Durante unos días o quizás semanas se hablará y mucho de los «papeles de Panamá». Nos escandalizaremos, condenaremos algunos nombres propios -se lo tienen bien merecido-, pero aunque se de gran dimensión el tema quedará como una anécdota y dentro de poco lo habremos olvidado. No es un problema que se pueda circunscribir a un bufete maligno que opera en un país de manga ancha. Es una pequeña muestra de algo que es sistémico, conocido y legalizado. En España, 33 de las 35 corporaciones del Ibex-35 tienen y operan en sociedades ubicadas en paraísos fiscales.

Los ricos y las grandes corporaciones son, por definición unos malos contribuyentes. La combinación de la transnacionalidad -cosmopolitismo- y una elevada capacidad de presión sobre los gobernantes bajo el chantaje de irse, dan como resultado unas aportaciones tributarias poco más que simbólicas por parte de las envalentonadas y poco solidarias élites, mientras operan en un mundo financiero que es extraterritorial. Que nadie se piense, sin embargo, que los paraísos fiscales son una anomalía no deseada y combatida, o bien la apuesta delictiva de pequeños estados insolidarios. Los paraísos forman parte y están plenamente incardinados en el sistema financiero internacional. Son el eslabón necesario en una cadena. Es un servicio que forma parte de la red del negocio financiero global, y cualquier banco o bufete de abogados realiza estas operaciones de manera habitual. El mayor centro mundial offshore no es ninguna pequeña isla del Caribe, sino la City de Londres.

Que haya paraísos fiscales tiene que ver con la voluntad de los Estados y de los organismos internacionales. En abril de 2009, los líderes del G-20 reunidos en Londres anunciaron a los cuatro vientos que la época del secreto bancario había terminado. Muchas declaraciones pomposas se hacen en este sentido, pero ninguna acción práctica. De hecho, los paraísos fiscales florecieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el establecimiento de sistemas fiscales consistentes que permitieran financiar la economía pública y el Estado de bienestar, requería de válvulas de escape a los grandes capitales y las grandes fortunas familiares, para evitar que actuaran de manera conflictiva. Se trataba de que no molestaran ni se molestaran, contra un sistema que se basaba en la fiscalidad progresiva. Se les dejaba una salida, éste era el acuerdo tácito. No fue sólo que algunos pequeños estados europeos, como la emblemática Suiza, o minúsculos como Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, Andorra o San Marino se especializaran y se sostuvieran con esta actividad. En realidad, fueron muchos los estados europeos que crearon fuera de sus fronteras, como en el caso británico o francés, islas que servían como espacios de excepcionalidad fiscal.

El aumento de movimiento de capital a través de paraísos fiscales -Irlanda no ha dudado en ser uno de ellos e incluso Holanda en algunos aspectos- pone en cuestión el sistema económico mundial y obviamente la existencia de estados con recursos suficientes como para mantener sus estructuras asistenciales y correctoras de la desigualdad, siendo los paraísos fiscales un auténtico «agujero negro de la economía globalizada». Irlanda concentra una gran cantidad de sedes de grandes corporaciones. En el Centro Internacional de Servicios Financieros de Dublín, en un solo edificio, están establecidos una cuarta parte de los hedge funds constituidos en el mundo. Google realiza su ingeniería tributaria a través de Irlanda y Holanda, reconociendo que fuera de los Estados Unidos no paga más de un 2,4% en impuestos. Yahoo opera financieramente a través de su sede en Amsterdam. En las Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más famosos, con sólo 50.000 habitantes, hay más depósitos bancarios que en el conjunto de Francia. Un lugar intermedio para evitar que las grandes corporaciones tengan que repatriar sus inmensos beneficios hacia su sede central y regularizarlos. Barclays Bank pagó en 2009 en Gran Bretaña 113 millones de libras en impuestos, sobre unos beneficios de 11.600 millones, es decir no llegó al 1%. Tax Justice calcula que los 10 millones de personas muy ricas disponen en paraísos alrededor de los 21 billones de dólares, un tercio del PIB mundial. Sin dejar de ser escandalosos, los «papeles de Panamá» resultan ser poco más que una anécdota.