No nos lo merecemos

Que el presidente de la Generalitat sea inhabilitado por colgar una pancarta puede parecer ridículo, y realmente lo es. Que un hecho como este focalice y paralice desde hace muchos meses la política catalana resulta increíble para cualquier observador externo que no esté versado en los múltiples giros y excentricidades que van de la mano de eso que de manera gráfica se llama El Procés. El tema casi nos podría inducir a la sonrisa si no fuera tan reiterado y con efectos tan graves para la máxima institución de gobierno de Cataluña, pero también un ejemplo más de la parálisis política en la que se ha sumido el país y la causa no sólo del su estancamiento económico y social sino de una auténtica dinámica de declinación como muestran todo tipo de estudios e indicadores no gubernamentales. Hay quien pretende situar el tema de la posible -más que probable- inhabilitación del presidente Torra y la consiguiente destitución de su cargo en el ámbito de la discusión jurídica sobre el valor de las normas de la Junta Electoral o bien sobre las atribuciones para juzgar al respecto del Tribunal Supremo o bien del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También hay quien apela genéricamente a la libertad de expresión para defender un hecho tan insólito, excéntrico y todas luces inapropiado. El resultado final de un procedimiento poco adecuado para un país serio nos puede parecer excesivo o exagerado, pero en todo caso es un resultado buscado dentro de la estrategia de ir escenificando un conflicto con el Estado y, al mismo tiempo, de no reconocimiento de su legislación y de sus instituciones. Esta será sin duda una condena ridícula, pero no se podrá decir que no haya sido reiteradamente perseguida.

Humor - Diario de Noticias de Álava - Hemeroteca 11-01-2020

Y es que la secuencia de los hechos tiene su importancia. Se inicia con una anormalidad muy extravagante como es que un Presidente cuelgue una pancarta en el Palau de la Generalitat, confundiendo desgraciadamente el edificio y su simbolismo con un árbol de Navidad. El respeto a la institución ya la ciudadanía no debería permitir degradar el edificio y su significado haciendo algo así, pero aún menos enganchar consignas partidistas que sólo representan una parte del sentir de la sociedad y que si en algo contribuyen es a profundizar la división de la sociedad. Nadie puede imaginar al presidente de cualquier otro país haciendo algo así. Cuesta figurarse a Angela Mekel, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez o incluso a Vladimir Putin cometiendo un acto tan pueril y degradante para la institución que presiden. La segunda etapa de la cadena de los hechos es que la acción se hace en época electoral abonando unos sectores políticos respecto a otros. Esto es lo que provoca la intervención de la Junta Electoral exigiendo su retirada. Y no sólo no se hace caso, a pesar de las indicaciones de letrados y asesores jurídicos de que, de no hacerlo, el Presidente incurrirá en un delito, sino que se reitera la voluntad de mantener la posición, a la vez que se afirma no reconocer la potestad de la Junta Electoral para intervenir como también la legitimidad de cualquier tribunal español para pronunciarse al respecto. Se reta a la justicia a actuar y se desprecia cualquier noción básica de independencia judicial y de la división de poderes que resulta inherente a los sistemas democráticos. Además, cuando el tema llega al TSJC, se cuestiona la legitimidad de este tribunal, mientras se proclama la propia culpabilidad y se repite la frase de recurso “lo volvería a hacer”. Se podrá decir lo que se quiera, pero esta increíble condena de inhabilitación no lo es a unos planteamientos políticos ni al contenido preciso de una pancarta, no tiene nada que ver con la libertad de expresión, sino con la desobediencia reiterada y sostenida a pesar la advertencia de las consecuencias judiciales y penales que esto podía tener. Es el resultado de una estrategia deliberada desde sus inicios para mantener el relato del conflicto.

Pero situados en este punto lo importante sería salir de esta situación no añadiendo más daños a los ya acumulados. Facilitar la recuperación de la normalidad institucional y política de Cataluña resulta crucial y el facilitarlo sería asumir un acto de responsabilidad. Entrar en un largo periodo de interinidad con acusaciones cruzadas y cada vez más subidas de tono entre los socios (¿?) de gobierno resulta una temeridad y continuar un sainete que, a estas alturas, ya ni sorprende, ni entretiene ni hace gracia. Convocar elecciones ya se tendría que haber hecho, y es lo que se debe en una situación de parálisis donde la única política que se practica es un esperpéntico espectáculo. No sé si JxCat u otros grupos políticos quieren y pueden continuar esta dinámica. Cataluña, seguro que no se lo puede permitir.

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