La composición, funcionamiento, falta de renovación y actitudes de los órganos del poder judicial en España, convierte en difícil su defensa. La arquitectura institucional es la de cualquier estado de derecho al uso y los intentos torpes de algunos ámbitos políticos de negarles su configuración democrática no resulta aceptable. En el caso del Tribunal Constitucional, la fórmula que se estableció justamente en la Constitución fue de que 10 de los 12 miembros los eligieran las Cortes españolas, requiriéndose una mayoría más que cualificada de 3/5 partes. Los dos restantes son la cuota corporativa que designa el propio Poder Judicial. Se acusa a este órgano de estar muy politizado al ser buena parte de sus miembros propuestos por los grandes partidos políticos. En algunos países, la cuota corporativa es mayor, pero esto no los convierte en más democráticos. En otros, en cambio, buena parte de la elección es mayoritariamente nombrada por el gobierno de turno. El problema, en el caso español, radica en la capacidad de bloqueo que puede tener algún partido político. El PP tiene mayoría (7 de los 11 miembros actuales) y no tiene ningún interés en negociar la necesaria renovación de los cuatro miembros que tienen, ya hace un año y medio, su mandato caducado, ya que puede utilizar el Tribunal como una fuerza de embate hacia el gobierno progresista actual de España. Esto, no resulta un tema anecdótico, pues deslegitima y bastante las acciones de este tribunal, las cuales resultan cada vez más sesgadas en pro de la estrategia de acoso de las derechas de Colón hacia un gobierno legítimo que no les gusta. El problema de fondo es que esta falta de legitimidad afecta tanto a las decisiones claramente políticas que toman -diríamos que de encargo- como aquellas que pueden resultar absolutamente lógicas y razonadas. El resultado, es que el TC actual, análisis que podríamos hacer extensivo al Consejo General del Poder Judicial que se encuentra en situación y posición similar, degrada la imagen global del sistema y crea grietas en el Estado democrático. Que, de manera repetida, la Unión Europea pida a España de que haga el favor de renovar un poder judicial caducado tiene un coste de reputación país muy grande en nuestro entorno.

La estrategia del PP, secundada por Ciudadanos y superada ampliamente por Vox consiste en utilizar el TC y el conjunto del Poder Judicial como un arma de ataque constante al gobierno de cara a provocarle no sólo desgaste, sino con el intento de inhabilitar prácticamente su actividad y derribarlo. La suspensión que se acaba de hacer del decreto de confinamiento por la pandemia, así como se hará con el de estado de alarma, resulta una temeridad, pues incapacita al Estado para actuar de manera drástica y contundente en una situación tan excepcional como la que acabamos de vivir, lo desarma. Esto responde a un intento por generar una situación bastante caótica y de imposibilidad de acción pública que juegue a favor del descontento de la población con la inacción gubernamental. Se hace actuar al Constitucional como una tercera cámara legislativa, lo que no es la función ni el espíritu que debería adornar a un órgano de último recurso. Quién debería ser garante de los derechos y obligaciones constitucionales actuando como oposición formal al gobierno constituido. Desgraciadamente, hemos visto a demasiados gobiernos latinoamericanos democráticos derribados por la acción partidista de los jueces como para no alarmarnos. Uno de los problemas políticos fundamentales en España es el de no disponer de una derecha de cultura democrática intachable y con sentido profundo de Estado. Ha heredado del pasado pulsiones autoritarias y una concepción patrimonial del poder político. Que gobierne la izquierda, lo vive como una anomalía, como algo ilegítimo con lo que se ha de terminar lo más rápidamente posible. No tiene el sentido básico de la alternancia democrática y de aceptación y reconocimiento del contrincante político. Convierte a este en el enemigo y la colaboración de algunas elementos y órganos judiciales contribuye a acentuarlo, con sentencias, pero también con actitudes altivas y de supremacía hacia los poderes ejecutivo y legislativo. La derecha española no se ha librado todavía del todo de los tics y la cultura franquistas, para incorporar encima el discurso iliberal y escasamente democrático de la nueva y desacomplejada derecha extrema europea. Son malos tiempos para la lírica.