El título resulta la afirmación de una obviedad, pero es una regla que no siempre se cumple. Cuando esto ocurre, las sociedades se debilitan por la falta de liderazgo, por carecer de la necesaria capacidad de decisión. Gobernar es también decidir, pero a veces no se quiere asumir el coste de hacerlo y se opta por marear la perdiz. Una pretensión demasiado extendida en política suele ser la de querer contentar a todos y no tomar nunca una posición clara. Lo que siempre se ha expresado como la pretensión de estar a misa ya la vez repicando, decir una cosa y, todo lo contrario. Suele terminar mal. Querer cosas contradictorias o bien apelar a electorados con pretensiones confrontadas, suele hacerlos perder a todos como muy saben los politólogos. El tema de la ampliación del aeropuerto del Prat y la suspensión de la inversión que ha anunciado el Gobierno del Estado como desenlace previsible pone en evidencia las contradicciones y vergüenzas de la política catalana, la muestra que se ha instalado una notoria incapacidad para gestionar, demasiado pendientes de la finalidad independentista. Aunque los partidos que han conformado el gobierno actual afirmaron que eran conscientes de que mientras se velaban armas para la consecución del objetivo de la secesión el país debía ser gobernado, que había que priorizar la gestión, a la hora de la verdad, no parecen ser capaces de hacerlo. Hay un problema de estrategias en conflicto entre las diversas partes del gobierno, que son formalmente dos, pero que en realidad son más. El contencioso y la neutralización mutua termina por condicionar la posición y contraposición sobre cualquier tema.

A pesar de que el presidente de la Generalitat parece haber dado al inicio de la legislatura un perfil bajo al Gobierno, estableciendo una especie de situación de espera para ver cómo avanza el tema de la Mesa de Diálogo, que condiciona toda la agenda y los movimientos posteriores, el tema del aeropuerto del Prat tenía demasiado calado como para no ser aprovechado por los actores principales de la política catalana para profundizar en su disputa. El Gobierno catalán no ha tenido una sola voz, sino que ha manifestado las contradicciones de manera amplia e interesada. Resulta que los mismos que habían firmado un primer acuerdo sobre el tema con el gobierno central, poco después afirmaban que irían a manifestarse en contra de la ampliación. El consejero Puigneró, partidario de la obra, quedaba desautorizado por los socios e incluso por gente del propio partido. Les resultará difícil hacer entender la pérdida de la inversión y todo lo que representa a los sectores económicos claramente favorables que hay en el país, así como el desorden que todo ello expresa. Más que la Mesa de Diálogo y los objetivos de amnistía y de autodeterminación que el independentismo decía querer focalizar, es ahora esta cuestión la que centrará la política catalana. Habrá quien recurrirá a la tradicional «culpa de Madrid» para excusarse, pero el problema está aquí. Gobernar y al mismo tiempo defender objetivos a largo plazo como el de la independencia, con estrategias internas en colisión, se ha demostrado claramente poco funcional, inviable.

El problema no es la posición concreta sobre el tema de la ampliación del aeropuerto, cuestión por la que hay razones que pueden justificar ser favorable a ello o no serlo. La protección del humedal de La Ricarda no es ni mucho menos el más relevante. Depende de qué modelo de desarrollo futuro se quiera para Barcelona y para Cataluña, además, de poder dudar sobre el hecho que alargar una pista de vuelo comporte de manera inmediata convertirse en un hub, lo que parece tener muchos otros condicionantes y considerandos. Quien tiene en sus manos el gobierno del país ni puede adoptar la actitud de ni si ni no, ni opinar en función del debilitamiento del socio de gobierno, como tampoco confundir diálogos políticos de más alargo alcance con la necesidad o no de este equipamiento. Firmar acuerdos y al mismo tiempo organizar manifestaciones en contra, tampoco contribuye a avanzar o bien a establecer la confianza imprescindible entre instituciones. En Cataluña casi nadie discute la legitimidad de la mayoría constituida para gobernar, lo que sí se duda muy seriamente y cada vez más, es que su actitud lo haga posible.