No hay ninguna voluntad política entre los estados de la Unión Europea de acabar con los refugios fiscales. La afirmación puede parecer excesivamente tajante, pero se deriva de una decisión, peor que salomónica, que acaba de aprobar el ECOFIN, que es el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea. Ha hecho una lista negra de países y jurisdicciones con las que ha estado negociando aspectos de colaboración y transferencia fiscal que considera que colaboran poco, así como una lista gris donde hay países que se considera que han empezado a hacer cambios bajo los auspicios de la UE, pero que aún son insuficientes. En la lista peor, donde habría lo que son plenamente paraísos fiscales, sólo hay 17: básicamente islas caribeñas y del pacífico, además de Panamá, Corea del Sur, Namibia, Túnez y los Emiratos Árabes. Resulta chocante que justamente hayan quedado fuera los grandes refugios europeos como Suiza, Andorra, Gibraltar, las islas del Canal, Luxemburgo, Irlanda, Holanda o Mónaco o la City de Londres. Tampoco se ha querido molestar a los Estado Unidos, incorporando sus jurisdicciones como Delaware o Nevada. En la lista gris, hay 47 países que, sobre el papel, se han comprometido a hacer cambios en sus legislaciones y levantar el secreto bancario, pero que están lejos de hacerlo: en esta sí que hay territorios europeos como Andorra, San Marino, Serbia o Bosnia; y países de otros continentes como Vietnam, Tailandia, Hong Kong, Perú o Uruguay. El «castigo» con el que se amenaza a los incumplidores, es el poco más que el escarnio público y no poder acceder a fondos europeos. No imagino que esto provoque ni acelere muchos cambios.

En realidad los mecanismos que permiten y facilitan las prácticas de elusión y fraude fiscal están plenamente asumidos y generalizados en el mundo capitalista desde la Segunda Guerra Mundial. La globalización económica no ha hecho sino ampliarlos y fomentarlos. Son justamente los estados europeos los que los crearon y proteger en enclaves y territorios de su dominio más o menos alejados, para que las grandes corporaciones y los sectores realmente acomodados no se convirtieran en un factor de presión interna, posibilitándoles una salida que aunque no totalmente anónima, estaría fuera del foco y sería difícil de seguir. De lo que se trataba es que los ciudadanos comunes aceptáramos una fiscalidad elevada para mantener prestaciones y servicios públicos, sin que una iniquidad tan evidente en el pago nos indujera a una revuelta fiscal. La cantidad de recursos que se mueven en el circuito no tributario, en territorios que justamente reciben el delicioso nombre de «extraterritoriales», no ha hecho sino dispararse. Lógicamente el tema es de una injusticia que clama al cielo pero, sobre todo, ha generado una insuficiencia de ingresos tributarios a las haciendas estatales que explica buena parte de su endeudamiento y que les permite justificar la laminación del Estado de bienestar.

Los escándalos que han seguido los descubrimientos de documentos que prueban la existencia organizada de refugios como la Lista Falciani, los Panamá Papers o Paradise Papers, han provocado que la Unión Europea así como otros países de la OCDE se tuvieran que hacer los indignados afirmando que tomarían medidas para que esto se acabara. Ni lo hacen, ni probablemente lo harán. Sólo tendrían que quererlo, tomando medidas estrictas al respecto. No se acabarán los circuitos económicos alternativos por que resultan inherentes al capitalismo actual y están organizados desde los grandes centros de poder. El lenguaje ya nos delata. Llamarlos «paraísos», ya es una manera de hacerlos deseables y darle connotaciones positivas. Incluso la UE se refiere a ellos ahora con un término más oscuro y sin connotaciones delictivas: «jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal». ¡Son unos poetas!