Inflación

La inflación de marzo de este año se dispara, en España, un 9,8 por ciento. La escalada de los precios de la electricidad y de los combustibles por la guerra de Ucrania y los problemas de abastecimiento por el paro de los transportes por carretera han desbocado el IPC general respecto al mismo mes del año anterior. Esta extraordinaria tasa de inflación provocada por la invasión rusa en los mercados internacionales, se inició ya la pasada primavera debido a los cuellos de botella del comercio mundial, la dificultad para reactivar la producción y atender a la explosión de la demanda que provocaban las restricciones intermitentes de la pandemia. Y se estresó a finales de 2021 cuando la amenaza bélica empezaba a ser interiorizada por el mercado. Esta inflación recoge la escalada de precios del gas, de la electricidad, de los combustibles y de materias primas importantes para la industria como el aluminio y el acero, así como también de cereales. Productos en los que Rusia y Ucrania resultan actores claves a nivel mundial. En las últimas semanas se han añadido en España los problemas de abastecimiento provocado por la huelga de los transportes por carretera, justificada precisamente por el incremento de costes debido a los precios de los carburantes. Esto ha tenido un gran impacto, especialmente en la disponibilidad de alimentos básicos como la leche, el aceite o la harina. Se ha producido así una escalada difícil de contener. La especulación y el acaparamiento juegan en estas circunstancias un efecto multiplicador y las inquietudes sociales se desmandan. Los problemas económicos y sociales respaldan tensiones políticas, especialmente cuando los malestares se concentran y representan más allá de los partidos políticos convencionales y las organizaciones sindicales conocidas.

La inflación nos hace más pobre a todos. Pero como es habitual en estas dinámicas, a unos más que a otros. Ciertamente genera incertidumbre para la actividad productiva. Se contrae la demanda por pura merma de la capacidad adquisitiva y por falta de la confianza necesaria para mantener la actividad inversora. Pero la inflación se recrea especialmente entre las rentas bajas. El sistema salarial no es neutro, los salarios no se actualizan ni en el nivel ni en el ritmo de la escalada de los precios. Los estudios económicos dejan muy claro que son las familias con ingresos más modestos las que dedican más dinero respecto a su gasto total en pagar la factura de los bienes y servicios básicos, que son los más afectados. En cifras, Moody’s calcula que el 20% de familias con menor renta en Europa destina cerca de un 25% de sus ingresos a pagar alimentación y combustibles, mientras que las familias con rentas más elevadas sólo le destinan una media del 15%. Los aumentos de precios se concentran en productos básicos que tienen una demanda rígida, con dificultades para renunciar a ellos o sustituirlos. Los efectos son perversos. Se concentra en los segmentos más pobres, para hacerlos más pobres todavía, situando a muchos de ellos en la zona de la exclusión económica. La inflación resulta un instrumento para aumentar la desigualdad en sociedades que ya lo eran en demasía.

Gestionar estas situaciones, tomar las medidas y realizar las políticas económicas adecuadas resulta muy complejo. Quien diga lo contrario, o es un cínico o miente. La sábana es la que es, o bien se nos destapa la cabeza o bien los pies. Se necesitan medidas contracíclicas que contengan precios y son necesarias disposiciones de tipo social que refrenen el empobrecimiento. Se debe evitar que la depauperación inherente a los procesos inflacionarios recaiga sólo entre los asalariados. Se requiere de un pacto de rentas en el que los beneficiarios de estas dinámicas, que existen, renuncien a los privilegios y los costes de todo ello se equilibren. Lo que seguro no resuelve nada es bajar impuestos como reclama la derecha española de cara a desgastar al gobierno y crear una “ventana de oportunidad” para asaltar el poder. Los ingresos fiscales en estas circunstancias resultan más imprescindibles que nunca. No podemos reclamar más acción y gasto a la Administración y, al mismo tiempo, exigirle que rebaje unos impuestos que, además, si son adecuadamente progresivos, hacen de necesario mecanismo de redistribución. Tiempos extraños, preocupantes y convulsos en los que el liderazgo y el dominio de los tiempos resulta crucial, separa la buena de la mala política. Se necesitan respuestas inmediatas, tangibles, pero sobre todo actitudes comprensivas y solidarias más que tardías, alejadas y displicentes.

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