¿Y qué caray es el CETA?

Esta próxima semana pasará por el Congreso de Diputados, de cara a ser ratificado, el Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá, conocido como el CETA. El Parlamento Europeo ya lo aprobó por una amplia mayoría en la que confluyeron conservadores y socialdemócratas, y ahora sigue el trámite de los parlamentos estatales, a los que se les pide que den el visto bueno, sin discusión y sin posibilidad de hacer ninguna enmienda ni cambiar una sola coma del texto. Con los temas “urgentes” que ocupan la agenda política española (corrupción institucionalizada, Cataluña, débil mayoría parlamentaria…) los temas “importantes” pasan sin pena ni gloria. De hecho, el tema de los grandes tratados de libre comercio, que tendrán unos efectos trascendentales y demoledores para la economía y la sociedad europea, se pretende justamente eso, que pasen sin hacer ruido y de puntillas. Ya hace tiempo que los temas relevantes han quedado excluidos del debate político y ciudadano y alejados del control democrático. La soberanía política ya no es lo que era.

El CETA, como lo es el TTIP que vincula a la Unión Europea directamente con los Estados Unidos, no es un tratado comercial convencional, cuya función sea rebajar las tarifas aduaneras y facilitar la circulación de mercancías. Para eso no era necesario. La funcionalidad es precisamente acabar en lo que se conocen como las “barreras no arancelarias”, es decir, hacer desaparecer todo principio de prevención en la circulación de productos que tienen que ver con cuestiones de salud, medio ambiente, alimentación, legislaciones laborales, discriminaciones positivas para fomentar el desarrollo económico de los territorios … Se trata, justamente, de evitar con un texto jurídico de obligado cumplimiento, que los gobiernos estatales puedan hacer políticas para preservar los intereses y el bienestar de su ciudadanía. Resulta paradójico que los parlamentos nacionales, al igual que el Parlamento Europeo, deciden aprobar un texto que lo que hace es liquidar su soberanía política. Se trata básicamente de hacer un nuevo salto adelante en el globalismo económico, armonizando las condiciones mercantiles en sus estándares más bajos que, no es casual, son los del mundo anglosajón. Carne hormonada, transgénicos, fracking, ampliación de patentes farmacéuticas, desprotección laboral, precariedad, bajada de salarios, desindustrialización, desarticulación de las PYMES, barra libre de impacto medioambiental, concentración en oligopolios, menos contribución fiscal de las corporaciones…. Si alguien piensa que al ser un tratado con Canadá, los efectos no pueden ser tan importantes, se engaña. El Acuerdo también beneficia a las 40.000 mayores empresas de Estados Unidos, las cuales tienen radicación en Canadá. Entran por la puerta trasera. Al final, ni siquiera será necesario el TTIP.

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Para terminar de pintar el cuadro de lo que significa aprobar este tratado de más de 200 páginas y de 1.600 de anexos, se podría hablar del establecimiento de un sistema de justicia privado para dirimir las diferencias entre los estados y las corporaciones, lo que fomenta y facilita los pleitos a las grandes empresas cuando consideran que se han perjudicado las expectativas de negocio y liquida la propia concepción del estado de derecho. O el hecho de ser un “acuerdo vivo”, esto quiere decir que se establecen mecanismos -cooperación reguladora, la llaman- para que comisiones “técnicas” vayan ampliando y modificando el mismo tratado, sin ningún control democrático. Si estos días en España, finalmente se habla un poco del tema, es que el “nuevo” PSOE afirma que no lo apoyará, modificando su postura anterior y así escenificar un cierto desplazamiento hacia la izquierda y el mundo de Podemos. Dicen que para no herir susceptibilidades, compromisos e intereses, quizás expresarán su sobrevenida posición en forma de abstención. Si es así, harán bastante el ridículo. Con un tema de tanta trascendencia, ¿qué significación tiene abstenerse? ¿De no, pero sí? De todas formas, que nadie se preocupe, el PP tiene igualmente mayoría asegurada para su aprobación. En los temas relevantes, el PDCAT siempre está donde debe ser. ¡Faltaría más!

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