A pesar de los esfuerzos de los países implicados y de los grupos de interés para evitar cualquier debate público sobre el tema, comienza a aparecer en los medios esta sigla, detrás de la cual está el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Europa. Un proyecto que va mucho más allá de ser un simple tratado de libre comercio. Justamente, el secretismo extremo con el que se está llevando y negociando, su estrategia de ocultación, indica como de crucial es para dilucidar nuestro futuro económico social y político. El objetivo fundamental del acuerdo, no es el de suprimir aranceles, cancelar duplicaciones y facilitar los trámites burocráticos para facilitar el tránsito de mercancías. Se trata de crear un instrumento jurídico que «obligue» a sus firmantes a hacer prevalecer los intereses mercantiles sobre los puramente políticos, sociales o medioambientales. El principio del negocio no podrá ser puesto en duda en ningún caso por las legislaciones nacionales, las cuales pasarán a subordinarse a los intereses del comercio y de la inversión. Como dice Susan George, una «carta de libertades para las transnacionales», y que el Estado deje de ser, si es que nunca lo ha sido, garante del bien común. El derecho mercantil privado deviene derecho civil y derecho internacional, en la medida que se establecen obligados arbitrajes en tribunales privados para dictaminar en los conflictos de intereses entre los Estados y los inversores. Las corporaciones siempre podrán actuar jurídicamente contra las normas estatales -las políticas- que consideren perjudiciales a sus intereses. No sé si es la liquidación de facto del Estado de Derecho, pero lo parece y mucho.

A nivel productivo, el TTIP sin duda aumentará la deslocalización productiva buscando las ventajas comparativas en costes de producción. Paro, precariedad, disminuciones salariales, pérdida de seguridades, laminación del derecho de huelga, liberalización del mercado de trabajo…, parecen efectos evidentes, como lo serán la privatización de los servicios públicos, tema al que el Tratado dedica artículos específicos, así como a la prohibición de la renacionalización de los mismos. Asimismo, una aún mayor movilidad de mercancías incidirá muy negativamente a nivel medioambiental. La propia Unión Europea, calcula que el crecimiento económico vinculado al TTIP se traducirá en la emisión de 11 millones de toneladas de CO2 al año. Los efectos sobre los países en vías de desarrollo serán también significativos, aumentando su subordinación dentro de la distribución mundial de la producción.

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones no es meramente un tratado comercial. Lo es en todo su esplendor y efectos, pero es mucho más que eso. Es un intento de establecer y blindar un determinado modelo económico, basado en el crecimiento, claramente periclitado, insostenible y antisocial. Su objetivo es hacer desaparecer los obstáculos tarifarios, pero especialmente los no tarifarios para establecer una economía-mundo no sujeta a más reglas que al instinto de beneficio de las grandes corporaciones, como si el beneficio privado fuera el de todos, obviando los efectos de desigualdad, pobreza, exclusión social y crisis que esto provocará. Estamos ante la versión más cruda y salvaje del capitalismo, que parece contar con la aceptación más o menos enardecida de los Estados y de la mayor parte de la política europea, sin que ni la izquierda ni los sindicatos, al menos hasta ahora, se hayan posicionado claramente en contra. Un «acuerdo vivo», que una vez ratificado obligará a adaptar la legislación europea y las legislaciones nacionales al que el tratado deje estipulado. Se institucionaliza el poder de los lobbies, mientras se debilita de manera casi definitiva e irreversible el papel moderador de la política y de los Estados-Nación. Un cambio de paradigma económico ni se plantea, como tampoco se considera afrontar los retos ineludibles que del medio ambiente y del crecimiento de la desigualdad. La opción es profundizar, aún más si cabe, en el error.