Cuestión de detalles

Se acerca un año de fuerte intensidad electoral y el gobierno del Partido Popular se ha apresurado a anunciar una serie de medidas económicas, más propagandísticas que efectivas para la ciudadanía, consistentes en un «rebaja significativa», afirman, de la presión tributaria de cara a los dos próximos ejercicios, así como el aumento del salario mínimo y de las pensiones. Probablemente lo que necesitaría España no sería una genérica rebaja fiscal, sino una reforma fiscal en profundidad que penalizara menos las rentas del trabajo bajas y medias y aumentara la tributación de las rentas de capital y, sobre todo, suprimiera los escandalosos y legales sistemas de elusión fiscal y la multitud de vías de escaqueo que provocan que cerca del 30% de la actividad económica no cotice. Aquí es donde radica el problema de ingreso para poder mantener el gasto público y la calidad de los servicios sociales básicos. Como suele ocurrir, el diablo está en los detalles.

Si vamos más allá del tentador titular «la rebaja» y nos fijamos en las condiciones concretas de la reforma nos daremos cuenta que el IRPF pierde progresividad, esto significa que es menos equitativo;  o bien que el tipo marginal pasa del 52% al 45 %, mientras que el tipo básico de hasta 12.450 euros sólo se rebaja un 2%. Dicho de otra manera, en 2016, mientras el mileurista se ahorrará 240 euros anuales, los que cobran 300.000 euros ahorrarán 21.000. Ni justo ni equitativo, pero el problema principal radica en que es una rebaja que pagaremos muy cara en forma de deterioro de los servicios públicos. Esto si se vive fuera de Cataluña, ya que aquí nuestro gobierno ha decidido que el tramo bajo del ingreso no se le rebaja un euro, lo que si se hace en algunos tramos altos. En relación a los aumentos del salario mínimo y de las pensiones, el tema ya se directamente de burla a la ciudadanía. El salario mínimo de España que ya es de los más bajos de nuestro entorno, se aumenta hasta 3,3 euros mensuales, que un día es un día, situándose en los 648,60 euros. En cuanto a las pensiones, el aumento aprobado es del 0,25%. Toda una fiesta que deberá permitir que una pensión media vea aumentada su percepción mensual en poco más de 2 euros. Poco que decir.

Unas medidas que, más allá de su electoralismo evidente y los efectos más bien escasos entre las personas con más dificultades, no representarán estímulos económicos significativamente benefactores en la economía privada y contribuirán al deterioro de las cuentas y las prestaciones públicas. La «rebaja fiscal» y los «aumentos» de salarios mínimos y pensiones incidirán poco en la recuperación del consumo ya que el aumento de la renta disponible entre los segmentos salariales bajos y medios, que son las que lo traducen en consumo, es insignificante. Para que no haya un deterioro sustancial de los ingresos del Estado se parte del principio de confianza que la recuperación de la actividad económica fruto de una hipotética salida de la crisis, permitirá recaudar más aun bajando los tipos. El problema es que una salida sólida y sostenida de la crisis económica -«la crisis ya es historia»- parece que sólo se percibe desde los jardines de la Moncloa. Pensar que sin una auténtica reforma tributaria para que pague quien tiene que pagar aumentará el ingreso, es una auténtica quimera, como lo es pensar que estamos en el camino de la recuperación. ¿En qué país viven?

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