Mayor evidencia de pobreza

Entre las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es la fragilidad del mercado laboral. Como era evidente que pasaría, el importante sector que habitaba en la precariedad y la inseguridad del puesto de trabajo se ha visto de un día para otro sin ningún empleo ni ingreso. De la inseguridad laboral en la pobreza hay sólo un paso. Al otro lado de la puerta a la que ha llamado la alarma del coronavirus, para mucha gente estaba la penuria. Y no sólo la “pobreza relativa” de tener pocos ingresos, sino la carencia severa que lleva a tener que recurrir a ayudas y al altruismo alimentario para sobrevivir. “Pobreza de solemnidad” se le llamaba antes. Y es que el empleo ya hace tiempo que se ha ido convirtiendo en algo efímero, hecho de compromisos de corta duración y de la conversión de una parte creciente de los trabajadores en autónomos que se contratan y subcontratan con toda la facilidad del mundo y sin que los empleadores se sientan con ninguna responsabilidad. Todo bien legal, aunque dudosamente ético y poco sostenible socialmente. Es la famosa liberalización del mercado de trabajo que, decían los expertos neoliberales, serviría para fomentar las contrataciones y la superación de las elevadas tasas de paro. La reforma laboral que se derivó lo que hizo es que se legalizaran todo tipo de formas de precariedad, de subordinación y de dependencia. Todo un mundo dejado a la intemperie. Con estas bases, resultaba evidente que la recuperación del empleo tras la crisis de 2008 sería muy ligera y etérea.

Se podían publicar estadísticas de que mejoraba la inserción laboral, pero en realidad había multitud de personas que no tenían más remedio que aceptar condiciones draconianas: contratos de días o semanas, salarios indecentes, falsos autónomos, acumular varios trabajos complementarios para obtener un salario aceptable, discontinuidad de trabajos. El triunfo del mundo de la “gig economy”, es decir, de encargos y “bolos” que sirven para malvivir cuando la situación es de bonanza y que te condenan a la nada cuando las cosas van mal. Hemos dado por bueno un mercado laboral dual en el que un 60% de los empleados disponemos de trabajos más o menos seguros y salarios dignos, lo que nos da “derecho” a mantener una vida bastante estable y unas razonables expectativas de futuro. Pero hay un 40% de la población activa que vive en otro mundo y, a menudo, hacemos como que no nos damos cuenta. Una tercera parte de estos, son parados de larga duración y con posibilidades casi nulas de acceder a algo parecido a un puesto de trabajo. Condenados a malvivir con ayudas escasas y solidaridades familiares difíciles. Los dos tercios restantes son trabajadores en situación flotante –“reserva laboral” se le definía antaño- la mayoría de los cuales han dejado de percibir ingreso con el impacto de la epidemia actual. Las cifras lo dicen todo. En España el 21,5% de su población está por debajo del umbral de la pobreza, una parte de la cual es muy severa. Se concentra mayoritariamente en familias con parejas de mediana edad y con hijos donde no hay el efecto colchón que suelen tener las personas con acceso al sistema de pensiones. De los 28 países de la Unión Europea, somos el sexto con más nivel de pobreza. Una de cada cuatro personas se encuentra en zona de riesgo de exclusión social. Las carencias no han nacido con el coronavirus, ya estaban, pero ahora se han evidenciado de manera cruel. Esta epidemia nos deja las imágenes dantescas de hospitales desbordados y con gente condenada a morir absolutamente sola, pero también las largas hileras de ciudadanos que han tenido que mendigar bolsas de alimentos y de ayudas para comer. La tragedia de caer en la pobreza no es sólo ni especialmente material. Es ver cómo la propia dignidad es pisoteada y sufrir una enorme humillación.

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Finalmente, el gobierno español ha aprobado un Ingreso Mínimo Vital para paliar una situación a todas luces inaceptable. Una ley necesaria, pero que será seguramente insuficiente para resolver un problema que se ha convertido estructural, de largo alcance, y que requiere de más acciones que proporcionar unos imprescindibles subsidios. Y es que todo el mundo debería tener el derecho y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida digno. Si no es así, no son personas individuales las que “fracasan”, sino el conjunto de la sociedad. Y de una manera estrepitosa.

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