En la política española contrasta la extrema polaridad que han impuesto las derechas de Partido Popular y Vox. Compiten en radicalidad y hacen de cada comparecencia y sesión parlamentaria una escenificación de combate terminal, siendo portadoras de un relato casi dantesco de la situación política. En realidad, se mantiene de manera bastante tranquila una mayoría parlamentaria de signo progresista que, aunque a trompicones por las sucesivas oleadas pandémicas, va tirando adelante la legislatura y logra aprobar algunas leyes que, a priori, parecía difícil que pudiera hacerlo. El gobierno español ha cerrado con dos victorias políticas bastante importantes en 2021. Por un lado, ha conseguido una mayoría holgada por la aprobación de los presupuestos generales de 2022. Unos presupuestos cargados de partidas sociales y engrasados ​​por la llegada de los fondos europeos postpandemia. Lógicamente, ha tenido que hacer concesiones concretas a la multitud de pequeños grupos que lo apoyan, pero el relato que quedará no será ni de grandes concesiones ni de grandes dificultades. Lo que quería el PP, que quedara la imagen de un gobierno filocomunista prisionero de nacionalismos e independentismos periféricos, no lo ha conseguido. Todo ha sido bastante plácido e, incluso, en el caso de ERC la exigencia parece ser más simbólica que otra cosa. Pactar una cuota de producción en catalán y otras lenguas cooficiales, a pesar de ser relevante para promover estos idiomas a nivel de uso social, no deja de ser alegórico puesto que no es posible la condición de obligatoriedad, sino de proporcionar estímulos a través de incentivos fiscales. Avanzar la jubilación de los Mossos a los sesenta años, equiparándolos con la Guardia Civil o la Policía Nacional tiene mucho interés para los afectados, pero poca relevancia en términos de país.

Aunque con menos diputados, el PNV siempre es más efectivo y prosaico en sus exigencias. Consigue la gestión íntegra del Ingreso Mínimo Vital -poca broma por su volumen económico y su significado-, así como importantes inversiones en relación con la llegada a Bilbao y Vitoria del Tren de Alta Velocidad (TAV), lo que es hará de forma soterrada. Aunque también más simbólico, logran, además, la cesión completa de la gestión de las cárceles, un tema sensible en aquella región. A los negociadores catalanes, como decía Ortega hace ya muchos años, les suele perder la estética. Se pasa de pretender una declaración unilateral de independencia a pactar una cuota lingüística en Netflix. Quizás una metáfora del retorno repentino y brutal hacia la realpolitik. El PNV sólo tiene seis diputados, no ha amenazado con rupturas, pero tiene infinitamente mucho más peso político. Probablemente pone en valor su moderación y su confiabilidad de partido de modelo antiguo, más preocupado por la estabilidad y los resultados obtenidos, que por el relato y lo que se dirá en las redes sociales. Maneras bastante diferentes de entender y de hacer política.

El otro tema de gran reforzamiento por el gobierno español es el acuerdo alcanzado con los agentes sociales para la reforma laboral. Aunque no será la derogación de las regresivas leyes del PP de 2012 como se había prometido, resulta una victoria política incuestionable conseguir reformar de manera progresista la legislación laboral y disponer el acuerdo de las organizaciones patronales, lo que deja desnudas argumentalmente a las derechas y muy especialmente en el Partido Popular. Un acuerdo que para validarlo a nivel parlamentario todavía tendrá mucho tira y afloja, no pudiendo menospreciar que deba acabar haciendo con el apoyo de Ciudadanos. Lo que se ha firmado, ha forzado grandes tensiones en la patronal y entre éstas y el Partido Popular, que sería su referencia más natural. Cualquier cambio que quieran introducir en el texto nacionalistas e independentistas periféricos podría dar la coartada para que rompiese, algo que difícilmente se jugará el gobierno. Un pacto social para modificar la legislación laboral que, además, tiene problemas de mayor calado que la dialéctica y la pugna política actual. Genera mucho ruido y expectativas, pero traerá pocos cambios más allá de una relevante predominancia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Pese a la simplificación en los modelos de contrato, no terminará con la lacra de la temporalidad y de la precariedad que le es inherente. Ciertamente reequilibra un poco las relaciones entre capital y trabajo que estaban muy sesgadas, pero no afronta los retos que tiene el trabajo y su futuro en este período dominado por la digitalización y el capitalismo cognitivo y tecnológico. Justamente, es una reforma laboral que tiene mucho de “analógica”. Pese al incuestionable triunfo político que representa, éste es momentáneo. Quizás sería bueno que la izquierda gobernante fuera algo menos triunfalista al respecto. Más que nada, porque con la ley que pretende aprobar no resuelve ninguno de los grandes problemas de fondo en relación con el futuro del trabajo y los procesos de ensanchamiento de la desigualdad económica y social. Porque éste debería ser su objetivo. ¿O no?