo que equivale comparativamente a más del doble del turismo que recibió todo Brasil en ese mismo año. Una exageración. Pensar que el modelo económico de país es éste resulta aterrador, como lo es que no se haga un mínimo cómputo de las externalidades negativas que todo ello genera y se renuncie a evolucionar hacia un turismo posible y sostenible. Todo esto hay detrás de una decisión como la de ampliar si o no el Prat. Estaría bien que se discutiera y se nos enseñara la fotografía completa y no sólo un detalle de ella.