Una fiscalidad progresiva y mecanismos de protección laboral que promovieran seguridades laborales y niveles salariales dignos, constituyeron durante tiempo los grandes instrumentos redistributivos de la riqueza que, sin llegar al igualitarismo, permitían disponer de una economía funcional y de unos niveles de bienestar general aceptables. Estos mecanismos y los consensos que los hicieron posibles, hace ya tiempo se han roto. Mientras los ingresos tributarios se aproximaron al 50% del PIB -en el modelo nórdico del Estado de bienestar lo superaron-, se pudieron construir sociedades relativamente inclusivas y menos desiguales gracias a una abundante red de servicios y de prestaciones públicas. Ciertamente, no era sólo la tributación la que frenaba la desigualdad en las tres décadas de apogeo del modelo social europeo, sino también un mercado laboral en el que la regulación pública y la capacidad de contrapeso de los sindicatos hacía posible que los aumentos de la productividad repercutieran, al menos en parte, en un aumento continuado del nivel de salarios y de la capacidad adquisitiva agregada. La globalización económica, y muy especialmente la dinámica deslocalizadora de la actividad productiva, no sólo convirtieron en extraterritorial al capital y las corporaciones encontrando múltiples vías de fraude y de elusión fiscal, sino que la dinámica de los salarios inició una curva de descenso tanto en el mundo pobre y emergente, como en los países occidentales. Los sindicatos puestos de rodillas ante las amenazas de fuga de las empresas y unos trabajadores víctimas del desempleo de larga duración, la precarización, el abandono «protector» del Estado y aún la presión a la baja sobre los salarios proveniente de un flujo de mano de obra dispuesta a todo procedente de los nuevos contingentes de inmigración.

La evolución de los salarios y los impuestos han dejado de jugar un papel equilibrador. Se han polarizado de manera extrema, con unos trabajadores cada vez con menos ingresos y sosteniendo también cada vez más en solitario las presiones recaudatorias de los Estados, mientras los sectores acomodadas han visto disminuir de manera notoria la presión tributaria gracias a las mil formas de evitarla y sus ingresos en forma de beneficios han ido aumentando de manera geométrica. Así, no nos puede sorprender que se haya llegado hasta este punto tan extremo e insoportable de desigualdad en la distribución de la riqueza tanto a escala planetaria como en cada una de nuestras sociedades. Restablecer equilibrios entre capital y trabajo se ha vuelto urgente e ineludible si queremos evitar una destrucción de la sociedad y de la economía y conflictos de gran calado como a los que nos conducen la pobreza y la desigualdad extrema. Es más vigente que nunca aquella consideración que la política es el único ámbito de autodefensa de los desfavorecidos, si no consideramos como posibilidad deseable la revuelta con uso de la violencia. Recuperar la función del Estado como ámbito de reequilibrio y de la función de asegurar el bienestar común, conlleva sin lugar a dudas la reanudación de una actitud proactiva de éste en relación a la economía.

Evidentemente la acción del Estado en relación al trabajo será clave en el futuro. Sobre el derecho a tenerlo y sobre la necesidad de replantear su mismo concepto y su redistribución, así como el crear las condiciones para que las rentas salariales, o de otra naturaleza, lleguen a la ciudadanía y le permitan mantener un nivel satisfactorio de bienestar y canalizar un proyecto vital. También tiene una responsabilidad ineludible del Estado en relación a mudar hacia modelos de producción y de consumo que sean mucho más racionales y sostenibles. Todas las mercancías que puedan llegar a nuestras manos deberían darnos garantías de haber sido producidas en condiciones salariales, sociales y medioambientales adecuadas. El dumping social y medioambiental no puede ser aceptado desde ningún punto de vista. Pero una de las claves para revertir la economía en favor del 1% hacia una nueva economía al servicio del conjunto de la sociedad, es sin duda establecer un nuevo modelo tributario. No sólo por su carácter recaudatorio, sino y muy especialmente porque es el ámbito donde se establece y se condicionan las prioridades, las limitaciones, los estímulos y los reequilibrios.