La Agencia Tributaria está cerrando las cuentas del Estado para 2015, y las secciones y cabeceras económicas de la prensa intentan encontrar explicaciones estos días al hecho que los ingresos en concepto de Impuesto de Sociedades no se recuperan, o sólo lo hacen de manera muy tangencial. Mientras los beneficios empresariales han vuelto a los niveles anteriores a la crisis, su aportación en términos fiscales es sólo escasamente la mitad de lo que había sido. Buena parte de la explicación del déficit fiscal español, y de tantos otros países, está justamente aquí y no en el exceso de gasto, como no se cansan de repetirnos los partidarios de desguazar el Estado de bienestar. Parece bastante evidente que una de las claves de la desigualdad creciente está en un modelo fiscal obsoleto vigente en gran parte de las economías occidentales, fundamentado en la presión sobre unas cada vez menores rentas del trabajo y en una notoria incapacidad (¿falta de voluntad?) para que las rentas de capital coticen de forma presentable, toda vez que tienen mil y una maneras de eludir su contribución, ya sea en forma de fraude fiscal, recurso a los paraísos fiscales o bien acogiéndose a normativas que les facilitan su «elusión» fiscal.

Además de ser extraordinariamente «benevolente» el régimen fiscal a las rentas de capital, tiene tan cantidad de agujeros para evitar los pagos, que los expertos no dudan en calificarlo de un auténtico queso de Gruyere. Infinidad de sistemas de bonificación, de libertad de amortización, de convenios para evitar la doble tributación, de jugar con los precios de transferencia entre filiales…, acaban comportando que los tipos de liquidación real tengan poco que ver con los ya moderados tipos nominales establecidos. Analizando la liquidación tributaria de 2014, que es cuando tenemos los datos completos, sobre una recaudación total de 175.000 millones de Euros, 70.000 millones provienen del IRPF y casi 80.000 millones de impuestos sobre el gasto (IVA e Impuestos Especiales). El Impuesto de Sociedades, sólo aportó unos 18.500 millones de Euros. Cuando se leen estas cifras, queda claro que el sistema tributario vigente más que técnico, es profundamente ideológico, y no representa justamente ningún tipo de proyecto inclusivo o más equitativo de la sociedad. Si afinamos un poco más en el análisis, veremos cómo los salarios aportan al fisco más de 62.000 millones a través del IRPF, además de la mayor parte de los 80.000 millones que provienen de la fiscalidad sobre el consumo.

Así, a partir de los salarios se consigue más del 80% del ingreso tributario, mientras que sobre el capital en su conjunto no se obtiene ni siquiera el 15%. Más allá de tecnicismos, estas son las reglas del juego sobre las que descansa la iniquidad, una sociedad profundamente desigual y unos finanzas estatales no sólo incapaces de corregir la tendencia, sino que contribuyen de manera notoria a acentuarse la. Para dibujar el cuadro completo, habría que decir que los salarios ya sólo representan en España el 44% del PIB (compárese esto con el porcentaje de aportación tributaria) y disminuyendo en la medida que las desregulaciones laborales es lo que persiguen. Debería contabilizarse, aún, los entre 30 y 40.000 millones que no ingresa al erario público debido a una economía sumergida que se calcula en torno al 25% de la actividad económica. Todo ello conforma un saqueo premeditado no del Estado, sino de lo colectivo, de lo social y de lo público. Se ha perdido el predominio de la voluntad integradora de la sociedad, de la noción de un bienestar que debería ser compartido, en pro de un mundo hecho de ganadores (unos muy pocos) y de perdedores (la gran mayoría).