La epidemia actual ha puesto en evidencia en Cataluña que las prestaciones sociosanitarias no se han hecho siempre con el rigor, la seriedad y las condiciones que serían necesarias. Más allá del sistema sanitario estricto donde, a pesar de falta de recursos y recortes, las cosas se hacen con profesionalidad y con una gestión pública que evita situaciones de precariedad, de confusión o de flagrantes incumplimientos, en el mundo sociosanitario las cosas no son, como se ve ahora, exactamente así. Es un terreno confuso, opaco, oscuro y en el que lo público y lo privado se mezcla, como se confunde lo que debería ser un derecho con la caridad cristiana mal entendida. La Cataluña actual sigue siendo un retrato del diseño de la época pujolista. Al «Gran Conductor» le gustaba enredar las cosas y especialmente convertir lo que era un derecho en una concesión generosa, la cual sus adeptos arbitraban de manera discrecional y con actitud displicente. Un mundo donde pronto aparecerían un gran entramado de fundaciones y asociaciones poco claras que se encargarían de llevar a la práctica las políticas gubernamentales que no se hacían ni con las estructuras ni con la profesionalidad pública. Un sistema de concesiones a empresas privadas, de dotación de recursos públicos, los beneficiarios de las cuales siempre intentaban disimular su vocación crematística con declaraciones bienintencionadas sobre su función social. Ni que decir, que si se pretendía saber quién era quién en este mundo, siempre le aparecían nombres vinculados al mundo convergente, que entrarían o estaban de salida de responsabilidades en las consejerías de acción social o de salud. Un mundo que muy al estilo peronista de esta gente, el clientelismo político y el aprovechar cualquier oportunidad para hacer propaganda se tenían como derecho adquirido.

El tema de las residencias de ancianos ha sido uno de los negocios más provechosos e indecentes, tal y como se ve ahora, pero que hay gente que lleva muchos años denunciándolo y no se les ha hecho ningún caso. Pocas plazas públicas y manga ancha para autorizar ofertas privadas sin muchas garantías ni controles estrictos. Instalaciones a menudo deficientes a pesar de ser instituciones carísimas, insuficientes en espacio y equipamientos, con exageradamente muy poco personal y a menudo con un trato muy poco adecuado y humanitario a los abuelos que ha ido a recaer allí. Ciertamente que hay de todo. Como también, en casos extremos, algunas residencias que han practicado la técnica de limpiar los bolsillos y el patrimonio de los internados. No ha habido ni control ni exigencias sobre unas empresas que han construido su negocio sobre la necesidad de la gente mayor, mientras los gobernantes presumían públicamente tener el tema resuelto con costes relativamente bajos para ellos y sin haberse de ocupar particularmente. No hay milagros. Son los familiares de la gente ingresada quien cubre no sólo los «costes», sino también el margen de beneficio bastante amplio en muchos casos que estas empresas presentadas como emprendedores sociales han acumulado. Pero el coronavirus ha evidenciado las estructuras frágiles ya menudo indecentes sobre la que se había establecido el tráfico final de nuestros abuelos. Situaciones dantescas de personas abandonadas a la desdicha de la enfermedad con escasa atención y ninguna confortación, en residencias abyectas y prácticamente sin personal, y el poco que tienen escasamente adecuado, precario y muy mal pagado. Residencias casi sin capacidad para retirar los muertos que acumulaban, un grupo de ellas gestionadas por Mutuam, una sociedad formada por lo mejor de la consejería de Sanidad de la época de Boi Ruiz. La Cataluña del amiguismo generó monstruos. En el mundo sanitario y de la asistencia social se concentraron muchos. Todo el mundo miró y mira hacia otro lado, porque generalmente los sinvergüenzas suelen ir bien vestidos. Hay dejadeces imperdonables, pero las hay que son criminales.