Una parte del independentismo catalán estos días está sufriendo bastante vergüenza. Los medios con los que se persigue la consecución de un objetivo político deben ser adecuados, dignos y proporcionados, pero sobre todo respetuosos con el conjunto de la ciudadanía y sin pretender evitar el debate público necesario que es imprescindible cuando las que se quieren tomar son decisiones de gran trascendencia. Parece que se ha impuesto, sin embargo, la huida hacia adelante, apostar por los hechos consumados, sustraer el debate público democrático, silenciar los que no piensan con los términos de El Proceso en nombre de un bien mayor como sería la consecución de la independencia, finalidad la cual justificaría el uso y abuso de cualquier medio, por dudoso que resulte, que es presentado como el triunfo de «la astucia». Reformar el reglamento del Parlamento para facilitar la aprobación exprés de la ley de desconexión, es una barbaridad en términos democráticos ya que se obvia la discusión y el debate sobre un hecho tan importante y con tantos efectos, amordazando la oposición a la mayoría gubernamental, la cual, habría que recordar, representa a más de la mitad del electorado de Cataluña. Ni más, ni menos. Esta pretensión absolutamente disparatada, no es digna de la cultura democrática de un país avanzado, y es una práctica que criticaríamos de cualquier república bananera. No es una cuestión de adaptar reglamentos parlamentarios, ni justificar comportamiento en nombre de decisiones históricas. Democracia no es ni exclusivamente ni siquiera principalmente poner urnas. Un sistema democrático se rige por formas escrupulosas y transparentes, para fomentar la discusión y el debate público, para consensuar las grandes decisiones conformando mayorías amplias y cualificadas, por el respeto a la ley, para garantizar que todos los puntos de vista estén presentes y se puedan expresar en el espacio público…

De un gobierno democrático uno tiene derecho a esperar un cierto sentido de la responsabilidad. Llevar a una parte de la ciudadanía y con ella a todo el país, hacia pretensiones de dudosa factibilidad no parece lo más adecuado. Soy de los que piensa que modificar la estructura de los Estados-nación en Europa en este momento es una pretensión abocada al fracaso, además de no ser ni de lejos una prioridad para aquellos que aspiramos a sociedades más justas y equilibradas, y no a defender los intereses particulares de las élites locales que han visto en El Proceso la manera de tapar sus vergüenzas y mantener el control del poder político. Es una opinión y puede ser que esté equivocado. A la gente de buena fe que cree que esto es posible y necesario, que es mucha, y especialmente a sus dirigentes políticos hay que exigirles que huyan de urgencias, ventanas de oportunidad y todo tipo de atajos que conducen a actitudes y formas poco democráticas, tanto en la ética como en la estética. Las urnas ni son elemento inicial que se puede utilizar como anécdota, no son una pelota de fútbol que chutamos cuando nos conviene. Las urnas son la culminación del proceso democrático. No ahorran, sino que requieren un debate previo tan largo y ancho como sea posible, la realización de propuestas reales y viables, así como el respeto escrupuloso a los procedimientos y al Estado de derecho. Entre otras cosas, habría que explicar a la ciudadanía que modificar estructuras territoriales establecidas será un proceso largo, convulso y extremadamente difícil. Que para ello sería necesario mucho más que apelaciones al voluntarismo, el papel propagandístico de los medios propios y afines, excesos verbales de todo tipo y pequeñas heroicidades de poca monta. De entrada, habría que configurar una amplia mayoría social de la que no se dispone. Y luego, unos liderazgos políticos bastante más creíbles.