En los últimos tiempos se habla mucho de la construcción de estructuras de Estado en Cataluña, pero no se pretende tanto dotarnos de las estructuras político-administrativas necesarias y eficientes de cara a la configuración de un país moderno, sino como discurso simbólico. No hay propuestas, ni debate real sobre la dimensión y niveles de administración que requieren el país, sobre la división y la ordenación territorial, sobre una imprescindible e inevitable simplificación, sobre quién es más óptimo que haga qué.

Un país que se quiera fuerte, eficaz y competitivo requiere de estructuras de administración y gestión claras y simples, identificables por sus ciudadanos, con marcos competenciales claramente definidos y financiaciones suficientes, legitimadas desde el punto de vista democrático. Treinta cinco años de autogobierno se ve que no han sido suficientes para construir la ordenación territorial y un sistema institucional propio, simple y efectivo, sino más bien para multiplicar estructuras de poder complejas, superpuestas, costosas y poco transparentes que restan agilidad y eficacia a la administración catalana, disuasoria para erigir una sociedad emprendedora. El pujolismo se desarrollaba feliz en la confusión. De manera genérica, algunos hablan de simplificación administrativa, pero van poco más allá de la declaración de buenas intenciones de cara a satisfacer a unos ciudadanos a los que les resulta incomprensible que justamente algo que figura entre las atribuciones del autogobierno -hacer una administración propia y renovada- no se haya todavía acometido.

947 ayuntamientos, 41 consejos comarcales, 6 u 8 veguerías, 4 diputaciones provinciales, el gobierno de la Generalitat y sus múltiples delegaciones en el territorio, el gobierno central, su delegación centralizada y las delegaciones ministeriales, consorcios y mancomunidades, los que todavía podríamos añadir a nivel simbólico los partidos judiciales y las delimitaciones de los obispados y de las parroquias. Niveles y estructuras excesivas e incomprensibles para 7 millones de personas. Nada que decir sobre la multiplicidad de referencias territoriales simbólicas en la que queramos proyectar y remitir nuestra sentimentalidad, pero las estructuras administrativas, las de poder real, deberían responder a los imponderables de la racionalidad, la lógica, la proporcionalidad, dimensionadas para ser eficientes y, sobre todo, sostenibles. Sé que está muy de moda defender particularidades, campanarios y fragmentaciones diversas, pero digámoslo claro, no es ni efectivo ni práctico.

En los tiempos que corren -quiero decir que ya no nos desplazamos a pie ni en carreta- estructurar el país en dos niveles parecería el más apropiado. Una estructura municipal racionalizada, con más atribuciones y adecuadamente financiada como poder subsidiario y de proximidad, y un gobierno de país único en la Generalitat, sin necesidad de tanta delegación y representación interpuesta. Justamente cuando se quiere escuchar a la gente y atender de manera adecuada, no hacen falta tantos intermediarios. La estructura política de un país que a menudo decimos que queremos parecernos, Dinamarca, la componen un gobierno central y veinte municipios (sí, ¡veinte!). Fomentar la creación de nuevas comarcas, como hemos visto últimamente, cuando lo que habría que es desmantelar su actual institucionalización, es un despropósito se mire por donde se mire, aunque se disfrace de voluntad popular.