Asistimos al que parecen los primeros intentos serios de las administraciones públicas para conseguir que las grandes corporaciones tecnológicas se sometan a reglas. Veremos como acaba. La batalla será larga y dura y no es muy seguro que se gane en favor de la sociedad. La Unión Europea parece haber entendido que el capitalismo de las grandes plataformas más que disruptivo resulta ser un sistema depredador en la captación de rentas y un terrible acelerador de las desigualdades económicas y sociales. Conseguir que paguen impuestos, que no constituyan oligopolios o monopolios, que respeten los derechos de propiedad y que no dinamiten cualquier noción de privacidad resultará una tarea larga e ingente. Más allá de la capacidad de lobby de las grandes compañías como Google o Apple, a menudo la defensa que han hecho los Estados Unidos de estas prerrogativas autoconcedides, dificulta mucho una regulación que resulta imprescindible e inaplazable. Ahora, incluso los Estados Unidos de Joe Biden empiezan a tener problemas con la vocación de estar por encima de todo de Amazon.

Y es que el mundo de internet se ha ubicado como un espacio más allá de la territorialidad, y se aspira a que todas las leyes y normas que rigen la vida «analógica» no operen en este teatro de los sueños que se pretende que sea ​​la Red. La economía de plataformas genera unas dimensiones corporativas que hace casi imposible su control político y social, pero lo que lo imposibilita del todo es una actividad sobre la que se ha creado un manto místico que no puede ni se quiere que sea sometido a las leyes humanas, como si estuviera más allá del bien y del mal. Un territorio exento del predominio del Estado de derecho y de las legislaciones convencionales. Un mundo donde pretenden que lo único a proteger sean los derechos de propiedad de los algoritmos de sus operadores. Si las sociedades se enfrentan a situaciones de paro masivo, precariedad extrema y niveles de desigualdad inaceptables, se debe a que los gobiernos democráticos han renunciado hasta ahora a legislar sobre el impacto de la economía digital y los grandes efectos colaterales, económicos y extraeconómicos, que genera. Los niveles de concentración de riqueza y de poder en unas pocas manos no es algo connatural a la tecnología, sino a una trascendente falta de regulación de cualquier tipo. El poder tecnológico no tiene leyes, y se basa en la apropiación de riqueza generada por los ciudadanos -los datos-, el carácter monopolístico de su acción, la falta de límites al asalto de la privacidad que practican, la falta de legislaciones laborales adecuadas ya la elusión y fraude fiscal generalizado que practican.

El globalismo absoluto y la dinámica de «ganador único» están devastando sectores productivos enteros. Allí donde penetra la economía de plataforma arruina multitud de empresas, acaba con gran parte del empleo y destruye ecosistemas socioeconómicos que costaron mucho crear. Aunque se sostiene que es un fenómeno de «destrucción creativa», en realidad funciona como una lluvia ácida que empobrece en muchos sentidos. La pretendida eficiencia absoluta de lo digital, en realidad resulta ineficiente para crear riqueza y bienestar compartido. Queda ahora lejos el mundo del capitalismo competitivo y con reglas de juego. Estamos en un capitalismo cognitivo sostenido sobre la intermediación en el que los mercados conceden recompensas descomunales a un pequeño número de «estrellas». Dieciocho de las treinta marcas principales según su capitalización bursátil son empresas orientadas a plataformas, mientras el desarrollo se basa en la captación y apropiación de datos. Un mundo hiperconectado que genera unas expectativas que no se podrán cumplir para la mayoría de los ciudadanos. Los riesgos sociales de la frustración resultan inmensos a medida que las poblaciones sientan que no tienen ninguna posibilidad de llegar a cierto nivel de prosperidad. Hoy, un trabajo de clase media ya no garantiza un estilo de vida de clase media, mientras las facultades de regulación de los Estados están siendo desafiadas en un grado sin precedentes.

Más allá de los aspectos de la economía de plataformas que deben ser establecidos por las leyes tributarias y laborales y que deben reflejar también en las leyes de defensa de la competencia, se requiere a algo parecido a una Ley General de Internet, que establezca derechos, garantías y prohibiciones que conviertan esta selva en un espacio civilizado y el servicio de la sociedad. Necesitamos leyes de protección de datos sólidos para este nuevo mundo feliz de los datos. El reto que la Unión Europea tiene sobre la mesa, también los Estados Unidos, resulta grandioso y muy trascendente.