Hay un impulso populista muy general, que es el de poner en cuestión el papel de los jueces y del propio Poder Judicial. En Polonia, Hungría, Brasil o Estados Unidos los intentos de romper desde el poder ejecutivo con la independencia de los jueces ha generado graves crisis políticas. Hay un intento continuado para someter a los jueces, obviando las mínimas reglas sobre la división de poderes sobre las que se sustentan los sistemas democráticos. Y es que en el mundo actual, las democracias pueden ser puestas en jaque mate ya no por generales, sino por líderes electos en las urnas. Los autócratas actuales mantienen una apariencia de democracia, pero la van desnudando de contenidos y, así, la erosión de sistema de libertades resulta casi imperceptible. En Cataluña, el independentismo no considera legítima la judicatura española y sus dirigentes no paran de describirla como el brazo represor del autoritarismo español. A menudo, se contrapone a la magistratura española, «franquista», los tribunales europeos a los que se recurre o se piensa recurrir a partir de la sentencia del juicio del 1-O. Pero como los tribunales internacionales, al menos hasta ahora, no suelen dar la razón a los contenciosos que el independentismo los plantea, se les va encasillando dentro de la categoría de una «élite no elegida», la cual resultaría legítimo que la voluntad popular desbordara.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, han escrito como las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas de obligado cumplimiento. Destacan la tolerancia mutua y el acuerdo entre partidos rivales de aceptarse y reconocerse como adversarios legítimos. Esto implicaría «contención institucional», es decir, no tomar decisiones que puedan representar una amenaza para la estabilidad de sistema. Explotar las prerrogativas institucionales más allá de lo razonable, conlleva entrar en una política «sin barreras» que lleva a ciclos de extremismo crecientes. Cuando la adscripción partidista significa más la afirmación de una identidad y no una simple vinculación ideológica y política, se están rompiendo las reglas no escritas sobre las que debe descansar el sistema democrático. Sacar la política fuera de los marcos de los partidos, como a menudo resulta la opción populista, significa también una manera de forzar las dinámicas hacia los extremos. Con todos sus defectos y limitaciones, los partidos políticos suelen funcionar como un bastión justamente contra los extremismos. Hace años, el sociólogo español Juan José Linz estableció cuatro indicadores clave para captar el comportamiento autoritario entre dirigentes democráticos, los cuales servían y continúan sirviendo para detectar desplazamientos preocupantes. Consideró, en primer lugar una actitud de «rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas», luego, «la negación de la legitimidad de los adversarios políticos», «la tolerancia o fomento de la violencia» y, finalmente «la predisposición restringir las libertades civiles a la oposición y los medios de comunicación».

Cuando hay conflicto, y muy especialmente cuando éste se envenena, la primera víctima resulta ser siempre la verdad. A los animadores de las controversias les suele resultar bastante simple de justificar el uso sistemático de la falsedad como arma de acondicionamiento de opiniones y emociones, en nombre del bien más grande que se dice defender, aduciendo que los contrincantes también utilizan el instrumental de falsificación y porque, caray, el fin justifica los medios. Lo que menos importa es explicar los hechos, hacer análisis que descansen en la veracidad de los argumentos, contrastar todas las evidencias, articular causas, poner encima de la mesa cuestiones que puedan parecer contradictorias… Desde hace un tiempo, los comunicadores en general y los que se dedican a la política en particular, se han instalado en la idea de que no son importantes las cosas en sí mismas, sino el relato que se puede construir con el fin de imponer una visión «hegemónica» sobre determinados procesos o situaciones. La veracidad, si el discurso que se construye se fiel o no a la realidad, se convierte en cuestión secundaria. El triunfo del concepto de la «posverdad» no tiene que ver sólo y especialmente con las elecciones americanas y con Donald Trump, sino con una práctica generalizada por parte de asesores de comunicación que creen que la percepción y respuesta de la ciudadanía se basa en las sensaciones que experimenta a partir del bombardeo de imputs muy sencillos, los que van directamente a la dimensión emocional, que es allí donde buena parte de la gente decide qué partido tomar, sin requerir de argumentos explicativos ni hacer esfuerzos racionalizadores. Por lo que se ve, la verdad estaba sobrevalorada.