La estrategia del partido socialista parece ser la de transitar por un cable sobre el abismo a la hora de tratar el tema de las ilegalidades cometidas por el llamado Procés a partir del verano de 2017. Buena parte de los hechos o bien están juzgados y condenados porque el código penal lo establecía, o están pendientes de ser evaluados debido a que algunos dirigentes decidieron marcharse al extranjero. Los hechos fueron graves y los efectos de ruptura de la sociedad catalana tardarán generaciones en superarse. Romper unilateralmente las leyes vigentes que constituyen el Estado de Derecho y son la base del sistema democrático, resultan punibles en todas partes. A los trumpistas asaltando de 2020 en el Capitolio se les juzga ahora justamente por el delito de sedición. No veo a nadie, excepto los encausados, que se desgarre las vestimentas por ello y más bien se aplaude. En España, después de que el Partido Popular y Mariano Rajoy practicaran la actitud contemplativa y meramente represiva sin intentar nada en el terreno político para evitar la crisis que el reto independentista generaba, la subida al gobierno del partido socialista desde 2019 ha comportado tomar un papel más activo. Se ha intentado devolver a la política lo que podía ser devuelto a ella, impulsando medidas de gracia en forma de indultos para sacar a la gente de la cárcel y poner las bases de un diálogo que debía desinflamar la situación. Estrategia del ibuprofeno se ha llamado. El coste político es grande en una política española en la que el relato predominante es de una derecha más bien asilvestrada. El PSOE conseguía con ello cierta pacificación, un volver a empezar meramente político en Catalunya y, al mismo tiempo, una mayoría más o menos estable para aprobar leyes y presupuestos. También, de paso, una ruptura en el seno del independentismo que, lógicamente, le debilitaba.

La segunda parte de la operación, de oportunidad y efectos más dudosos, está siendo la modificación del código penal bajo demanda y exigencia de Esquerra. Que la tipificación de la sedición en España era obsoleta, porque tiene doscientos años, resulta bastante evidente. Como lo era encajar en este tipo delictivo las condenas del 1 de octubre. Algo forzado. Pero también resulta insólito y de mal justificar, tanto jurídica como políticamente, que el cambio se haga a la carta ya petición de los condenados. Lo lógico habría sido hacerlo en otro momento y forma. El relato de la derecha sale reforzado y, también parece lógico, que una parte significativa de la sociedad española no digiera bien esta acción gubernamental. Lo que ya lo ha desbordado todo, es que acto seguido se modifique la legislación sobre malversación disminuyendo las penas aplicadas a los delitos que no comportan apropiación y beneficio personal del dinero mal utilizado y sustraído al erario público. La sensación general, es que se diluye el castigo a la corrupción, un mal importante en la salud democrática española, y que solamente se aborda. para que las sentencias sean compatibles con la vuelta a la actividad política inmediata de los líderes políticos de ERC condenados y, vete a saber, si también beneficiar a algún político andaluz al que le tocaría entrar en prisión por malversación.

Más allá de la reacción airada de la caverna política y mediática española, existen dudas más que razonables cómo para poner en cuestión la práctica de remover legislaciones y el código penal bajo demanda de encausados y para resolver profundos problemas políticos. No hay un buen sentido del tiempo y de la oportunidad, pero también se lanza un mensaje muy extraño a la sociedad cuando se trastornan las leyes ad hoc y de forma improvisada. Se podría justificar en aras de unos efectos políticos muy positivos, los cuales dudosamente se darán. Todo esto no responde a un pacto serio con el independentismo, ni tampoco con Esquerra. Este partido no se comporta con ningún tipo de prudencia, que le exigiría cierta contención verbal y evitar ir poniendo sobre la mesa nuevas demandas por satisfacer. Pedro Sánchez, experto en moverse en situaciones políticamente agónicas, dijo hace unos días que «estaba arriesgando mucho» con el tema de Catalunya. Y es cierto, arriesga que la política progresista y de izquierdas, tarde mucho en volver a ser posible una vez pierda las elecciones justamente por este tema. ¿Habrá aportado algo para solucionar el “conflicto catalán” que le permita pasar a la historia? Probablemente no. Con la derecha en el poder, el independentismo volverá a reunificarse y a radicalizarse. Retornará a la casilla de salida de 2017. En medio, y ojalá me equivoque, sólo habrá habido un exceso de medicación que no habrá servido para nada.

Que las instituciones informen, va de soi, como es lógico que los gobiernos se expliquen, aunque a veces no haría falta, ya que se les entiende todo. Para dirigirse a la gente, aparte de decretos y leyes, tienen los parlamentos, las comparecencias, las ruedas de prensa, las entrevistas… Los medios de comunicación, entre otras cosas, tienen la función de revelar y controlar ejercicio del poder político. Éste, cada vez más, le parece que no es suficiente y que merecemos unas buenas dosis de publicidad institucional por tierra, mar y aire. Especialmente cuando se acercan ciclos electorales, comienzan a aparecer vallas publicitarias recordándonos sus conquistas, anuncios a toda página de diario diciendo lo mucho que están haciendo por nosotros y spots televisivos y cortes de radio para hacernos todo tipo de recomendaciones para que cambiamos nuestra forma de comportarnos. Nos quejamos, a veces, del adoctrinamiento de los ciudadanos que se produce en la totalitaria China, pero lo cierto es que el que se hace con todos nosotros no tiene mucho que envidiar al país asiático. Aparte de la relativa proximidad electoral, estamos a finales de año, y los departamentos ministeriales o de consejerías hacen limpieza de remanentes presupuestarios y nos montan unas cuantas campañas. No hablamos de hacer un esfuerzo por informarnos, que esto no haría falta, sino de hacer propaganda, que es otra cosa. Más que darnos datos relevantes, lo que se hace es sacar pecho y, sobre todo algunos sectores políticos con sus cuotas de poder, intentar aleccionarnos y decirnos, como si hicieran un manual de urbanidad de los antiguos, como hemos de proceder.

La propaganda institucional tiene, además, otra gran función, que es mantener y ganarse el favor de los medios. Esto resulta especialmente relevante en el mundo de la prensa, tanto digital como de papel, que tiene en estos momentos poca sostenibilidad económica por sí misma. Esto resulta muy claro en Cataluña pues el mercado más reducido de lectores ha terminado por que gran parte de los medios sean unos “mantenidos” con la combinatoria de subvenciones por ser en catalán y las inserciones publicitarias que lo complementan. Sin esto, no quedaría diario en catalán vivo ya sea en papel u online. Las líneas editoriales despejan los vínculos si es que alguien tiene dudas. O se alinean con el sector más espiritual del independentismo o con el realismo mágico de los demás. Justamente, lo que apenas queda ya es periodismo «independiente». Quizás podríamos ir sacando este subtítulo de las cabeceras. Más que nada, para no confundir.

Me llaman la atención, sobre todo, estas campañas que nos pretenden cambiar el comportamiento, así como nuestros hábitos más arraigados, intentando realizar una especie de evangelización o de ingeniería social. Y no hablo de cuándo nos recuerdan cómo debemos hacer la elección selectiva de la basura, que a esto todavía le veo una utilidad. Hablo de campañas que lindan con la inconveniencia, no sé si por dentro o por fuera, y que nos pretenden decir con qué lengua debemos hablar y si hacemos un daño tan grande a los castellanohablantes cuando, para comunicarnos mejor y conociendo el idioma, les hablamos en castellano. Si no hacemos de “buenos” catalanes según la consideración que tienen de esto los que mandan, debemos sentirnos reñidos a menudo por aquellos que, en realidad, le hacen un flaco favor el catalán convirtiéndolo en antipático. El Ministerio de Derechos Sociales me ha llegado al corazón con la campaña en favor de que nos convirtamos todos juntos en inquisidores de nuestros conciudadanos, echándolos en cara si riñen a su hijo o gritan al perro. ¿Desde qué concepción política y ética se te puede montar una campaña para hacer a todo el mundo vigilante de todos? Más que la paz social se abona la discordia y el encaramiento del ciudadano-comisario con todo aquél que no se comporta según las normas generalmente establecidas por el Gran Hermano. Hay algunas subculturas de izquierdas a las que les sale una pulsión totalitaria que deberían hacerse mirar. ¿O es que, tal vez, trabajan para Díaz Ayuso o Vox?

Las condiciones y la dinámica política catalana han cambiado bastante. La hegemonía del independentismo de los últimos años se ha ido devaluando y, hoy en día, a pesar de retener el gobierno de la Generalitat, su papel va siendo más condicionado y, quizás a corto plazo, puede hacerse secundario. No creo que la pulsión independentista sea menor para una parte importante de la ciudadanía que continuará activada por este planteamiento, pero parece evidente que la combinatoria de la confrontación estratégica en el seno del movimiento y del desencanto de una parte de los que hace unos años veían posible ese objetivo, está dando lugar a una nueva realidad en la política del país. Para algunos, el problema de fondo es el enfrentamiento entre independentistas, como si todo fuera sólo el resultado de la impericia de los dirigentes de las fuerzas en juego y apelan a una unidad de acción que, sencillamente, se ha convertido en imposible. Una parte de los «procesistas» ha entendido que no es realista plantear unos objetivos de máximos como alcanzables ni a corto ni a medio plazo y, aunque no lo reconozcan, admiten con el realismo actual que, de hecho, se equivocaron y mucho con la estrategia rupturista. Una vez roto el gobierno de “unidad”, las cuentas pendientes y la defensa del campo de juego de cada uno hace imposible ningún acuerdo político durante bastante tiempo. Los resentimientos y la disputa electoral resultan incompatibles con la confluencia.

Esquerra Republicana ha buscado ocupar el espacio central, creyendo que la combinación de la radicalidad verbal y la política pragmática les permitiría obtener la hegemonía haciéndose con el antiguo espacio convergente. Un ámbito ese que muchos se esfuerzan por rehacer, pero que los hechos parecen indicar que ya no existe, que acabó con el fin del pujolismo. Mientras, ERC pretende gobernar con unos estremecidos 33 diputados en el Parlament y sin contar con ningún otro apoyo. Han creído que la necesidad de sus votos para mantener la mayoría de las izquierdas en Madrid provocaría que los socialistas catalanes bajaran la cabeza y se dejasen humillar verbalmente por Oriol Junqueras cada vez que éste abre la boca. Pero las cosas no van exactamente así. Los demás también realizan estrategia política. Hay un hecho relevante y que expresa bastante la nueva realidad, Pedro Sánchez levantó una mayoría para aprobar los presupuestos de 2023 sin necesitar los votos de ERC en el Congreso de Diputados. Al final los republicanos, que amagaban con la abstención, se sumaron a la mayoría para simular que todo estaba igual, que seguían siendo imprescindibles. La realidad y la evidencia, es que ya no lo eran.

Y ahora Esquerra se encuentra en una inmensa soledad parlamentaria en Catalunya. De momento han dejado de descalificar a los socialistas catalanes y apelan a su responsabilidad para aprobar los presupuestos. Pero tendrán que hacer bastante más que eso y plantear una negociación abierta y seria. Si no es así, ¿por qué el denostado PSC debería darles oxígeno? Ciertamente si colaboran con la gobernabilidad en los próximos meses obtendrán rédito político en el espacio central del electorado, pero también se debilitarán entre aquellos que desean que, de una vez, se pase página de la vorágine independentista de los últimos diez años. Los republicanos, forzando la ruptura de la unidad de acción independentista obviaron una consecuencia lógica, que se quedarían solos y sin socios posibles. En los próximos años, sólo podrán gobernar las principales instituciones del país si realizan mayorías absolutas y, esto, no parece muy probable. Posiblemente les pasará en Ayuntamiento de Barcelona, ​​en la Diputación y en el Gobierno de la Generalitat. El PSC, en cambio, tiene variedad de socios como demuestra su situación actual en las citadas instituciones. En política, tan importantes resultan los votos que puedes conseguir, como tener puentes y posibilidades de pacto con otras opciones, tener amigos. Y quienes hoy en día se han situado en la centralidad política en Catalunya, son los socialistas y no los republicanos. Esto no se consigue por casualidades aritméticas sino por un largo trabajo al construir y mantener un discurso político que, huyendo del maximalismo, ha priorizado construir puentes más que en cavar trincheras.

Las legislaciones más adecuadas suelen ser aquéllas que responden a necesidades específicas de establecer un ordenamiento de referencia para resolver problemáticas reales, ordenar y poner límites para hacer posible la vida en sociedad. Aunque las realidades son cambiantes y la cultura social evoluciona, es bueno que resulten perdurables en el tiempo, que se ajusten a amplias y consensuadas demandas y que tengan una aplicación justa y lo más mesurada posible. Aunque las cámaras legislativas, teóricamente, fueron creadas para realizar la función de elaborarlas, en un proceso en el que el debate, las diversas visiones y los análisis técnicos hicieran que al aprobarlas fueran impecables, se ha ido imponiendo el criterio de que son los poderes ejecutivos, según la percepción de las necesidades rlrctorales inmediatas, quienes las elaboran y pasan después por las cámaras con la única función que las validen. Esto provoca que algunas leyes que se aprueben sean muy coyunturales, respondan a percepciones e impactos momentáneos o quieran satisfacer no una mayoría social sino a las demandas de un aliado político circunstancial. Entonces, pueden ser reglamentaciones que no responden a los intereses predominantes en la sociedad o bien, que técnicamente sean deficientes y que, como ha ocurrido con la del “sólo sí, es sí”, acaben por generar los efectos contrarios a los que se pretendían. Justamente, esta ley nació al amparo de la preocupación ciudadana que generó el caso de la manada que actuó en Pamplona en unas fiestas de San Fermín. Una ley que quiso dar respuesta a la violencia y las agresiones sexuales tipificando comportamientos que antes no estaban previstos y agravando las penas. Se hizo rápido y mal, con un exceso de carga ideológica y, en lugar de escuchar, la arrogancia de la ministra hizo el resto. Cuando se han evidenciado los errores, en lugar de reconocerlo, se hace lo clásico de “sostenello y no enmendallo”.

Y es que las leyes nunca son instrumentos neutros y responden a una determinada visión del mundo, contienen ideología, pero es bueno que representen visiones del mundo lo más amplias posibles ya poder ser compartidas. Manejar el carro delante de los bueyes nunca es una buena estrategia. También requieren de quien las impulsa o elabora, de un cierto grado de modestia y de realismo. Las pretensiones de cambiar el mundo o hacer ingeniería social a través de legislaciones, suelen acabar mal. Sin embargo, la pretensión de hacer o eliminar leyes para responder a situaciones coyunturales, no es privativo de Irene Montero y su mundo. Ocurre ahora con la previsible derogación del delito de sedición. Ésta es una ley casposa y decimonónica, que respondía a una situación típica del siglo XIX, cuando los militares españoles, de vez en cuando, les salía la vena de los pronunciamientos o de los golpes de estado. Se trataba de penalizar las salidas de tono de los espadones. Ciertamente una ley superada y caduca que poco se adapta a la realidad actual ya las legislaciones europeas. Utilizarla como tipo delictivo para los hechos del 1 de Octubre resulta, como mínimo, muy forzado. Pero hacer o modificar cualquier cosa requiere sentido de oportunidad. Derogarla bajo presión como se hará ahora, dejando al descubierto muchos agujeros que probablemente habría que cubrir con otra norma, no es una buena idea. La bondad de cambiar esta tipificación quedará marcada por ser el resultado de una exigencia que pone un partido para poder aprobar unos presupuestos anuales. Demasiado coyuntural todo ello. Esto suele dar muy malos resultados políticos además de generar problemas jurídicos. Es de esperar que los efectos perversos de las legislaciones low cost, promovidas o derogadas por cuestiones circunstanciales, desincentivará afrontar ahora una rápida modificación de la legislación que afecta a la malversación. Quienes han obtenido la satisfacción en la sedición entran en la deriva de ir pidiendo más para resolver, de forma unilateral, sus problemas con la justicia. Lanzar el mensaje de que la malversación, que significa corrupción y uso fraudulento del dinero público, de hecho, no es tan grave y que sólo se penaliza cuando hay lucro personal, resultaría además de horroroso, absolutamente incomprensible. En la vida en general y en la política en particular, a veces, hay que saber decir que no.

Lo que caracteriza a las últimas décadas es una extrema volatilidad del trabajo y, al mismo tiempo, el sentido de pertenencia a una clase social. Lo que antes se decía y se blandía con orgullo cómo era pertenecer a la “clase trabajadora”, en los últimos tiempos se ha diluido, difuminado y casi olvidado. Ahora, en este sector laboral y social se está siempre pendiente de la precariedad, de combinar períodos de trabajo con el subsidio o mantener varios trabajos a la vez para obtener ingresos mínimos. Aquí los miedos son básicos, elementales y dramáticos. No son temores infundados sobre la pérdida de estatus. Son posibilidades reales de perder ingresos, vivienda y mínimos vitales. Por el camino se tiene la sensación de perder la dignidad y la autoestima. El deterioro es muy acusado. El esfuerzo de mucho trabajo desgastante, pero al mismo tiempo la lucha y la erosión que implica la búsqueda constante de una nueva ocupación. Las condiciones del «proletariado del sector servicios» son mucho más duras que las que tenía el trabajador industrial clásico. Aquí no hay sindicación y a menudo se forma parte de una cadena de subcontratación dedicada a la limpieza, cuidados personales o reparto a domicilio. Trabajos aparentemente sencillos, pero de horarios interminables, ritmos frenéticos, condiciones inhumanas y salarios de miseria. Un mundo multicultural, con predominio de mujeres, en el que no es posible establecer salarios mínimos o bien de conciliación entre trabajo y vida privada. Nadie habla del bournout en este escalafón de nuevos sirvientes, aunque lo hay. Quizá tenga más connotaciones de desesperación. Y un miedo atroz.

Deslocalización industrial, pérdida de las seguridades del trabajo estable, miedo a lo que viene de fuera, tribalismo, nacionalismo…, son todos ellos factores que van en aumento en la medida en que las personas, cada vez más aisladas y temerosas, viven atrincheradas en las burbujas filtradas, prisioneros de información sesgada y de grupos de WhatsApp que les encadenan a nuevas verdades. Se pierde el sentido de la realidad compartida y la capacidad de comunicarse no trasciende las líneas sectarias e identitarias cada vez rígidas. Se vive en universos de información completamente diferentes, que nunca se contrastan ni someten a la Razón unos planteamientos que resultan más bien consignas de identificación y cohesión. Se desprecia toda experiencia y conocimiento. Para la politóloga danesa Marlene Wind, el tribalismo es un fenómeno creciente en el mundo occidental que se caracteriza por el abandono del sentido de clase y por fomentar actitudes de exclusión, basándose en un fundamentalismo cultural. Sustituir a la política por la identidad que está “más allá” de la política, es muy poderoso, pero también muy peligroso y explosivo.

Desde finales de la década de los noventa, el éxito económico y el incremento de la productividad no tienen que ver con los trabajadores. El incesante crecimiento del rendimiento se produce mientras disminuyen los empleados y, al mismo tiempo, los salarios medios y bajos no dejan de caer. Se produce lo que Andrew McAfee y Eric Brynjolfsson definieron como el “gran desacoplamiento”. Los ingresos salariales disminuyen mientras los beneficios crecen sin cesar. El trabajo humano se vuelve menos relevante a la hora de generar tanto crecimiento económico como aumentar beneficios empresariales. Así, cada generación de trabajadores, que aspiraba a vivir mejor que la anterior, ve cómo deja de funcionar el ascensor social y desaparecen las seguridades asociadas al mundo del trabajo estable. Las economías postindustriales, especialmente las digitalizadas, no saben cómo traducir el cambio tecnológico en mecanismos que aseguren un mínimo de distribución y redistribución de rentas. El esfuerzo no resulta ya rentable.

La conclusión de quienes lo padecen es que ésta ya no es su sociedad y que su aspiración de personas humilladas no puede ir más allá de la mera supervivencia. Los efectos de la globalización combinados con el cambio tecnológico terminaron con su mundo. Mientras, los partidos socialdemócratas para asegurar su pervivencia buscaban una nueva base de votantes entre las capas urbanas más cultas. Sus antiguos electores se encontraron abandonados y traicionados. Aparte de los efectos en determinadas capas sociales, este empobrecimiento asoló regiones enteras, desde el cinturón de óxido estadounidense hasta el norte de Gran Bretaña. Territorios donde predomina la precariedad, el desistimiento, la falta de expectativas y ambiciones, todo tipo de adicciones, conflictos familiares… Contexto muy adecuado para seguir falsos dioses o para actitudes identitarias extremas.

En este mundo caracterizado por las polaridades extremas, últimamente se han producido dos valiosas victorias de la sensatez, cordura y cohesión, en definitiva, de los valores de la convivencia democrática. Tanto en las elecciones presidenciales de Brasil como en las Midterm de Estados Unidos se jugaba bastante más que la continuidad o la alternancia de planteamientos políticos diversos, se había convertido en un dilema entre la sociedad abierta, tolerante y amante de progreso frente a la regresión, la confrontación y la irracionalidad. Una disyuntiva con pocas matizaciones. Frente a planteamientos políticos convencionales, existían posiciones extremas, el recurso a las posverdades ya las manías conspirativas.

En Brasil, sacar un elemento tan dañino y excesivo de la presidencia era una cuestión de salud. El gigante latinoamericano no podía permitirse por más tiempo estar en manos de un personaje tan nefasto que ha dejado al país aislado en el continente y con una credibilidad bajo mínimos. Al igual que llegó al poder en 2018, ha planteado una batalla agónica no sólo contra la izquierda que había gobernado sino también contra todo indicio de decencia democrática. Ha reforzado a las minorías extractivas, ha fomentado la deforestación del Amazonas, ha impulsado el crecimiento de la desigualdad y la pobreza anulando las leyes sociales e integradoras de los gobernantes anteriores. En su mandato se ha facilitado el cultivo de la violencia pública y privada, las expresiones machistas han vuelto a ser predominantes y se ha creado una cohorte de seguidores cohesionados por mentiras evidentes y para ensanchar con una retórica bélica la fractura social. Quien haya seguido la larga campaña, se habrá hecho cruces de los mensajes de este personaje y su entorno y cómo calaban en una parte de la sociedad brasileña. Desde que «vienen los comunistas» hasta identificar a Lula como la personificación de Satanás. Y siempre poniendo en entredicho el funcionamiento electoral e identificar una posible derrota con un fraude electoral. Ha ganado finalmente la decencia, pero el país está absolutamente fracturado.

En Estados Unidos, las elecciones legislativas de medio mandato, resultan muy importantes tanto por la composición final de las cámaras, pero también en un país tan polarizado desde Donald Trump, para ver las expectativas y posibilidades futuras que tiene éste de volver a presentar a unas elecciones presidenciales. Muchos de los candidatos eran afamados trumpistas y los demócratas debían presentarse con la rémora que supone hacerlo de la mano de un Biden que, en estos momentos, además de tener la popularidad muy decaída genera muchas dudas sobre si está en condiciones físicas y mentales para ocupar el cargo que ocupa y, más aún, para encarar una renovación de mandato en el 2024. Aunque los demócratas pueden perder su mayoría en el Congreso, los candidatos republicanos más radicales han sido derrotados, así como en elecciones a gobernadores en las que, además, en Florida, se ha impuesto con éxito un republicano moderado que se confrontará con Trump para encabezar el cartel electoral en las presidenciales. No es menor, tampoco, que en aquellos estados que se ha aprovechado para realizar referendos sobre el aborto, se ha impuesto el sí, aunque con dificultades a todos ellos. Lo que parecía que iba a ser una “ola roja” (por los colores del Partido Republicano), lo ha sido mucho menos. Políticamente, desde este martes la opinión pública americana ve a Trump como perdedor. Pero también aquí resulta preocupante el calado del debate durante las últimas semanas. Negacionismo, acusaciones de fraude electoral, “que vienen los comunistas”, falsedades y rumores malintencionados, que a Trump se le tomó la victoria del 2020, amenazas de golpes de estado…

Y es que, tanto en Brasil como en Estados Unidos, electoralmente se pueden haber salvado los muebles, pero el retrato de lo confrontadas que están sus sociedades resulta aterrador. La muestra de cómo la política actual ha desplazado el debate democrático por la entrega a batallas en las que se trata de acabar con el adversario. Los medios, el lenguaje y los valores utilizados resultan deplorables. Se hace tierra quemada. Ya no se votan proyectos, sino si se apuesta por la dignidad o por la vergüenza, por si se quiere vivir en una sociedad cohesionada basada en el respeto a la diversidad, o bien en un mundo imaginario, violento y sin valores colectivos. En Brasil ha ganado la honorabilidad frente a lo miserable y en Estados Unidos, se ha frenado la vuelta a la pulsión autodestructiva. No son victorias dulces. Bolsonaro obtuvo el apoyo del 49% de los electores y controla estados importantes como Sao Paulo y las cámaras legislativas. En Estados Unidos, el Partido Republicano controlará la Cámara de Representantes. Trump volverá a presentarse a las presidenciales y ensanchará, aún más, la fractura y polaridad de la sociedad americana. No queda mucho margen por el optimismo.

Como no podía ser de otra forma, Elon Musk ha entrado en Twitter haciendo ruido. Le gusta ser singular y al mismo tiempo disfrutar de formas autoritarias. No se conforma con ser rico y poderoso, quiere que se note exhibiendo formas variadas de prepotencia. Afirma querer cambiar el mundo. «El pájaro ha empezado a volar», ha dicho de la nueva era que inicia la red social. El trumpismo mundial está de enhorabuena. No tanto los partidarios de la gratuidad. La plataforma será de pago. A cambio, te ahorrarás publicidad y podrás publicar todo tipo de fantasías y animaladas sin límite. Esto es progresar.

Quien más quien menos está en Twitter. La red social más influyente, aunque no sea la más numerosa. No tiene más de 15 años de historia, pero las dinámicas que se crean en esta trama de microblogging condicionan sin duda la política, pero otras muchas tomas de decisiones en nuestro mundo. Aparentemente un espacio de opinión libre y contraste de puntos de vista, que funciona en realidad como un universo de presión y de manipulación. Parece una plaza pública, pero el anonimato de los opinadores hace que el todo acabe siendo rudo y poco razonable, donde las dinámicas de falsedad, difamación y persecución resultan estremecedoras. El comportamiento grupal en forma de manada que tiende a acentuar y priorizar las posiciones extremas es muy grande, como es que una parte de los actuantes son perfiles falsos automatizados -bots-, preparados para contraatacar de manera sistemática a determinadas personas o argumentos. Unos pocos individuos y máquinas organizadas pueden crear fácilmente sensaciones de pensamiento dominante y convertir temas irrelevantes en trendig topic. Hay quien se cree socialmente influyente porque hace cuatro tuits llamativos y algunos políticos en estos momentos son poco más que profesionales de lanzar mensajes ocurrentes. Tras tiras y aflojas, Musk lo ha comprado por la increíble cantidad de 44.000 millones de dólares. Una excentricidad, una plataforma para ser influyente. Oiremos hablar de ello.

Elon Musk es una de las figuras más relevantes y llamativas de las nuevas grandes fortunas amasadas a partir de iniciativas tecnológicas. No le adorna la discreción que suelen lucir grande los patrimonios ancestrales. Un personaje egocéntrico y con un cuadro de narcisista de manual. Le gusta exhibirse públicamente de forma arrogante y opinando de forma atrevida cuando no puramente temeraria. No pertenece al núcleo duro de Silicon Valley. Actúa como un verso suelto y con la frivolidad que le posibilita disponer de una fortuna valorada en cerca de 240.000 millones de dólares. Empezó a notarse y enriquecerse con la plataforma de pago electrónico Pay Pal y se ha hecho popular con los coches Tesla, producto muy pretencioso que ha resultado menos disruptivo de lo anunciado. Sus principales intereses son ahora los viajes al espacio, con SpaceX, o de inteligencia artificial por medio de NeuraLink. También juega su papel en la guerra de Ucrania con el sistema de satélites Starlink que proporcionan conexión a las tropas ucranianas y que ahora amenaza con retirar. Hombre muy cambiante y poco amante de pagar impuestos, ha ido desplazando sus sedes a Estados Unidos para contribuir muy poco al erario público. Liberal extremo, se le sitúa dentro de lo que se llama el anarcocapitalismo. Su vocación es sustituir el papel de lo público y reducir el peso de las administraciones al mínimo. Justamente, su apuesta por Twitter la hace, afirma, en la defensa de la libertad absoluta en los tuits, sin limitación alguna en una plataforma ya de natural muy reacia a moderar y bloquear mensajes y cuentas problemáticas. En contrapartida, afirma que eliminará los perfiles falsos que actúan de forma robotizada y se compromete a hacer más transparente y mejorar un algoritmo de visualización que funciona de forma muy sesgada.

Nos guste más o menos Twitter juega el papel de sustitutivo de la plaza pública. Muy en la cultura de nuestro tiempo, reduce el debate a formulaciones básicas cuya finalidad no es aportar luz, conocimiento, sino crear impacto. Un espacio en el que todo el mundo puede expresar su opinión, aunque no tenga ninguna formación ni criterio. El nivel de la conversación tiende a igualarse por la parte baja y donde el insulto, la zafiedad, la falsedad y el desprecio campan de forma triunfante. Con Musk, todo esto seguro que no va a mejorar.

Gran Bretaña lleva años conviviendo con la inestabilidad política que suele ser inherente al fracaso económico y la falta de expectativas de futuro mínimamente claras. Una antigua gran potencia en declinación que no deja de dar golpes de palo de ciego para recuperar un estatus que ya no es posible. País desindustrializado donde la mayor fuente de riqueza es la actividad financiera que se realiza en la City de Londres actuando de plataforma hacia los paraísos fiscales. Tras la crisis de 2008, se focalizó el descontento en la Unión Europea, hasta alcanzar un Brexit que era una salida hacia la nada. El país fue liderado por un estrafalario Boris Jonhson que acabó cayendo no tanto porque la salida de Europa sólo les ha traído problemas, sino por sus alcohólicas fiestas privadas en tiempos de pandemia. Los conservadores, mayoritarios en el Parlamento, pero condenados por las encuestas electorales, ensalzaron a Liz Truss, una ultraliberal que planteaba recetas alocadas y disminución radical de impuestos en tiempos que se requieren Estados que den seguridades y no debilidad. Si Thatcher fue una tragedia para los británicos hace cuarenta años, su imitadora ha resultado pura parodia. Desde el principio algunos diarios británicos, cuyo humor es muy propio, especularon literalmente si llegaría a durar como primera ministra el tiempo de vida de una lechuga. El tema trajo mucho cachondeo e incluso apuestas. El resultado, tienen un ciclo de vida más largo las lechugas que esta debil primera ministra.

Sería un error creer que el problema de Gran Bretaña es que no tiene suerte a la hora de elegir a los mandatarios. Sería cómo decir que todos los problemas de Argentina provienen de la existencia del peronismo. Los dirigentes políticos suelen ser un exagerado reflejo de la propia realidad económica y social. Tienen un contexto. Y hace años que el del antiguo gran Imperio es de decadencia económica y de degradación de la cohesión social. Las políticas liberales extremas han triturado a las clases medias, así como a los sectores de trabajadores con salarios razonables y no precarizados. Animo a ver las dos últimas películas de Kean Loach (I, Daniel Blake y Sorry We Missed You), para entenderlo. El Estado de bienestar hace tiempo que ha naufragado en este país y cada vez es mayor el número de gente excluida. La polaridad social es extrema, mientras el laborismo ha sido, después de Tony Blair, incapaz de levantar un proyecto político emancipador creíble. Los malestares y rencores acabaron cristalizando en el movimiento que culpaba a Europa de sus resentimientos, de ser un mal negocio que les resultaba caro -lo que era mentira, pues eran receptores netos de fondos europeos-, proporcionándoles un refugio de identidad vinculado a la idea del “nosotros solos”. La Inglaterra profunda y la gente mayor compraron el discurso, mientras los sectores progresistas urbanos y los jóvenes se quedaban en casa. El resultado fue lo que fue.

¿Cambiarán las cosas con la elección ahora del multimillonario de origen indio? Poco, más allá de ser muy joven y reflejar la multiculturalidad británica. El tema de fondo no es reiterar con pequeñas variantes lo que no sirve, sino el cambiar el modelo y, esto, no puede hacerse sin nuevas elecciones. El tiempo del Partido Conservador y sus “genialidades” parece haber tocado fondo y con Rishi Sunak tiene poco más que un tiempo de prórroga. Éste, es un ultraliberal, que fue firme partidario del Brexit y que más allá de hacer políticas más previsibles que Truss, reiterará en la errónea pretensión de “enfriar” la economía para hacer frente a la inflación, si tenemos en cuenta que ésta no proviene del lado de la demanda sino de la oferta. Dicho de otra forma, los precios suben por efecto de aumento del coste de la energía y no por el exceso de consumo. Las recetas más liberales, que no se practican ni tan solo en Estados Unidos, lo único que hacen es llevar a la recesión, actúan de manera procíclica. Continuará con el nuevo dirigente el decantamiento cada vez mayor del país hacia el Atlántico, hacia Estados Unidos, en detrimento de su dimensión europea. Resulta curioso que en la muchas veces puesta como modélica democracia británica, se pueda ir cambiando de primer ministro con el voto de un par de cientos de diputados y sin pasar por las urnas. Así, al nuevo líder le falta algo que en democracia resulta básico, la legitimación.

Josep Burgaya

El debate sobre la fiscalidad vuelve a centrar la pugna política en España y, probablemente, lo hará durante tiempo, al menos hasta que se celebren elecciones generales en un año. La derecha hispánica, tanto la de Feijoo como la de Ayuso y también la de Vox, han hecho suyo aquel precepto propagandístico del neoliberalismo que afirma que “los impuestos son una incautación de la riqueza privada y donde mejor están es en el bolsillo de los contribuyentes”. Obvia esta premisa algo tan fundamental como es que el presupuesto público que financia la acción de las administraciones se realiza con la recaudación impositiva. No hay servicios públicos, no hay políticas que garanticen la cohesión social como tampoco disponer de infraestructuras sin una fiscalidad adecuada, la cual, parece lógico, debe recaer de forma proporcionada y progresiva según el nivel de renta. El sistema tributario no sólo dota de los recursos imprescindibles al Estado, también puede contribuir a moderar o aumentar la desigualdad económica y combatir o no la pobreza. Oliver W.Holmes, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos condensó en una única frase la importancia de la fiscalidad: «los impuestos son el precio que pagamos por la civilización». No existe sociedad sin un sistema de contribución al bien colectivo, no hay democracia sin pagar impuestos.

En el debate tributario a menudo a la izquierda le cuesta salir del marco mental que le fija la derecha de ser siempre proclive a aumentar los impuestos, de ser depredadora. Carga con este lastre. Habría que explicar que el debate no es el de “bajar” o “subir” impuestos, sino en que se deben pagar los justos. Es decir, impuestos los necesarios para las necesidades de financiar las políticas públicas, y que el pago debe realizarse de manera adecuada a la renta y riqueza de cada uno. Justicia fiscal, éste resulta el concepto clave. Que las rentas del trabajo estén mucho más grabadas, porque es fácil hacerlo, que no las rentas de capital no resulta equitativo, como tampoco lo es que no paguen de forma extraordinaria aquellos que se enriquecen de forma exagerada en momentos de crisis a cuestas del bienestar de la mayoría, como sería el caso actual de las grandes energéticas o de la propia banca. Esta última hace sólo diez años que tuvo que ser salvada con abundantes recursos públicos que no devolvió. Debería explicarse que el nivel tributario se correlaciona de forma directa con la calidad del Estado de bienestar del que disponemos y de forma indirecta con el déficit y la deuda pública. Éste es el debate. Cuando en España el nivel de tributación respecto al PIB es del 34,5%, significa que estamos siete puntos por debajo de la media europea. Los países nórdicos, tan admirados, poseen niveles impositivos medios que superan el 50%. Por eso disponen del modelo de Estado de bienestar más completo.

Los sistemas tributarios actuales penalizan especialmente a las clases medias. Su proceso de laminado y desaparición tiene que ver con ello, aunque no sólo con eso. En la versión vulgar de la derecha sobre la tributación no se entra en las diferencias de naturaleza de los distintos tipos de impuestos y su carácter corrector o estimulador de la desigualdad. Se debería realizar una cierta pedagogía sobre el papel y función de los diferentes tipos impositivos y el efecto tan diferente de los impuestos directos y los indirectos. También explicar la diferencia entre los tipos nominales y los tipos reales que se liquidan. Las muchas posibilidades de elusión fiscal provocan que las rentas de capital coticen muy por debajo de lo escrito en la normativa. Y no hablemos de fraude ni de evasión de capitales, que sería otro tema. Nos referimos a que las empresas del Ibex35 de la bolsa española pagan una media del 8% en Impuesto de Sociedades, cuando el tipo establecido sobre el papel es del 25%. Y si hablamos de las grandes corporaciones y plataformas tecnológicas, estas sencillamente no pagan. Especulan con los precios de transferencia entre filiales para acabar cotizando, a menos que mínimos, en paraísos fiscales. Apple declara pérdidas en España y acaba pagando un tipo negociado del 0,005% en Irlanda. Ya lo dijo de forma elocuente y en un ataque de sinceridad el inversor financiero global Warren Buffet, “pago menos impuestos que mi secretaría”.

Contra pronóstico, la militancia de Junts decidió salir del Govern. No fue sólo que los “octubristas” encabezados por Laura Borràs resultaron más convincentes, sino que hasta última hora Esquerra les lanzaba mensajes mostrándoles la puerta de salida. Y la tomaron. Este gobierno nació hace un año y medio ya muy tocado. Había una unidad verbal, pero la sensación siempre fue que Junts formaba parte de él a regañadientes o, como mínimo, con contradicciones internas y poca convicción. La presidenta del Parlament, iba ejerciendo de cabeza de la oposición. La estrategia política se había ido volviendo divergente entre aquellos que evolucionaban hacia un pragmatismo que situaba la independencia como un lejano objetivo final con los que se aferraban a un Procés que debía tener resultados inmediatos a partir de sucesivos embates contra el Estado. Pero había distanciamientos más allá de lo estratégico. Los postconvergentes nunca consideraron del todo legítimo el relevo en el liderazgo independentista, ya que sólo les separaba un diputado, y los líderes reales de cada bando no se podían tragar desde mucho antes de octubre de 2017, momento el cual, por cierto, las posiciones que mantenían Puigdemont y Junqueras respecto al carácter imperativo de la consulta eran contrapuestas a las que mantienen ahora. La huida de uno y la asunción de responsabilidades judiciales del otro no hicieron sino aumentar la aversión personal. El factor humano siempre es prevalente.

Acabado el culebrón que ha paralizado la política catalana durante semanas, ambos contendientes dicen sentirse liberados mientras se convierten en enemigos íntimos e irreconciliables. Para sus intereses inmediatos, la apuesta de Junts quizás resulta romántica pero no parece muy acertada. No sólo por no disfrutar de las posiciones e instrumentos que da estar en el Gobierno. A partir de ahora y durante mucho tiempo no tendrán con quien asociarse. Ubicados en el centroderecha, batasunizados, y extremadamente combatientes de Esquerra, no se les pueden augurar muchas posibilidades de futuro, aunque intentarán recuperar la hegemonía por medio de un movimiento personalista, mucho populismo y vínculos con lo que se llama, quiero creer que solo de manera metafórica, la «sociedad civil» organizada, es decir, el ANC. Alguien dice que todo es una victoria política de ERC que ahora puede disfrutar del Govern en solitario. De hecho, sólo lo afirman sus propagandistas. Fue el segundo partido en las elecciones, y sólo tiene 33 disputados de 135. Esto es mucho más que estar en minoría, hace imposible gobernar. Empezó la legislatura con el apoyo de 74 diputados. Es más bien un fracaso haberse quedado tan solo, se mire como se mire. Cuando esto ha ocurrido, habría dos salidas lógicas: convocar elecciones, o bien construir una nueva mayoría parlamentaria cambiando de socios. Todo sería legítimo. Lo primero dicen haberlo descartado por no considerar pertinente el calendario político con sucesivas elecciones y porque la demoscopia no les es favorable. La segunda posibilidad podría llevarse a cabo, ya que los posibles socios a su izquierda dicen estar dispuestos a echar una mano y proporcionar estabilidad, al menos durante un cierto período de tiempo.

Pero en Cataluña, desde hace una década, la política está acostumbrándonos a las excentricidades. Cada vez que Salvador Illa extiende la mano intentando poner puentes y superar trincheras, recibe descalificaciones y guantazos por parte de aquellos que lo necesitan. También aquí funciona especialmente el resentimiento -no sé si odios- cultivados por Oriol Junqueras. Excluir y querer gratuitamente los votos en nombre del apoyo al PSOE en Madrid parece algo fuera de lugar, especialmente teniendo en cuenta que, una vez aprobados los presupuestos del Estado de 2023, dejarán de inmediato ser necesarios. Hoy en día, para aprobar los presupuestos en Catalunya, no tienen ni uno más de sus escasos diputados. La amenaza de la prórroga se les volverá en contra ya que significa renunciar a la posibilidad de incorporar 3.000 millones adicionales a las cuentas. ¿Cómo se justificaría? A estas alturas, quizás el problema del presidente Aragonés radica especialmente dentro de su propio partido. Si en algo tiene razón Laura Borràs, es que este gobierno ha quedado deslegitimado y que lo que se haría en un país más convencional son elecciones.