Ahorro empobrecedor

El Gobierno acaba de aprobar, en nombre de la homologación europea, la rebaja de un año en la duración de los grados universitarios, para imponer el modelo conocido del 3+2, es decir, que si se quiere disponer de un título universitario que sirva de algo hay que cursar dos años de Máster tras obtener en tres la titulación de Grado. La explicación es que los Grados convertirán una formación básica y generalista, con poco valor vaya, mientras que lo que realmente especializará y emitirá una señal de calificación hacia la sociedad y el mercado será la titulación de Máster. Si desde el punto de vista formativo la lógica del sistema actual o del próximo pueden ser discutibles, lo que no lo es tanto es la conveniencia de hacerlo justamente ahora. Se hace con la finalidad de ahorrar recursos económicos públicos destinados a la universidad, con el pequeño inconveniente de que, de paso, se degrada y se deprecia no sólo la titulación sino y especialmente la formación que se proporciona a los estudiantes. Porque en el caso español -también en el catalán, donde el Gobierno se ha apuntado de forma francamente entusiasta a la reforma- mientras los Grados son financiados de manera preponderante por la aportación pública, los Masters se han instituido como un ámbito donde los estudiantes, o sus familias, se harán cargo de buena parte del coste. Tanto el problema generado, como el efecto buscando están en el ahorro y en el menosprecio del carácter de equidad de un sistema público y no en considerandos pedagógicos, didácticos o de currículo formativo.

Las universidades públicas, financiadas en gran parte con recursos presupuestarios del Estado, han sido un gran mecanismo de equidad formativa, de igualdad de oportunidades y de redistribución de renta en la escala social. Al poder estudiar todos, o casi, por razones económicas, el sistema formativo también se vuelve más eficiente ya que pueden acceder los mejores y no sólo los que disponen de más renta. El aumento continuado de las tasas universitarias en los últimos años, junto con el impacto desigual de la crisis económica, ya han vulnerado de manera notoria el principio de igualdad. Los costes de las matrículas universitarias se han más que doblado en pocos cursos -de manera muy especial en Cataluña-, mientras las condiciones y la calidad universitaria se degrada como resultado de unas aportaciones públicas en descenso continuo, que acaban repercutiendo en una no despreciable precarización del profesorado y de sus condiciones. Se les debería recordar que, por ejemplo, Dinamarca destina un 2% del PIB en las universidades y aquí sólo un escaso 1%. Universidad a peor y cada vez menos accesibles por falta de renta. Si nunca lo había dejado de ser del todo, ahora la universidad vuelve a ser discriminatoria para los ingresos más bajos, y más que lo volverá a resultar con estos cambios.

Wert, que es un cínico notable, afirma que la ventaja es que las familias ahorrarán la matrícula de un curso y los titulados podrán incorporarse antes a un mercado laboral inexistente. No explica, sin embargo, que se devuelven los grados a la función que hacía el bachillerato de antaño, que quien quiera más formación y más reconocida deberá pagar mucho y que, por tanto, la selección la volveremos a efectuar por nivel de renta. Los pobres tendrán que conformarse con un título menor; universitario eso sí. Retornamos a una vieja concepción elitista y clasista de la universidad la cual, de hecho, muchos no han abandonado nunca.

 

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